Chihuahua— Mil 742 días han transcurrido desde la última vez que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) actuó en contra de alguna de las personas que, de acuerdo con sus propias investigaciones, habrían participado en el asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, ocurrido un día como hoy, pero de 2017, en la ciudad de Chihuahua.

A nueve años del crimen, sólo dos de los implicados han sido sometidos a juicio y sentenciados, mientras que otros cuatro individuos que tuvieron algún grado de intervención, según las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) –que inició la carpeta de investigación–, y la Feadle –que atrajo el caso posteriormente–, siguen en libertad; otro de los responsables incluso ya fue asesinado.

Desde el inicio, el expediente integrado por la autoridad local fue duramente criticado por no incluir como responsables a políticos del PAN, ni indagar en otras muertes que pudieran haber estado ligadas con el caso. También por no colocar a cabezas del crimen organizado como autores intelectuales ni abordar directamente la narcopolítica como línea de investigación, argumentando que no era su competencia.

Asimismo, fue cuestionada la forma en que el entonces gobernador, Javier Corral Jurado, negó haber conocido de amenazas previas contra Miroslava pese a que fueron reveladas conversaciones de WhatsApp en los que la periodista confirmaba que estaba siendo hostigada por criminales y funcionarios panistas a raíz de una nota que publicó respecto a la imposición de candidatos ligados al narcotráfico en la región serrana, particularmente en Chínipas, y que el mandatario estaba al tanto de la situación.

Su actitud hacia la familia de la periodista, a la que impidió el acceso a la carpeta de investigación, y las contradicciones que fueron apareciendo, hicieron que organizaciones como Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica, urgieran a que la Feadle atrajera el caso.

Pese a que dicha atracción quedó concretada, los avances en la justicia para Miroslava no han llegado.

A la fecha, uno de los dos condenados es Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, autor material del homicidio que fue capturado en 2017 y llevado a proceso inicialmente por la FGE hasta que la Feadle atrajo el caso en abril de 2018, logrando obtener un fallo condenatorio de más de 50 años de prisión en juicio oral.

El segundo es el exalcalde de Chínipas, Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, a quien la Fiscalía federal llevó ante los tribunales donde fue sometido a un procedimiento abreviado en el que aceptó su responsabilidad como auxiliar en el asesinato de la corresponsal de La Jornada, al haber facilitado información a sus verdugos: la familia Salazar, encabezada por Crispín Salazar Zamorano, alias “El Tío Pin”, identificado como autor intelectual y principal operador de ese grupo criminal que sirve al Cártel de Sinaloa en la franja de Sonora y Chihuahua.

Schultz Alcaraz recibió una pena de ocho años de cárcel por su participación en la trama que culminó con la muerte de Miroslava. Su sentencia significó la última actuación directa de la Feadle en contra de alguno de los artífices del homicidio. Desde entonces han pasado cuatro años, nueve meses y ocho días.

Si bien el 7 de mayo de 2025, los agentes del Ministerio Público volvieron a una audiencia para abordar asuntos relacionados con el caso, no fue para intentar ejercer acción penal contra otro involucrado, sino para pedir al juez que negara la libertad condicionada que solicitó la defensa del exalcalde de Chínipas.

Y así fue, el juzgador encargado del asunto desechó la petición de Hugo Schultz que, a la fecha, permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) 1, de Aquiles Serdán, pese a que también declaró haber sido torturado para orillarlo a declararse culpable.

La inacción de la Feadle no sólo es tangible por el tiempo transcurrido sin haber avanzado en la captura y enjuiciamiento de más responsables, sino en las nulas diligencias que tuvo desde el primer día en que llegó a sus manos el expediente del homicidio de Miroslava.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó el 11 de abril de 2018 que la Feadle ejercería su facultad de atracción para hacerse cargo de las indagatorias de este caso, lo cual quedó concretado, mediante una resolución judicial, el 27 de abril del mismo año.

Dos mil 887 días después, en los patios del Complejo Estatal de Seguridad (C4), permanece aún –intacto– el vehículo Malibu gris, modelo 2009, con placas ELH8406, utilizado por los asesinos el día de los hechos.

El Diario de Chihuahua obtuvo la imagen del automóvil que la autoridad federal dejó abandonado sin realizar más periciales ni análisis que robustecieran o modificaran la teoría del caso establecida por el Gobierno estatal.

Los datos de prueba presentados durante el juicio de “El Larry” y el procedimiento abreviado contra Schultz fueron prácticamente los mismos que ya había expuesto el Ministerio Público local, lo que revela que la Feadle poco o nada realizó para resolver el delito, pese a que su participación, urgida por familiares y organizaciones civiles, tenía como objetivo evitar que las figuras políticas implicadas en los hechos salieran impunes.

