Ciudad de México.- La gran promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de construir un sistema de salud similar al de Dinamarca, no solamente fue una gran mentira porque fue muy poco lo que se concretó, de hecho se avanzó muy poco, casi nada; pero eso no impidió que el sistema de salud que existía y daba un servicio medianamente bueno, sí fue desmantelado de manera permanente durante todo el sexenio pasado.

Los afectados fueron millones de personas de escasos recursos que se quedaron sin acceso a los servicios médicos básicos y también sin el suministro de medicamentos para atender sus padecimientos.

La trasformación del sistema de salud, que no se termina por concretar todavía, significa que 52 millones de personas no tengan algún servicio médico garantizado, eso según reconoce la propia Secretaría de Salud del gobierno federal.

Cierto que instituciones como el IMSS o ISSSTE tenían servicios deficientes, pero al menos contaban con los médicos especialistas para atender padecimientos muy particulares, pero cuando el gobierno federal determinó cambiar sus condiciones laborales, particularmente las de jubilación, esos médicos decidieron ya no continuar y ahora el rezago es de más de 3 mil especialistas a nivel nacional.

En materia de salud, el gobierno federal viene dando tumbos; primero creó el Insabi para reemplazar al Seguro Popular, una figura creada en el sexenio de Vicente Fox, que venía dando cobertura médica a pacientes sin ningún tipo de servicio; pero el Insabi, fracasó y eso nos costó casi 300 mil millones de pesos.

La infraestructura hospitalaria del IMSS y del ISSSTE también vino en declive; edificios viejos, obsoletos en su diseño y distribución no fueron reemplazados por nuevas instalaciones debido a los recortes presupuestales y que las prioridades presupuestales estaban puestas en obras como el aeropuerto Felipe Angeles, la construcción del Tren Maya –que a pesar de ya estar terminado para el 2025 sigue consumiendo recursos por el orden de los 40 mil millones de pesos—o la refinaría de Dos Bocas, que a pesar de haber sido inaugurada tres veces todavía no funciona.

Cuando el gobierno federal de López Obrador decidió desapareceré el Seguro Popular, alegando la existencia de corrupción y cuestionando su esquema de funcionamiento muy ligado al sistema neoliberal, entonces se creó el Insabi.

La pandemia de 2020 exhibió el grave error de haber desmantelado el sistema de salud pública y eso se reflejó en que México se ubicó en el top 3 de naciones con más personas fallecidas por Covid-19; a la par, el Insabi dejó constancia de su carencia de funcionalidad; cuando finalmente lo desaparecieron su operación costó a los mexicanos 300 mil millones de pesos.

Lo suplió el IMSS Bienestar, una figura que carece de presupuesto suficiente y que no alcanza para atender la enorme demanda de servicios médicos de una población pobre que no tiene ni servicios médicos institucionales, ni la capacidad para pagar la medicina privada.

Durante cuatro años López Obrador estuvo pregonando que era inminente alcanzar los niveles de atención a la salud como los de Dinamarca; fue de fecha en fecha y al final terminó por no cumplir.

Es así como llegamos a la elaboración del presupuesto para el 2025 y la sorpresa es que la propuesta que presenta Claudia Sheinbaum Pardo en un tema prioritario para los mexicanos es que nos recetó un recorte presupuestal que llega a los 113 mil millones de pesos

–justo lo que se gastó en el Insabi el 2022, su último año de operaciones--, con esta decisión se deja sin medicamentos y atención médica, otra vez, justamente al segmento que más votos le da a Morena: la gente más pobre.

Ahora resulta una paradoja que el gobierno de México, a través de sus programas sociales, apoye con recursos monetarios a segmentos de la población, pero al tratarse de adultos mayores, el dinero que reciben se les va en pagar atención médica privada –de la más económica—y la compra de medicamentos.

De cada peso que recibe un adulto mayor de su pensión del Bienestar, 20 centavos los destina a la compra de sus alimentos y 80 se le van en atender cuestiones de salud, pero eso no les alcanza para una atención integral cuando se trata de hospitalización o intervenciones quirúrgicas mayores.

Existen estimaciones que indican que el gasto de bolsillo que realizan las personas sin acceso a servicios médicos y medicamentos alcanza al 60 por ciento de las familias mexicanas, pero con ese recorte presupuestal de tan alto impacto es evidente que la afectación será mucho mayor.

Quitarle dinero a la salud también implica romper el compromiso de mejorar el sistema de salud pública gratuita y universal que fue una promesa de Claudia Sheinbaum durante su campaña electoral por la presidencia de la República.

Un recorte de esa naturaleza es inhumano porque atenta contra la vida de la personas, pero también es inconstitucional porque niega ese derecho a las clases más desprotegidas.

Con todo lo anterior podemos irnos despidiendo de un sistema de salud como el de Dinamarca y prepararnos porque nos dirigimos en caída libre a uno que se asemeja al de Haití.