Ciudad Juárez.- En la política mexicana hay declaraciones que suenan institucionales y otras que simplemente parecen imposibles de creer. La afirmación de Claudia Sheinbaum Pardo de que apenas se enteró “anoche” de la movilización de Morena para solicitar juicio político contra María Eugenia Campos Galván cayó justamente en esa segunda categoría.
A estas alturas del conflicto político entre Chihuahua y la Federación, resulta difícil pensar que una operación de ese tamaño, encabezada además por la dirigente nacional de Morena, avanzara sin conocimiento previo de Palacio Nacional. Más todavía cuando el tema ya escaló a niveles de soberanía nacional, investigaciones federales y posibles responsabilidades relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
Sheinbaum insistió en que Morena actúa con autonomía y que su gobierno no interviene en las decisiones partidistas. Sin embargo, dentro del complejo entramado político mexicano, donde partido y poder suelen caminar demasiado cerca, la separación absoluta que intenta plantearse parece cada vez menos creíble.
Y es que el problema ya dejó de ser únicamente jurídico o de seguridad. El caso Chihuahua se convirtió en una batalla política nacional donde cada declaración, cada filtración y cada movilización parece formar parte de una disputa mucho más grande. En medio de ese ambiente, las líneas entre gobierno, partido y estrategia política comienzan a desdibujarse peligrosamente.
Mientras tanto, Sheinbaum optó por colocar nuevamente el peso de las responsabilidades sobre la Fiscalía General de la República, asegurando que será esa institución la que determine quién permitió o conoció la participación de agentes extranjeros en el operativo realizado en Chihuahua.
Pero en este enjambre político ya casi nada se percibe limpio o separado. Todo termina mezclándose: investigaciones, discursos de soberanía, luchas partidistas, movilizaciones y cálculos rumbo al 2027. Y precisamente por eso, en medio de tantas versiones cruzadas, cada vez cuesta más distinguir dónde termina la investigación institucional y dónde comienza la operación política.