Aunque Schultz fue capturado, nada han hecho las autoridades contra José Luévano Rodríguez, quien fue subsecretario general del PAN estatal y funcionario en la administración corralista, ni Alfredo Piñera, vocero del partido.

Ambos, junto con el hoy preso exalcalde orquestaron la manera de grabar a la periodista cuando confesó que fue ella la que indagó y publicó la nota en La Jornada sobre las “narcocandidaturas” en la Sierra, la cual fue la que provocó la molestia del grupo de Los Salazar y fue el móvil de su asesinato, según lo estableció la FGE y sostuvo la Feadle.

Tampoco ha logrado capturar a Jaciel Vega Villa, otro de los autores materiales y mucho menos al “Tío Pin”, intocable líder de la familia criminal. Por su parte, Javier Corral llegó al Senado de la República bajo las siglas de Morena.

EL DÍA DE LA EJECUCIÓN Y LA TEORÍA DEL CASO DE LA FISCALÍA

El 23 de marzo de 2017, antes de las 7:00 de la mañana, Miroslava Breach salía de su casa, ubicada en la calle José María Mata 6909, del fraccionamiento Lomas Vallarta, en una camioneta Renault Duster con número de matrícula ELJ7132.

Mientras la periodista esperaba a que su hijo saliera del domicilio para llevarlo a la escuela, un sujeto se aproximó caminando hasta su vehículo y le disparó en ocho ocasiones arrebatándole la vida.

Antes de huir del lugar, el pistolero dejó caer una cartulina que luego fue recogida por los agentes que llegaron a la escena y que formaría parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Además de agentes policiacos y ministeriales, a la vivienda de Miroslava llegó el gobernador Javier Corral; su presencia fue cuestionada como una posible invasión de la escena del crimen al no ser él un elemento autorizado para estar en el sitio.

Las investigaciones iniciadas por la FGE arrojaron como imputados sólo a tres personas: Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, a Wilbert Jaciel Vega Villa y a Ramón Andrés Zavala Corral.

A “El Larry” se le atribuyó la autoría intelectual del homicidio; Jaciel Vega Villa fue señalado como la persona que resguardó y trasladó a los asesinos y Ramón como quien disparó en ocho ocasiones en contra de la periodista.

La teoría central de la FGE, revelada durante las audiencias en contra de “El Larry”, fue que entre los tres establecieron toda una estrategia para vigilar los movimientos de Miroslava.

Para ello utilizaron el vehículo Malibu color gris, propiedad de Jesús Ulises Vega Villa –hermano de Jaciel– que todavía sigue “yonkeado” en el C4, para hacer “rondines” por las calles aledañas a la casa de la periodista, desde dos días antes de perpetrar el homicidio.

Ese día, los responsables realizaron trayectos previos al crimen que fueron captados desde antes de las 06:49 horas por cámaras de seguridad de siete establecimientos comerciales de la avenida Tecnológico y de algunas calles de la colonia Lomas Vallarta, donde ocurrió el asesinato.

Además, supuestamente planearon inculpar a Arturo Quintana Quintana, alias “El 80”, líder de ‘La Línea’ en la región de Namiquipa, cuyas actividades llegaron a ser documentadas por Miroslava en sus notas periodísticas.

Para ello, Ramón Zavala dejó abandonada la cartulina con un mensaje que decía: “Esto les pasará a toda la gente lengua suelta y llegadas al gobernador y voy por ti gober. Atte: El 80 WA WA”.

La Fiscalía también estableció que la orden habría sido dada por “Tío Pin”, líder del grupo criminal Los Salazar desde la captura de su hermano Adán Salazar Zamorano, “Don Adán”, en 2011.

“Don Adán”, originario de Chínipas, fue de los lugartenientes de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la Sierra de Chihuahua, con influencia hasta Sinaloa y Sonora. Con más de 80 años de edad, fue sentenciado el 3 de septiembre de 2025 a 15 años de prisión, además de una multa de 50 mil dólares y cinco años de supervisión tras su liberación, en una Corte federal de El Paso, Texas.

En su exposición, el Ministerio Público señaló que la muerte de Miroslava fue una “ofrenda” o “regalo de cumpleaños” de “Tío Pin” para su sobrino e hijo de “Don Adán”, Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias “El Muñeco”, quien nació, precisamente, un 23 de marzo.

