-El precedente por un gatito casi asesinado

-Juega su suerte sobrino de Duarte en juicio

-Desde mayo avisó OMS de bacteria asesina

-Ignoró Ciencias Políticas al rector

En unos días más será llevada a cabo en la capital del estado la individualización de sanciones derivadas del primer juicio oral por actos de maltrato y crueldad animal.

El pasado 10 de diciembre fue sentenciado un individuo por desollar, mutilar y quemar patas y ojos a un gatito. Le será dictada la pena el 16 de diciembre. Ya está en la cárcel.

Fue salvado el pequeño felino por dos activistas que conocieron del hecho mientras el sujeto lo torturaba. Intervino a tiempo la policía municipal.

Ese tema del maltrato y agresión contra los animales ha sido ignorado por algunos actores políticos con poder de decisión aun y cuando las autoridades locales han brindado bastante apoyo con refugios y respaldo veterinario.

La sentencia dictada el día 10 de diciembre por la jueza, Socorro Porras Armendáriz, es la primera derivada de un juicio oral.

Deja claro esa histórica resolución que el cambio cultural ha comenzado a permear en las vetustas estructuras del sistema judicial chihuahuense.

Desde la atención que deben poner los primeros respondientes (que casi siempre son elementos policiacos municipales), como presentar la denuncia de manera correcta y que sea tomada en serio por la Fiscalía General del Estado para que puede llegar a los juzgados y seguir su curso, como fue el caso del que dio cuenta El Diario ayer.

En la carrera política al 2027 será un tema que resonará y a la que diversos actores se sumarán, por los votos que aporta ese sector tan solidariamente ruidoso.

Ahora lo que urge es seguir fortaleciendo las estructuras de prevención, pues un día y otro también sabemos de perros y gatos envenenados entre propios vecinos hasta de colonias llamadas pudientes.

***

Dependen la Secretaría de Salud federal y la estatal, con sus brazos operativos Cofepris y Coespris, de manera respectiva, de la organización y el trabajo en hospitales públicos y privados, para blindar de la nueva amenaza bacteriana que ya mató 17 bebes y un jovencito de 14 años, en el sur del país.

Es cierto que están muy lejos los brotes detectados, en Estado de México, Guanajuato y Michoacán, pero esos bichos hospitalarios son muy resistentes y se pegan a cualquier insumo médico, incluso el medicamento.

La bacteria klebsiella, en sus versiones pneumoniae y oxitoca, es muy resistente inclusive al antibiótico.

Pero, además, el tema adquiere otra relevancia cuando resulta que, tras la inspección a la empresa señalada como la principal sospechosa de llevar el bicho en alimento intravenoso, hay resultados negativos, ni una sola evidencia o rastro en sus mezclas y preparados.

Ahí es donde adquiere relevancia la participación del equipo médico y de enfermería de las unidades hospitalarias, que requieren empoderarse para evitar cualquier procedimiento riesgoso.

Tenemos la alerta sanitaria enviada desde la semana pasada por Cofepris a todo el país, en donde están todas las recomendaciones de asepsia extrema a seguir, para evitar más contagios, como la prevención de la bacteriemia relacionada con catéteres vasculares, higiene de manos, uso de dispositivos, vigilancia y monitoreo.

Están facultados los médicos y personal de enfermería para suspender ante cualquier sospecha o falta de asepsia.

Es un tema que acaba de salir a la luz pública, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había advertido, desde mayo, cuando actualizó su lista de bacterias prioritarias por su alta resistencia a los antibióticos, colocando en el primer lugar la klebsiella.

Lenta muy lenta, la anterior administración federal, y la nueva a recomponer y atender el grave problema de salud pública, que tiene ahorita a cuatro o cinco bebés en condición crítica al sur del país, y 17 más fallecidos en las últimas dos semanas.

***

El sobrino político del exgobernador César Duarte, Gerardo Villegas Madriles, está jugándose su suerte en el juicio al que es sometido desde hace varias semanas, por el primer caso de peculado judicializado en 2017 contra los exfuncionarios de la administración estatal.

