Por razones evidentemente muy alejadas a la lógica de la justicia, las juezas María Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Myrna Luz Rocha Pineda, decidieron absolver; sí, absolver de plano, a dos acusados de asesinar al fotoperiodista, Ismael Villagómez Tapia, la medianoche del 16 de noviembre del 2023.

Nomás faltó que las juzgadoras sancionaran a los peritos, agentes del Ministerio Público y policías investigadores por detener y procesar como presuntos responsables a Miguel H. H. y Jesús Adrián C. L., uno de ellos aparentemente afiliado a una pandilla delictiva que opera en asaltos, narcomenudeo y otros delitos de la zona Centro de la ciudad hacia el lado poniente.

Las juzgadoras concluyeron que la “representación social” obtuvo de manera “ilícita” las pruebas esenciales para incriminar a los susodichos, básicamente el teléfono móvil y el contenido del mismo, extraviado por uno de los supuestos asesinos en la escena del crimen. El famoso a lo largo del juicio “teléfono dorado”.

No hubo el extremo de un castigo para los elementos de la Fiscalía de distrito zona norte que esclarecieron el caso antes que amaneciera el 17 de noviembre, pero quedó para no olvidar la certeza de la impunidad... la fundada sospecha de arreglos oscuros.

La audiencia para la lectura de la sentencia sería el lunes pasado, el 2 de diciembre, pero fue lo que en términos jurisdiccionales llaman “dispensada” porque el anuncio de dicho fallo por parte de las juzgadoras había sido presentado el fin de semana anterior, el viernes.

Ni jueces, ni acusadores, ni acusados, ni defensa, quisieron dedicarle varias horas a escuchar el resolutivo previamente dictado. Era perder el tiempo.

Líderes sociales, políticos, ministerios públicos, policías, litigantes, forman parte de los sectores comunitarios convencidos que el Poder Judicial atraviesa por una etapa oscura, más oscura de la que fue colocada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de irse.

Este momento amargo es producto de la reforma que por sus pistolas decretó justo la Cuarta Transformación para quitar a todos los que ahora permanecen al frente de dicha institución e imponer a los propios.

Profundiza esa crisis la decisión del grueso de los que se irán por bajar bandera y aprovechar el año de Hidalgo para lucrar con los casos, ya sea en efectivo o en especie. Al fin desahuciados que el mundo ruede. Pocas y pocos juzgadores han mantenido el debido respeto a su investidura y la moral en alto.

El grave problema es para los sujetos de la administración de justicia. No sabemos cuál hipótesis aplique al caso del asesinato de Villagómez Tapia, conocido entre periodistas y fuentes informativas como “Tiger”, pero quedó establecido que a las juzgadoras no les interesó profundizar ni superficialmente en el caso.

Resulta claro como verdad tangible, sin embargo, que pudieron adoptar una resolución distinta a la absolución en virtud de las pruebas aportadas y no conceder el argumento de la “duda razonable” esgrimida por la defensa que, dicho en términos deportivos, ni se despeinó para sacar libres de polvo y paja a los dos muchachos imputados, uno de 22 años de edad, el otro de 23.

Villagómez Tapia alternaba su trabajo de fotógrafo para un periódico local con la prestación de servicio como conductor de vehículo de plataforma. Le fueron solicitados sus servicios el día de los hechos a la media noche para las calles Artículo 27 y Sinaloa, de la colonia Fronteriza Alta.

Los supuestos clientes resultaron asaltantes. Abordaron el asiento de atrás, de inmediato amenazaron a la víctima para robarlo, posiblemente hubo discusión y uno de ellos le infligió un disparo por el lado de la sien izquierda. Entre las pertenencias robadas se llevaron dos teléfonos del fotoperiodista pero... uno de ellos extravió el suyo, el “celular dorado”.

En muy apretado resumen, los investigadores obtuvieron de ese aparato los primeros indicios, entre algunas imágenes la de una credencial INE con la dirección de uno de los participantes, muy cerca del lugar de los hechos, entre las colonias Chihuahua y Emilio Campa.