“El Muñeco” también fue detenido y extraditado a Estados Unidos donde, al igual que su padre, recibió una sentencia de más de 17 años de prisión (210 meses) el 18 de agosto del año pasado, una multa de 100 mil dólares y cinco años de supervisión posterior a su liberación.

La causa, como se ha mencionado, fueron los reportajes de la corresponsal del periódico La Jornada que obligaron al PRI a retirar a la persona que dicho grupo había impulsado como candidato a alcalde en Chínipas, Miguel Salazar Ochoa, otro sobrino de Crispín Salazar, aunque la reportera también reveló casos similares en otros municipios donde quienes operaban eran del Cártel de Juárez.

“Tío Pin” eligió para la tarea de asesinar a Miroslava a Moreno Ochoa desde unas semanas antes; a su vez, “El Larry” había formado un equipo con los hombres que tenía a su cargo: el sobrino-ahijado de su jefe Crispín, Jaciel Vega Villa y Zavala Corral, reclutado en Álamos.

En esta construcción de los hechos, la misma FGE estableció que Hugo Schultz, José Luévano Rodríguez y Alfredo Piñera buscaron la manera de que Miroslava diera a conocer quiénes habían sido las fuentes que le proporcionaron la información para redactar dichas notas, presionados por Los Salazar.

Así lo confirmó la testigo Mila, quien indicó que Miroslava le hizo saber que Hugo Schultz le advirtió que no fuera a la Sierra tras la publicación de su investigación, mientras que la ‘testigo Uno’ manifestó que los familiares de Miroslava en Chínipas también le pedían que por favor no volviera a la región serrana y mucho menos a ese municipio porque “el señor de Chínipas”, Crispín Salazar, estaba muy enojado.

La misma testigo señaló que una semana antes de su muerte, Miroslava le platicó que había recibido una nota en su buzón de correo donde se le hacían amenazas. “Pienso ahora sí que la cosa va en serio. Estos cabrones de los Salazar ya me dejaron una nota en mi buzón”, le reveló la periodista.

También identificó a los panistas como los mensajeros que hacían llegar las amenazas de los Salazar a Breach, detallando que Luévano hasta le advertía que se estaba poniendo en riesgo ella misma así como su familia. “Te imaginas que le pase algo a tus hijos, a ti”, le decía el funcionario a la periodista cuando la abordaba en ruedas de prensa.

Robusteció esta narrativa el testimonio de Silver, a quien la propia Miroslava le llegó a comentar que ‘El 80’ “era un sanguinario” pero que respetaba porque nunca la había amenazado pese a las notas en las que denunciaba su influencia en la designación de directores de Seguridad Pública en la región occidente de la entidad. Por el contrario, continuó la testigo, eran Los Salazar, quienes comenzaron a amenazarla luego de sus notas.

Esta línea fue retomada por la Feadle para detener a Hugo Schultz y obtener una condena en su contra.

INCONSISTENCIAS, MÁS HOMICIDIOS Y DISTRACTORES

Los reportes contenidos en el expediente de la Feadle, entregados por la Fiscalía estatal, contienen deficiencias en varios aspectos técnicos, además de que las indagatorias fueron estancadas en varios momentos por distractores.

Los errores técnicos detectados van desde diferencias en la hora del asesinato de Miroslava Breach –desde las 6:40 horas hasta las 7:10 horas– hasta la ya señalada invasión de la escena del crimen por Javier Corral.

El gobernador y su fiscal, César Peniche Espejel, también intervinieron en el cateo a una casa de seguridad utilizada para el resguardo de los criminales que dieron muerte a Miroslava, en la colonia Villas del Rey.

En ese lugar fueron halladas grabaciones de llamadas con Miroslava en una computadora y el vehículo utilizado en el asesinato; en la casa habrían estado los tres ejecutores directos de la periodista.

Tras el cateo, comenzaron a surgir las primeras versiones extraoficiales que involucraban a Piñera, Luévano y Hugo Schultz.

Otro hecho que enrareció las investigaciones fue la muerte de dos jóvenes en una pista de aterrizaje en Chínipas. El sábado 25 de marzo de 2017, dos días después del asesinato de Miroslava, los habitantes del pueblo asistieron a una carrera de caballos –en honor de Alfredo– en dicha pista; entre ellos estaba Nitzia Mendoza, de 18 años, y su amiga Yoselín Morquecho, de 17, quienes observaban la carrera, trepadas en la caja de una camioneta pick-up estacionada junto a la pista.

Pasaban las dos de la tarde, cuando las chicas se tomaron una selfie, y según lo difundió la prensa, en ese instante una avioneta las golpeó en la cabeza y ahí mismo murieron.

