-Informante dio las pistas del “narcopanteón”

-Falta sacar ruteras de las troncales

-Lloradera en INE por comicios judiciales

-Bajaron los anexos del Periódico Oficial

El hallazgo del “narcopanteón” de Ascensión, los días previos a la Navidad luego de varios rastreos, fue producto de la colaboración de autoridades de Estados Unidos con la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con el reporte que nos llega sobre las decenas de osamentas encontradas.

Hasta donde sabemos, el primer rastreo fue el 18 de diciembre por las brechas de La Salada y Buenavista, en el municipio fronterizo vecino de Juárez; luego se extendieron por decenas de metros de los alrededores, con más y más excavaciones.

Como buenos sabuesos, los antropólogos forenses y personal especializado de la Comisión Estatal de Búsqueda, encabezados por los elementos de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y su Unidad de Atención al Secuestro, peinaron esa mínima porción del desierto encontrándose con restos de cadáveres y evidencias de los crímenes.

Un reporte preliminar establecía el hallazgo de los restos de 12 víctimas; luego, más excavaciones y días de discretísimo operativo llevaron a encontrar incluso pistas de personas, algunas vinculadas a actividades criminales, que tenían de seis meses a dos años con reportes de desaparición.

Hasta ahora, las identidades de las víctimas no han trascendido por las condiciones en que estaban los restos. El trabajo de identificación oficial seguramente llevará semanas o meses, pero ya empieza a especularse con la posibilidad de que haya “volteados” de un grupo criminal entre los muertos y los victimarios.

De hecho, nos aseguran que fue un informante del una de las áreas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el que aportó pistas clave para el hallazgo del “narcopanteón”, información vital a la que dio seguimiento la autoridad investigadora estatal.

Aquí la importancia de la colaboración binacional, porque en un contexto de cientos de desapariciones anuales en el estado y una incesante lucha entre células y cárteles, no pueden dejarse en el limbo, como si nada ocurriera, estos hechos delictivos que revelan la verdadera dimensión del crimen organizado.

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Con siete meses de operación el BRT-2 y con sus primeras semanas la recién rehabilitada BRT-1, las ruteras concesionadas siguen siendo las dueñas de los carriles derechos, con el consecuente congestionamiento vehicular que generan.

A pesar del buen servicio que ha distinguido a los nuevos camiones que dan servicio sobre los carriles confinados, no deja de generar molestia entre los automovilistas que los carriles centrales para vehículos particulares queden ahorcados por esa deficiencia en la operación.

El modelo híbrido actual, de alimentadoras paralelas a las troncales, resulta ineficiente para la circulación vehicular en la ciudad y también para la evolución a un sistema de transporte integrado, como es el objetivo.

Si el exceso de cruces de vehículos particulares entre un sentido y otro, en vez de las vueltas indirectas que existen en rutas troncales de otras ciudades, ya es un problema porque también afectan la circulación en los carriles centrales, las ruteras llegan a complicar todavía más el tránsito de las personas que no usan el camión.

La tarea sigue pendiente y, por lo que sabemos, seguirá unos meses más, pues el proyecto de transporte de Juárez no estará completo hasta que sea incluida la autoridad municipal al 100 por ciento, en una labor que demanda trabajo en equipo y no esfuerzos aislados, separados.

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Fue una lloradera la de consejeros electorales durante la última sesión extraordinaria vespertina realizada en maratón por el Instituto Nacional Electoral, ya con los dedos agarrados por la puerta de los comicios del Poder Judicial en casi seis meses.

De los 13 mil millones de pesos que pidieron, les quedan no más de cuatro mil para organizar las elecciones inéditas donde nada más en Chihuahua hay que elegir a los titulares de tribunales colegiados de circuito en sus diversas materias, así como juzgados federales.

De dichos órganos jurisdiccionales, los tribunales y juzgados que funcionan aquí serán renovados a la mitad, conforme al sorteo ya realizado; por cada puesto a renovar aparecerán nueve candidatos mínimo, más quienes están en funciones y optaron por ir a las urnas.

Habrá mesas receptoras de votación en lugar de casillas; quien sabe si les alcanzará a consejeros del INE para utilizar papel seguridad en las boletas o cuadernos de boletas, porque aún no se sabe cómo va a ser la mecánica.

Habrá reúso de material electoral, urnas, mamparas, crayones, de otras elecciones; casi con puros sobrantes serán efectuados los comicios.

Pues ese fue el tema tratado el viernes pasado, con expresiones rudas hasta de los partidos políticos, que no aguantaron e intervinieron, violando flagrantemente la constitución, que lo prohíbe.

Los representantes de los partidos no tienen permitido tocar el tema de las elecciones del Poder Judicial ni con pétalo de rosa, en una de esas incoherencias de la reforma. Quedó patente el absurdo, cuando todo el día sesionó el INE, primero de manera ordinaria y luego extraordinaria.

Fue esta última sesión donde los temas fueron exclusivos de los comicios judiciales, pero ahí se quedaron los partidos políticos presentes e incluso hicieron uso de la voz.

Parecería que el asunto está lejos de nuestra entidad, pero no lo es, porque el mismo formato que excluye a los partidos fue retomado aquí en la reforma judicial recién aprobada a nivel estatal.

Así es que veremos al IEE sesionando dentro de poco, en el Consejo General y en la Asamblea Municipal, sin la intervención de los representantes de partido, en situación inédita.

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Hablando de la reforma judicial local, parece que la decisión de la subsecretaria de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, fue la de “bajar” y esconder el yerro monumental cometido en la publicación del pasado miércoles de Navidad en el Periódico Oficial del Estado (POE).

El archivo anexo a la edición del órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado, donde aparecía el nombre del exgobernador Javier Corral como responsable de la promulgación de la norma, fue borrado del sitio público de consulta.

Así, quedó únicamente la edición central del periódico, que venía sin errores, y se hizo la fe de erratas de forma digital; se considera que de esta forma tiene plena validez la norma y su vigencia, dado que no altera el contenido sustancial de la publicación.

La dependencia a cargo del POE precisó que al “subir” la versión digital de dos instrumentos (archivos con las reformas), “por error involuntario se insertó un encabezado no vigente dentro de un programa de edición”.

Sin embargo, aseguró, la versión original encuentra correcta, por lo que se realizó el ajuste y la fe de erratas correspondiente en la versión digital.

“Dicho error no modifica el contenido sustancial de los Decretos y no afecta la plena validez de los mismos”, precisó.