“Al llegar a ese domicilio tiene a la vista a un masculino, lo describe, lo asienta como una persona que se veía nerviosa y que de forma espontánea manifestó: yo no le disparé. Yo no disparé en el robo del Uber”, describe el testimonio policial en el cuerpo de la sentencia. Ahí fue hallado un primer teléfono de los dos robados a “Tiger”. Todas las audiencias fueron cubiertas por El Diario.

El primer detenido condujo a los policías a otra vivienda donde fueron detenidos otros dos supuestos asaltantes que admitieron haber participado en los hechos. Uno de ellos, Adrián C. L., tenía en su poder el segundo teléfono de Villagómez y una pistola escuadra calibre nueve milímetros con la que, supuestamente, fue atacado el fotoperiodista.

Todo esto ocurrió entre las 12 de la noche y las dos de la mañana. Los investigadores buscaron aprovechar los términos de flagrancia, partiendo de los primeros indicios descubiertos en la propia escena del crimen. De investigación, la naturaleza de los policías ministeriales.

Las juezas, por razones insospechadas, no solo no le otorgaron valor alguno al caudal probatorio, sino que calificaron el grueso de su contenido como obtenido “ilícitamente” al manipular el teléfono de los imputados sin la orden de un juez.

Hubiera sido por la razón que fuera, ahora concluimos que no habría justicia para el “Tiger” ni para su familia; por lo menos no hasta ahora.

Las juezas Ruiz, Terán y Rocha rechazaron catalogarlo como crimen contra un periodista; por tanto, acreedor a la aplicación de la ley federal en la materia. A lo largo de un año de audiencias, además, no mostraron señal alguna de asertividad con el trabajo desarrollado por la representación social, la Fiscalía de la zona norte.

Los acusados tenían en su poder los teléfonos de la víctima y admitieron haberla privado de la vida; no solo eso, inicialmente aceptaron el desarrollo de un juicio abreviado para negociar su condena en 18 años de cárcel. La defensa insistió en ir a juicio y ahora sabemos por qué; lograría ponerlos a salvo sin rasguño alguno.

Entre el 20 y el 25 de noviembre del 2023, días después de ocurrido el asesinato de “Tiger”, el juez de control, Luis Javier Ortiz Beltrán, tuvo conclusiones muy distintas a las del trío de juezas. Vinculó a proceso a Jesús Adrián C. L. y a Carlos Miguel H.H. porque fue “acreditada” su participación en el crimen y catalogó el asesinato como cometido contra un periodista.

A las juezas les pasó de noche esa resolución o no quisieron siquiera voltear a mirarla porque fueron disuadidas a lo largo del juicio que los policías, peritos y ministerios público, presentaron pruebas conseguidas de manera “ilícita”.

Quedará para la historia infausta de la justicia el primer punto resolutivo de su sentencia: “Jesús Adrián C. L. y Carlos Miguel H. H. no son penalmente responsables de la acusación que les atribuyó la agente del Ministerio Público a título de dolo, del delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de quien fue Ismael Villagómez Tapia, en hechos ocurridos entre las cero y las dos horas de 16 de noviembre del 2023”.

Y en el segundo: “Por haberse dictado sentencia absolutoria, no se hace condena al pago de la reparación del daño”, que el Ministerio Público había calculado en más de tres millones de pesos.

La esposa de “Tiger” apenas pudo sostenerse en todo ese tiempo. Fue silenciada por el dolor y el llanto. “Era una persona maravillosa. Me dejaron a mis hijos sin su papá; a una esposa con mucho dolor y a una mamá sin su hijo”, alcanzó a responder entre sollozo a las juezas cuando le preguntaron si deseaba decir algunas palabras tras conocer la sentencia.

Debe sonar a mera ironía no remota de haber ocurrido. En toda esa impunidad resuelta, los acusados, una vez liberados, pudieron haber recuperado también su teléfono dorado extraviado en la escena del crimen.

Esperemos la Fiscalía de la zona norte sostenga su promesa de apelar a semejante sentencia. Tiene 10 días hábiles para hacerlo; se cumplen esta semana.