Tras el percance, un grupo de personas armadas impidió que la gente saliera del pueblo hasta cerciorarse de que borraran toda foto o video de sus celulares. Esto lo publicó días después El Diario de Chihuahua.

A esto fue vinculado el asesinato de Jorge David Coughanour Buckenhofer afuera de un restaurante en la ciudad de Chihuahua 16 días después; la víctima era un piloto aviador dueño de la compañía de aerotaxis AeroCoconor, conocido por usar sus vehículos como ambulancias y por trasladar a fotógrafos de National Geographic, empresarios mineros o empleados federales.

Además, el 18 de abril de 2017 la misma arma calibre .38 que mató a Miroslava de ocho balazos fue asegurada en otra escena del crimen: el homicidio de un criador de gallos, Gabriel Ochoa Cárdenas, en la colonia Junta de los Ríos. Supuestamente, trató de inculparse al fallecido como responsable del asesinato.

Otro homicidio vinculado al caso y que levantó sospechas fue el de Ramón Andrés Zavala Corral, de 25 años, quien presuntamente accionó el arma contra la periodista.

Su cuerpo fue encontrado el 19 de diciembre de 2017, en una brecha de terracería a unos cuantos kilómetros del pueblo El Zapote, que colinda con el ejido El Sombrerito del municipio de Álamos, Sonora, en los límites con Chihuahua.

SENTENCIA ‘CORTA’ VS EL LARRY Y SCHULTZ AHORA ALEGA TORTURA

La FGE logró la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, el 25 de diciembre de 2017. Además, estuvo a cargo de llevar el procedimiento penal hasta la etapa de vinculación a proceso, la cual fue dictada el 27 de diciembre por el juez de Control, Napoleón Raya Valdés.

Posteriormente, la investigación pasó a manos de la Feadle, que llevó a “El Larry” a juicio ante los tribunales federales bajo la causa penal 259/2018. El juez, Néstor Pedraza Sotelo, dictó fallo condenatorio en su contra el 18 de marzo de 2020, después de 31 días de juicio oral en el que se desahogaron 50 testigos ofrecidos por la FGR y la asesoría de Propuesta Cívica y seis testigos presentados por la defensa.

El 21 de agosto del mismo año, en audiencia de individualización de la pena, le fue impuesta una condena de 50 años de prisión, aunque la organización Propuesta Cívica solicitaba una pena máxima de 70 años por todas las agravantes del crimen.

Un año después, el 8 de septiembre, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito federal ordenó aumentar su sentencia pero sólo a 51 años y tres meses de prisión.

Actualmente, Juan Carlos Moreno está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 12, ubicado en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), a cargo del sistema penitenciario, fue trasladado a dicho penal desde marzo de 2025, aunque en dicha fecha no hubo algún comunicado oficial por parte de la dependencia para dar a conocer del cambio.

Por su parte, la Feadle informó el 17 de diciembre de 2020 que había detenido a Hugo Schultz por su participación en la muerte de Breach Velducea. El 15 de junio 2021, en audiencia de procedimiento abreviado el exalcalde panista aceptó su participación en los hechos y renunció a su derecho de presentar algún recurso de apelación en contra de la sentencia dictada.

Por su parte, la Fiscalía lo acusó por el delito de homicidio en contra de Miroslava en calidad de auxiliador, y solicitó a la juez una condena de ocho años de prisión y la reparación integral del daño, consistente en la compensación económica y una disculpa pública de viva voz del ahora sentenciado.

En dicha disculpa, Schultz expresó:

“(...) lamento mucho que cualquier acción de mi parte haya contribuido a su lamentable homicidio. Quiero transmitir este mensaje a la familia de Miroslava en el que reconozco que mi aportación afectó los derechos de Miroslava y lamento las consecuencias que generaron. La ausencia de Miroslava Breach como voz crítica del periodismo sin duda alguna afectó el derecho de la sociedad a la información pública”.

No obstante, desde hace varios años la periodista Guadalupe Lizárraga, del medio digital Los Ángeles Press, ha entrevistado al exalcalde y documentado el proceso en su contra, evidenciando presuntas irregularidades.

En 2024, Lizárraga presentó en Chihuahua su libro “Reporte Miroslava” en el que expone inconsistencias de la investigación, entre ellas, que Schultz dijo haber sido forzado a escribir una declaración autoinculpándose, en una reunión con el entonces gobernador Javier Corral y su fiscal, César Peniche, así como algunos agentes del Ministerio Público.

