Desde la década de 1960, cuando los agentes del orden matan o maltratan a civiles estadounidenses, se desarrolla una pauta familiar. Se acusa a la policía estatal o local de uso excesivo de la fuerza; los residentes locales protestan y exigen responsabilidades; el gobierno federal interviene para proporcionar una medida de justicia y restablecer la calma. Como ejemplos están el asesinato de George Floyd en 2020; la paliza a Rodney King en 1991; la desaparición de James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner en Misisipi en 1964.
Este mes, las muertes de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales de migración cambiaron esta dinámica. Y la lucha sobre quién investigará estos asesinatos —y si se le exigirán responsabilidades a alguien— forma parte de un enfrentamiento cada vez mayor entre los gobiernos federal y estatal. Desde la fundación de Estados Unidos, el equilibrio de poder entre Washington y los estados ha sido uno de los dramas políticos centrales del país. Ahora, como ya ha ocurrido en ciertos momentos oscuros de la historia estadounidense, ese delicado sistema se está resquebrajando.
Minnesota intenta hacer valer sus prerrogativas llevando al gobierno de Donald Trump ante los tribunales. Una de las demandas pretende acceder a las evidencias relacionadas con el asesinato de Pretti, que el gobierno ha prohibido que sean revisadas por los investigadores estatales y el fiscal del condado, mientras que solo ha abierto investigaciones muy limitadas sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes en las muertes de Pretti y Good.
Los funcionarios de Minnesota tienen motivos para temer que si el estado no puede realizar una investigación completa e independiente, nadie lo hará. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), hizo que el resultado de cualquier investigación pareciera una conclusión inevitable al acusar a Good y Pretti de atacar a los agentes que los mataron, a pesar de todas las evidencias en video que muestran lo contrario. Entonces, el gobierno de Trump tomó la inusual decisión de poner a la agencia de Noem a cargo de la investigación y pidió al público que confiara en que el DHS se supervisaría a sí mismo.
El viernes, el fiscal general adjunto Todd Blanche pareció dar marcha atrás al afirmar que, después de todo, el FBI llevaría a cabo una “investigación estándar”. “No quiero exagerar lo que está ocurriendo”, matizó Blanche. “Yo la describiría como una investigación estándar del FBI. Esa investigación, en la medida en que necesite implicar a abogados de la división de derechos civiles, lo hará”. La jefa de la división, Harmeet Dhillon, es una aliada cercana de Trump
Blanche no se refirió a la decisión de excluir a los funcionarios estatales y locales. Excluirlos es “contrario a los principios básicos del federalismo consagrados en la Constitución de Estados Unidos”, afirma la demanda interpuesta por funcionarios de Minnesota, que se basa en la Décima Enmienda. Minnesota “tiene un interés soberano básico en investigar y aplicar sus propias leyes penales”. Otra demanda, que también cita la Décima Enmienda, impugna la oleada federal contra la migración por considerarla una violación de la soberanía estatal.
La Décima Enmienda, que reserva a los estados o al pueblo los poderes que la Constitución no delega en el gobierno federal, es el legado de James Madison. Él fue el redactor de Virginia que más se preocuparía después de la fundación por proteger a los estados de la extralimitación federal. Madison veía a Estados Unidos como una “república compuesta”, que atribuía al gobierno nacional “pocos y definidos” poderes, principalmente sobre la guerra y las relaciones exteriores, según escribió en los Documentos Federalistas en 1788, y reservaba a los estados una autoridad “numerosa e indefinida” sobre “las vidas, las libertades y las propiedades del pueblo”.
Cuando el presidente John Adams amplió el poder federal una década después de la fundación, al respaldar las Leyes de Extranjería y Sedición ―que convertían en delito federal criticar al presidente o al Congreso―, Madison instó a los estados a cumplir el derecho y el deber de proteger a sus ciudadanos contra un “ejercicio peligroso” del poder federal inconstitucional.
Pero entonces los derechos de los estados se convirtieron en una herramienta del Sur antes de la Guerra Civil. En la década de 1830, John C. Calhoun de Carolina del Sur, ex vicepresidente, dijo que los estados podían “vetar” los aranceles federales. Jefferson Davis, presidente de la Confederación, dijo en el periodo previo a la guerra que la Décima Enmienda permitía la secesión porque los estados no otorgaban al gobierno federal el poder de suprimirla.
Cuando terminó la guerra, la autoridad federal fue necesaria para recomponer el país y, durante un breve periodo, poner en marcha la Reconstrucción. Y en respuesta a una oleada de terror contra la población negra que los estados del Sur instigaron, el Congreso tipificó como delito federal en 1866 que cualquiera que actuara “bajo el amparo de la ley privara voluntariamente a otro de los derechos protegidos por la Constitución”. Cuando el Congreso y los estados ratificaron la Decimocuarta Enmienda en 1868, el gobierno federal se convirtió en el guardián más amplio de los derechos civiles.
