Ciudad de México.- Era de noche cuando los habitantes de una población del sureste mexicano comenzaron a escuchar disparos, luego el paso de camionetas y las voces de individuos que hablaban de qué casas había que quemar.

Pronto comenzaron a verse las llamas en distintos lugares de Tila, un pueblo de Chiapas conocido por sus peregrinaciones religiosas que tiene unos 10 mil habitantes, calles empinadas y está rodeado de montañas. Fueron cinco horas de balacera, seguidas de tres días de encierro sin que ninguna autoridad apareciera.

La única información les llegaba por redes, llenas de mensajes amenazantes de origen incierto.

Cuando llegó el ejército, los militares custodiaron la salida del pueblo de unas 4 mil personas. Fue uno de los mayores desplazamientos internos del sur de México desde los años 90 y el más reciente ejemplo del miedo que reina en los estados mexicanos disputados por los cárteles y de los desafíos de seguridad que le esperan a la futura presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tenemos a nuestros gobernantes que no quieren hacer nada”, lamentaba Leonel Jiménez, un maestro de 29 años que pasó las 72 horas escondido en su casa con su madre y su hermano de 12 años, llamando repetidas veces al 911, el teléfono de emergencias, donde una voz sólo le repetía que ya estaban atendiendo el caso.

A tres semanas del suceso, Jiménez seguía en uno de los campamentos instalado por las autoridades para atender a los desplazados sin saber qué hacer.

Tila es uno de los muchos pueblos del estado de Chiapas –fronterizo con Guatemala– donde se combinan viejos conflictos sociales, dejación de las autoridades, corrupción política, la presencia de actores locales armados desde hace décadas y la incipiente infiltración del crimen organizado.

Sinaloa vs Jalisco

El Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que mantienen una sangrienta batalla en muchos puntos de México, hace más de un año que luchan también en Chiapas, sobre todo en la zona fronteriza con Guatemala, para controlar las rutas del tráfico de migrantes, drogas y armas.

Organizaciones civiles que trabajan en la zona apuntan a que los grandes cárteles pueden estar aprovechando las divisiones en Tila para empezar a incursionar en este territorio que conecta Chiapas con el Golfo de México, la ruta más corta hacia Estados Unidos.

Otros actores, como el párroco de la localidad, también ven posible que los grupos armados locales hayan pedido ayuda a las organizaciones criminales para expulsar a sus contrarios. O que se estén utilizando los nombres de los cárteles para generar pánico y controlar a la población como ha pasado en otros lugares del país.

En Tila, la mayoría de puertas y ventanas siguen todavía con candados. Decenas de militares y policías vigilan cada entrada y el centro, mientras algunos de los que se fueron aprovechan su presencia para entrar a sus casas o negocios, cargar sus vehículos con todo lo que tengan de valor –a veces hasta pollos o conejos– e irse de nuevo.

“Hay que salir porque no hay vida”, decía entre lágrimas Rafael Gutiérrez, mientras vaciaba su hogar. “No podemos vivir en la zozobra”, agregó el hombre que se dedicaba a anunciar publicidad con un altavoz instalado en su viejo Volkswagen.

Hay personas que empiezan a regresar a las casas aunque, según explicó Jiménez, el maestro, el asesinato este fin de semana de un miembro de una familia desplazada generó de nuevo miedo e incertidumbre.

Desde hace más de seis décadas, Tila está dividida entre los ejidatarios, propietarios indígenas de las tierras comunales que reivindican la zona urbana como parte de su territorio porque les fue asignada en la última reforma agraria, y los conocidos como “pobladores”, los poseedores de títulos de propiedad en esa área urbana a través de acuerdos de compraventa.

Discuten su situación 

La semana pasada, los ejidatarios se reunieron en asamblea para discutir la situación actual y hablaron con The Associated Press a condición de no publicar sus nombres.

Para la mayoría de desplazados, ellos son los ejecutores de todo el terror y quienes se aliaron presuntamente con los narcos. Les llaman “Los Autónomos”.

Los campesinos dicen lo contrario, que los criminales son los miembros de un grupo llamado “Karma” que quiere suprimir su autogobierno porque está apoyado por pobladores. Afirman que este grupo recibe ayuda de autoridades de todos los niveles de gobierno y del cártel de Sinaloa.

Los ejidatarios reconocieron que sí quemaron algunas casas, pero aseguran que no fue un acto indiscriminado, sino selectivo contra miembros de Karma, que –aseguran– atacaron a una patrulla de la policía indígena el 4 de junio.

“Sí hubo balazos porque no había más opción”, afirmó uno de los ejidatarios. “Nosotros, los legítimos originarios de Tila hicimos una expulsión, que se vayan esos asesinos”. Ellos niegan tener contacto con grupos de la delincuencia organizada o con el Cártel de Jalisco.