Como lo mencionamos en este mismo espacio de análisis de El Diario, finalmente cayó. Guadalupe Taddei anunció su renuncia a la presidencia del INE, después de una sucesión de escándalos que terminaron por comprometer su permanencia al frente del organismo electoral.
Los señalamientos, como lo señalamos, comenzaron con presuntos conflictos de interés en las contrataciones. Se conoció que personas vinculadas con empresas proveedoras habían ocupado puestos estratégicos en la administración del Instituto, entre ellas Octavio García, antiguo representante de Cajas Graf y Corporativo Zeg.
Después apareció un presunto audio en el que el empresario José Alfredo Hernández Casillas daba instrucciones sobre una licitación. La controversia alcanzó el entorno familiar de Taddei cuando se difundieron imágenes de su hijo acompañado por ese proveedor durante una estancia en un lujoso hotel de París.
La historia escandalosa de esta funcionaria, abrió preguntas sobre la relación entre servidores públicos, familiares y empresarios beneficiados con contratos públicos. La cercanía personal exige explicaciones, aunque por sí sola no demuestra corrupción.
La Auditoría Superior de la Federación también había detectado movimientos financieros irregulares, entre ellos la transferencia de 63.2 millones de pesos recibidos por una empresa contratista hacia terceros sin relación acreditada con el servicio.
Sheinbaum consideró acertada la renuncia, pero exigió continuar las investigaciones. Ahora corresponde esclarecer quién autorizó las contrataciones, qué funcionarios participaron y si existieron beneficios indebidos. La salida de Taddei no puede convertirse en el punto final de un caso que exige responsabilidades.