El gobierno federal rara vez hizo cumplir la ley de 1866 durante la época de Jim Crow y nunca lo ha hecho a la perfección. Pero la lección de Mineápolis en las últimas semanas es que intentar resucitar la construcción de Madison del poder estatal, como baluarte contra el abuso federal, es arriesgado. No solo porque los argumentos sobre los derechos de los estados sigan asociados a causas desacreditadas como la lucha contra la segregación. También se debe a que en las décadas en que el gobierno federal protegía los derechos civiles, este acumuló un enorme poder.
La Décima Enmienda no ha muerto. Pero la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que da primacía a la ley federal, ha ganado más influencia. Desde el Nuevo Trato, bajo el cual se expandieron las agencias federales, la Corte Suprema ha dictaminado que las leyes federales prevalecen sobre las leyes estatales si entran en conflicto.
Por desafortunado que le parezca a Madison, hoy en día no existe un camino fácil para que un estado reivindique los derechos de sus residentes cuando se acusa al gobierno federal de pisotearlos. “Minnesota contra el gobierno federal es una historia de David contra Goliat”, dijo Jefferson Cowie, historiador de la Universidad de Vanderbilt y autor de Freedom’s Dominion. “Quizá se consiga una victoria puntual aquí o allá. Pero no es una estrategia a largo plazo”.
Compensar las lagunas de la justicia
Tras la Reconstrucción, durante muchas décadas el gobierno federal hizo poco respecto a la violencia perpetrada por el estado. Los sheriffs del Sur, por ejemplo, gozaban de relativa impunidad para instigar linchamientos y palizas a las personas negras estadounidenses. Entonces, en 1957, el Departamento de Justicia creó una división de derechos civiles. Uno de sus primeros dirigentes, John Doar, vivió durante semanas en un dormitorio con James Meredith durante su lucha por matricularse en 1962 como primer estudiante negro de la Universidad de Misisipi.
Dos años más tarde, Chaney, Goodman y Schwerner estaban en Misisipi para registrar a votantes negros cuando desaparecieron después de que un ayudante del sheriff del condado, Cecil Price, los detuviera por exceso de velocidad. Más tarde avisó al Ku Klux Klan de su paradero (o se los entregó).
Cuando el estado no investigó, el FBI inundó la zona de agentes. Con la ayuda de un informante, se encontraron los cadáveres de los hombres en una presa de tierra. El estado se negó a acusar a nadie en relación con los asesinatos. Doar llevó a cabo una investigación sobre derechos civiles basada en la ley de 1866, y siete hombres fueron condenados, entre ellos Price, quien cumplió cuatro años y medio de prisión. “Así fue como algunos movimientos por la justicia empezaron a obtener recursos del gobierno federal”, afirma Joshua Clark Davis, historiador de la Universidad de Baltimore y autor del nuevo libro Police Against the Movement. “Fue una farsa que los acusados nunca fueran acusados de asesinato. Pero condenarlos por violación de los derechos civiles fue mucho mejor que nada”.
Desde entonces, el FBI y la división de derechos civiles del Departamento de Justicia han compensado eficazmente los fallos estatales en respuesta a una serie de tiroteos entre fuerzas de seguridad que amenazaban con incendiar comunidades, o el país. Los presidentes demócratas solían ser más propensos que los republicanos a investigar a todo un departamento de policía por una “pauta o práctica” de discriminación, como también permite la ley federal. Pero los gobiernos republicanos también han sido agresivos a la hora de perseguir a agentes de policía individuales en casos de violencia de Estado. Varios agentes que cometieron delitos —los que golpearon a Rodney King en 1991, los que dispararon a seis civiles desarmados en un puente de Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2005 y los que asesinaron a George Floyd en 2020― recibieron penas de prisión basadas en investigaciones sobre derechos civiles abiertas por los respectivos Departamentos de Justicia de George H. W. Bush, George W. Bush y Donald Trump en su primer mandato.
Al mismo tiempo, es notable que muchas investigaciones federales sobre tiroteos cometidos por las fuerzas del orden concluyan sin que se presente una acción penal. El nivel de exigencia para presentar cargos es alto: los agentes están autorizados a utilizar la fuerza letal cuando perciben razonablemente una amenaza grave. La ley se inclina a su favor, dadas las decisiones que toman en fracciones de segundo en el cumplimiento de su deber. “Estos casos son difíciles de enjuiciar”, afirma Vanita Gupta, funcionaria del Departamento de Justicia en los gobiernos de Obama y Biden. “Tuve que cerrar investigaciones muchas veces. Pero el público podía confiar en que la División de Derechos Civiles había realizado una investigación independiente, completa y justa”.