Quienes han seguido el juicio desde su comienzo aseguran que está a merced de un volado que deberá caer al suelo a la brevedad, aunque el exjefe de Administración de la Secretaría de Hacienda del Estado ya pasó cinco años de su vida en prisión sin haber recibido sentencia previamente.

Lo interesante de su causa es que fue el primero en ser detenido, junto con el exalcalde de la capital, Javier Garfio Pacheco, quien se rindió a las cuantas noches de pasar en el Cereso de Aquiles Serdán; Villegas, en cambio, soportó estoicamente el encierro y las acusaciones que le llegaron en combo hasta juntar casi una decena. Fue infrahumano el maltrato que recibió tras las rejas.

Si es declarado inocente o culpable por esta primera causa de peculado, seguramente eso marcará el destino de las siguientes que están vigentes, aunque gran parte logró derribarlas sin siquiera llegar a juicio.

El otro factor importante es que también influirá la decisión judicial en el destino de su tío, que goza de libertad desde junio de este año, tras haber pasado cuatro años en prisión, dos en proceso de extradición y otros dos a disposición de la justicia estatal.

Tal vez la defensa de Duarte, que logró retrasar el comienzo del juicio en su contra hasta poder liberarlo vencida la medida cautelar de prisión preventiva, esté a la espera de la resolución que le sea dictada a su sobrino, para ver cómo enfrentará la eventualidad de que el exgobernador sea sentado en el banquillo para el enjuiciamiento oral final.

***

A pesar de que el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Rivera, anduvo en Juárez con una amplia agenda de trabajo por ciudad Juárez al parecer nadie se dio por enterado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que trabajan como satélite al margen de la universidad. Su director, Mario Duarte, anda en campañado por la rectoría...en Europa!!!.

Rivera Campos atendió a medios de comunicación y dio seguimiento a los acuerdos establecidos con los maestros de la Facultad de Derecho que, dicho sea de paso, imparten sus cátedras en las instalaciones de Ciencias Políticas.

Y es que mientras Rivera Campos andaba atendiendo asuntos propios de la UACH, los grillos celebraban un encuentro supuestamente académico con maestros de Ciencias Políticas y funcionarios municipales de Juárez.

Tenemos en la edición digital una foto donde sale en el presidium la esposa del ex alcalde Marco Quezada, hoy funcionaria en el municipio juarense, y algunos de los maestros que curiosamente o malvadamente ignoraron la presencia del jefe de la alma mater.

***

La Asociación Latinoamericana de Internet envió un atento comunicado de prensa para demandar del Congreso del Estado que eviten imponer el impuesto del 1.5 por ciento a las plataformas digitales, como Uber y Didi.

Esta medida, dicen, no solo reproduce un esquema tributario previamente declarado inconstitucional en la Ciudad de México, sino que también genera discriminación contra las PyMEs, impacta negativamente a repartidores, consumidores y pequeños comercios, encareciendo los servicios de reparto, y viola acuerdos internacionales

Es cierto y no es cierto lo que dicen de la inconstitucionalidad. Encontramos un antecedente donde la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el amparo en revisión 670/2022, considerado viable el impuesto -ahí es donde erran a la verdad porque está vigente en este momento en la ciudad de México-, pero sin trasladarlo a los usuarios o a un tercero, como pretenden hacer las compañías digitales.

En ese amparo, quedó claro que los únicos paganos serán quienes realizan actividades de intermediación, promoción o de facilitación digital a través de la operación y/o administración de aplicaciones y/o plataformas informáticas de control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, es decir, las plataformas, porque es un impuesto para ellos, y no para las empresas o los repartidores.

El problema es que siendo los precios un tema de libre mercado, no hay tope ni tarifas al servicio, las plataformas harán caso omiso, y claro que van a trasladar el impuesto al usuario final y a las empresas restauranteras o cualquier persona que utilice a Uber, o a cualquier plataforma, para trasladar desde una pizza hasta unas llaves olvidadas.

El siguiente paso sería establecer un tarifario justo, pero quién sabe si se avienten el tiro los legisladores, con el antecedente de haberle sacado la vuelta a un taxímetro, por ejemplo, para regular la tarifa en taxis.