El exalcalde narró a la periodista que el exmandatario y su fiscal le ofrecieron ayudarle a salir bien librado del caso, pero debía escribir un testimonio con afirmaciones que no le constaban, supuestamente para que no fuera implicado en el caso.

Tras haber sido sentenciado en procedimiento abreviado, Schultz alegó tortura y se sometió al Protocolo de Estambul en diciembre de 2023, pero sus conclusiones fueron negativas, de acuerdo a lo expuesto en ese momento por Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica.

Al haber purgado la mitad de la pena en prisión, Schultz pidió su liberación anticipada, a través de su defensor, Manuel Norberto Cortés Vázquez, con el argumento de que cumple los requisitos previstos en la Ley de Ejecución de Penas para este beneficio, además de que había nueva evidencia sobre la supuesta tortura.

No obstante, la solicitud fue negada el año pasado y actualmente debe compurgar dos años más en prisión.

LA INFRANQUEABLE IMPUNIDAD QUE CUBRE EL CASO

Nueve años después de este crimen, las figuras políticas y criminales entrelazadas en el crimen siguen cobijadas por la impunidad.

Antes de su detención, Schultz, que ya había sido alcalde de Chínipas en el período 2013-2016, se postuló en 2019 como precandidato a la presidencia del Comité Directivo Municipal de Chínipas, lo cual fue confirmado por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en su momento; también obtuvo un cargo dentro la gestión corralista, en la Secretaría de Educación y Deporte.

José Luévano y Alfredo Piñera siguen gozando, no sólo de una libertad sin consecuencias, sino de haber ocupado cargos públicos aun después de revelada su participación en los hechos, dentro de la carpeta de investigación que llevó a la cárcel a Hugo Schultz y a “El Larry”.

José Luévano trabajó como secretario particular del gobernador Javier Corral y luego como su director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa (Ichife) y Piñera fue parte del equipo de comunicación del entonces coordinador panista del Congreso del Estado, Fernando Álvarez Monje.

Actualmente ambos siguen apareciendo en el registro nacional de militantes del Partido Acción Nacional. Hasta el ya sentenciado Hugo Schultz forma parte de la lista de los panistas del estado de Chihuahua.

Por su parte, Javier Corral Jurado disfruta del fuero constitucional que lo protege de cualquier tipo de persecución penal al haber sido “premiado” con una curul plurinominal en el Senado, ahora por Morena, pues renunció al PAN.

En cuanto al gestor del asesinato, Crispín Salazar, no hay registro de alguna acción en su contra por parte de alguna autoridad de ningún nivel, pese a que el testigo “Manuel”, depuesto durante el juicio de “El Larry”, confirmó el liderazgo moral del “Tío Pin” sobre “Los Salazar”, y que, alrededor de 2016, logró incrementar su presencia en el sur de Sonora, específicamente en las localidades de Álamos, Empalme y Obregón “donde agarraron nuevos bríos”. Gracias a este crecimiento, dijo, la agrupación logró imponer candidatos y directores de Seguridad Pública en los municipios donde tienen presencia.

“Hasta la fecha, la célula delictiva mantiene un fuerte control político, económico y social en la franja entre los estados de Chihuahua y Sonora, donde han asesinado periodistas, activistas y abogados”, señaló el testigo.

Su sobrino Alfredo, antes de ser extraditado a Estados Unidos el 3 de diciembre de 2023, generó polémica por haber “regalado” la construcción de una escalera monumental en Chínipas ese mismo año.

El Diario documentó en abril de 2023 que la Presidencia municipal de Chínipas aceptó la construcción de una larga escalera de cemento en el cerro El Recodo, la cual fue patrocinada, presuntamente, por Jesús Alfredo Salazar Ramírez.

La escalera de cemento, de 273.6 metros y mil 348 escalones, fue inaugurada el 20 de marzo durante las Fiestas de Primavera 2023 en Chínipas y unos días antes del cumpleaños de “El Muñeco”.

Al pie de las escaleras se colocó un pilar y una placa con la leyenda “Por el amor y cariño que le tengo al pueblo y su gente. Alfredo Salazar Ramírez. Municipio de Chínipas de Aldama (sic), Marzo del 2023”. Ninguna autoridad explicó los detalles sobre su construcción ni por qué tiene el nombre del capo que en ese momento seguía recluido en el penal del Altiplano, tras su detención en 2012.

Finalmente, Wilbert Jaciel Vega Villa sigue sin ser localizado; aunque tiene la calidad de prófugo, no hay datos oficiales sobre si sigue con vida.