Blanche limitó las expectativas incluso cuando revocó la anterior negativa del Departamento de Justicia a abrir una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Pretti, y a cerrar la que los fiscales de Mineápolis habían abierto sobre el asesinato de Good. “No quiero que la conclusión sea que hay una investigación masiva sobre derechos civiles”, dijo.
Una diferencia entre muchos tiroteos anteriores que ha investigado el Departamento de Justicia y las muertes de Good y Pretti es que fueron agentes federales, y no fuerzas de seguridad estatales o locales, quienes cometieron el incidente. En cierto sentido, el asedio federal de 1993 al complejo de la Rama Davidiana en Waco, Texas, es un antecedente, y aunque se culpó en gran medida a los davidianos de iniciar los incendios y el tiroteo que acabó con muertes masivas, la fiscala general Janet Reno nombró a un abogado especial para investigar.
Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, que suele investigar el uso de la fuerza letal por parte de un agente, ha prometido que el estado continuará su investigación. Mary Moriarty, fiscala local, pidió a la gente que enviara pruebas en video a través de un portal en línea. El martes, tras un aluvión de críticas bipartidistas, Trump prometió una investigación “muy honorable y honesta”. Pero el presidente siguió culpando a Pretti de portar legalmente un arma en una protesta, aunque un agente federal ya la había tomado antes de que otro abriera fuego.
Los próximos enfrentamientos con los estados
Las investigaciones sobre las muertes de Good y Pretti son el enfrentamiento más urgente entre Minnesota y Washington, pero se están gestando otros.
Desde el punto de vista del gobierno de Trump, los funcionarios estatales y locales son los que no respetan la ley, al impedir que el gobierno federal haga cumplir las leyes de migración del país.
La tensión tiene su origen en el movimiento de las ciudades santuario. En diciembre, Mineápolis reforzó las ordenanzas que restringen la cooperación con las fuerzas federales de migración, al prohibir el uso de cualquier recurso de la ciudad o el intercambio de datos. La policía no puede establecer perímetros ni controlar el tráfico cuando los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza llevan a cabo detenciones. (La Corte Suprema ha dictaminado que el gobierno federal no puede obligar a los funcionarios estatales a realizar tareas federales).
Más estados y ciudades están considerando leyes de este tipo. Una nueva lista de proyectos de ley desafiaría directamente las tácticas federales, por ejemplo, prohibiendo las máscaras que los agentes federales utilizan habitualmente para ocultar sus identidades. Un grupo de fiscales progresistas, entre los que se encuentra Mary Moriarity, fiscala del condado con jurisdicción en Mineápolis, anunció esta semana que se están agrupando para ayudar a llevar a juicio a los agentes federales que infrinjan las leyes estatales. La idea, dijo Moriarty, es compartir conocimientos entre ciudades y reducir la sensación de aislamiento que conlleva la crisis.
Sin duda, su oficina se enfrentaría a obstáculos legales para procesar a los agentes que dispararon contra Good y Pretti. Entre otras cuestiones, los agentes federales gozan de cierta inmunidad frente a la acusación estatal. “Pero sigo diciendo que no es absoluta”, dijo Moriarty. “Tiene que haber alguna forma de rendición de cuentas. No se consigue la disuasión diciéndole al ICE: ‘Nadie puede tocarte’”.
Resulta revelador que, tras la muerte de Good, el gobierno de Trump dirigiera su poder de investigación penal contra varios funcionarios de Minnesota, entre ellos el gobernador Tim Walz; el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey; el fiscal general del estado Keith Ellison, y Moriarty. El principal agente de corrupción pública del FBI en Mineápolis dimitió en lugar de llevar a cabo la investigación. Seis fiscales federales dimitieron a mediados de enero por la orden de investigar a la viuda de Renee Good. Desde entonces, varios más han dimitido por otras investigaciones.
Los múltiples movimientos federales, y las respuestas estatales, son una señal de cómo se está astillando el pacto federalista. Y, sin embargo, los poderes estatales y locales son importantes como contrapeso cuando el presidente utiliza el gobierno nacional para actuar como un autoritario. Madison tenía razón al respecto.
“No podemos impedir lo que hace el gobierno federal”, dijo Moriarty. “Nuestras acciones pueden parecer una pequeña pieza. Pero son una gran pieza para la gente de aquí. Se están defendiendo unos a otros, e intentan enfrentarse a su propio gobierno federal, y se preguntan: ‘¿Quién está aquí para protegernos? Aquí tenemos un carril. Estamos haciendo nuestro trabajo”.
