-Más de 100 cabezas de jueces a punto de rodar

-Dieron salto en ingresos Cruz y Bonilla

-Va de terco a Sala Guadalajara

-Sirve Mayra el café a reporteros

Más de 100 cabezas de jueces y juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado, son las que habrán de rodar aquí en la frontera, de entre las 30 posiciones de segunda instancia y los 258 juzgados instalados en toda la entidad.

Es en Juárez, para nadie es un secreto, donde está más tupida la mata de corrupción entre las personas juzgadoras, por lo que la reforma judicial en ciernes, que aplicará a nivel estatal a partir de 2025, les dará una buena sacudida.

Ayer pudo conocerse que el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, entregó la iniciativa de reforma constitucional estatal, después de tres meses de estirones y aflojones de la liga sobre la reforma nacional.

Suponemos, con alto grado de certidumbre, que la propuesta albiazul lleva el sello y aval de Palacio de Gobierno pues, como adelantamos semanas atrás, al poder estatal le conviene e interesa mantener la influencia y control de la judicatura, objetivo más posible si arranca con la elección de juzgadores ahora mismo que si deja la tarea para 2027.

Desde luego, la bancada morenista también lanzó su propuesta para empatarla con la azulada, casi igual en la forma porque debe apegarse la reforma a la nacional, aunque es de suponerse que, como la otra, debe llevar algunas letras chiquitas.

Así, habrá que ver quiénes llevan mano en la selección de los perfiles para juzgadores y juzgadoras estatales, porque en la federal son al menos cuatro grupos morenistas a quienes responden los aspirantes a candidatos.

En el proceso federal, que entra la siguiente semana en la etapa clave previa a la elección de junio, son los senadores Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, junto con Cruz Pérez Cuéllar, la dirigente Brighite Granados y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quienes han movido sus fichas para intentar penetrar el Poder Judicial.

Aquí a nivel estatal, aunque muchos de los actuales acusados de corrupción van a tratar de colarse, es de suponerse que el principal filtro y el factor clave de la definición de aspirantes estará en Palacio de Gobierno.

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Son los municipios de Chihuahua y Juárez -que encabezan los punteros en la batalla por la gubernatura, Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar, respectivamente- los que muestran una mayor variación al alza en los recursos presupuestales que van a tener para el año próximo.

Los alcaldes deben haberle metido horas extra a la talacha y cabildeo tanto para incrementar los ingresos propios, obtenidos del Impuesto Predial y el Impuesto por Traslación de Dominio, principalmente; como los ingresos que captan por concepto de participaciones, aportaciones y convenios.

Así, en la capital Bonilla logró meterle casi el 50 por ciento más de ingresos propios, al pasar de dos mil 402 a tres mil 532 millones de pesos entre 2024 y las estimaciones de 2025. Con ello, logró una significativa alza del 25 por ciento en términos nominales en el presupuesto del que dispondrá el año próximo.

En la frontera, el equipo del alcalde morenista logró un aumento más modesto, pero nada despreciable, por encima del nueve por ciento en los ingresos propios, que van a crecer de tres mil 381 millones y a tres mil 679 millones de pesos. Con ese incremento y los recursos obtenidos por otras vías, Juárez tendrá más de nueve mil 665 millones de pesos como presupuesto de 2025.

Aprobadas las leyes de ingresos de los 67 municipios, los alcaldes de las principales zonas urbanas, salvo Parral que parece estancado y con crecimiento nominal menor al cinco por ciento, parece que hicieron la tarea, de acuerdo con las proyecciones que recién fueron aprobadas por el Congreso del Estado.

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El pasado nueve de diciembre pasadas las seis de la tarde, 18 horas con 12 minutos para ser más exactos, fue recibido un escrito por parte de Mario Saldaña, flamante delegado regional del Bienestar en Nuevo Casas Grandes, en las oficinas del Tribunal Estatal Electoral, allá en la ciudad de Chihuahua.

El escrito firmado por él consiste en el recurso denominado juicio de revisión constitucional, para que Sala Guadalajara revise la sentencia votada por unanimidad por los magistrados Hugo Molina, Gabriel Sepúlveda y Roxana García, en su calidad ésta última de presidenta.

Le impusieron a Saldaña más de 200 días de inscripción en el padrón nacional de violentadores de mujeres, por la conducta reiterada de él y una de sus colaboradoras, en contra de la entonces síndica y hoy regidora, Venus Olmos.

Quiere el delegado que le quiten la sanción, y para eso acude al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo que hay un detalle que debió tomar muy en cuenta, antes de presentar el recurso.

Resulta que no es la primera vez que el Trife, de manera específica la Sala Guadalajara, conoce del mismo tema.

Hay un dictamen del cuatro de mayo del 2023, donde el tribunal federal revoca una resolución del Instituto Estatal Electoral confirmada por el Tribunal local, que absolvía a Saldaña, ordenando desahogar pruebas y volver a sentenciar con perspectiva, precedentes y normas legales en materia de violencia política de género.

Es decir, en esa primera resolución, de acuerdo al Trife, se incumplió con la claridad en el conocimiento fehaciente de las partes del derecho violentado, ya que si bien los entes del Instituto local transcribieron las manifestaciones denunciadas y algunos preceptos de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, nunca estableció la conducta típica sancionable en su modalidad específica de VPG.

Ahora Saldaña quiere evitar la inscripción en el padrón de violentadores de mujeres, pero ojo, el Tribunal local no lo inhabilitó, no vaya a ser que el Trife en plenitud de jurisdicción lo haga y ordene una sanción más severa.

Le puede ir peor, salvo que alguien le haya prometido inmunidad, que ya con el precedente es difícil, muy difícil, que se la cumplan.

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Deberían los integrantes de la Mesa de Seguridad en Juárez intentar un acto democrático para votar si continúan sus reuniones semanales los viernes a las ocho de la mañana o modificar día y hora con el noble propósito de sumar al Fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas, quien hace buen rato no asiste.

Ayer encabezó dicha reunión de análisis y evaluación el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar; estuvo su jefe de la policía municipal, un subsecretario de Seguridad Pública estatal; el jefe de la Guarnición Militar, el jefe en la zona de la Agencia Estatal de Investigaciones, el jefe de Vialidad, la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hasta la jefa del Instituto Municipal de las mujeres, pero el Fiscal regional nomás no.

Esas reuniones son más forma que fondo por obvias razones, ahí no son tocados asuntos de inteligencia ni investigaciones en curso, quizá por ello ni Salas ni otros jefes de áreas también importantes asisten una vez y diez no, pero las sola coordinación entre corporaciones es fundamental.

Si no quieren o no pueden asistir tan temprano que se las cambien a la calidez de la media tarde.

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Humilde hasta para servir jugo y café a sus invitados ante la tardanza de los meseros del María Bonita Misiones, Mayra Chávez, demostró ayer que son sus capacidades políticos pero también sus actitudes modestas las que la han colocado como la delegada del Bienestar en el estado.

En las fotos que circularon ayer puede apreciarse a Mayra vasos en mano sirviendo “jugo de naranja” a la gran cantidad de colegas periodistas y no colegas que estuvieron en el desayuno-posada ofrecido por ella.

La exdiputada priista, hoy morenista en ese altísimo cargo otorgado por las jefas del presente régimen federal, Claudia Sheinbaum y Ariadna Montiel, ha subido como la espuma en el escalafón de la Cuarta Transformación.

Deberemos estar atentos a ella en un par de años más, de cara a la elección del 2027.