-Drones y ataques a helicópteros en narcoguerra

-Reformas sin vigencia por error en el periódico

-Empieza cuenta regresiva para jueces

-Tema migratorio arde y Garduño no acaba de irse

Al menos en una ocasión, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, desmintió que existieran ataques con drones en medio de la narcoguerra que tiene en algunos puntos serranos sus peores escenarios debido a la falta de autoridades que les pongan orden.

Sin embargo, desde hace unas semanas han sido insistentes las versiones del uso de esos dispositivos en las refriegas, especialmente cuando se trata de agredir o repeler a las patrullas de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, integradas a las llamadas Bases de Operación Interinstitucional (BOI).

Además, desde principios de este mes, fue reportada la retirada inmediata de uno de los helicópteros que utiliza la SSPE, que iba en camino a un operativo en algún punto de la sierra de Madera, luego de que fuera atacado con disparos desde tierra, con armas de largo alcance capaces de hacerle daño a la aeronave.

El último reporte que rompe los parámetros es de apenas el martes pasado, la tarde previa a la Nochebuena, en una brecha alrededor de El Pinito, municipio de Guadalupe y Calvo, donde dos patrullas de la Guardia Nacional que circulaban como parte de la célula BOI fueron atacadas con explosivos.

Son unos cuantos minutos de distancia, menos de media hora, entre la comandancia de la corporación en esta región y el lugar de El Pinito -a menos de cinco kilómetros de la cabecera municipal- donde fue registrado un intercambio de balazos previo a los “bombazos”, como lo describieron los agentes que la libraron y emprendieron la retirada con las patrullas bastante dañadas.

Esos “bombazos”, vuelve a surgir la versión, habrían sido lanzados con drones, en una emboscada que pudo traer peores consecuencias para los elementos que fueron atacados.

Ante la falta de información clara y precisa por parte de la SSPE y la Guardia Nacional, los rumores del posible uso de armas más sofisticadas por parte de los cárteles cobra fuerza entre las tropas federales y estatales.

Eso se agrava al ver que la célula, en este enésimo caso la parte de Chihuahua del Triángulo Dorado, optó por dejar el operativo emprendido, a pesar de que quienes atacaron eran presuntos integrantes de un grupo criminal que agarró la parranda en temporada navideña.

Porque a eso apunta el último episodio de esta comunidad serrana, envuelta como muchas en los enfrentamientos entre “La Línea” y los grupos del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con las versiones de los pobladores.

Los empoderados atacantes, que llevan varios tantos a su favor en las últimas batallas, andaban enfiestados cuando ejecutaron un ataque en el poblado, algunos se volcaron en uno de sus vehículos y cometieron algunas tropelías para atemorizar a la población. Pero ni por eso pudieron ser sometidos por las autoridades.

Si la narcoguerra ha alcanzado esos niveles, lo mínimo que deberían hacer las autoridades en todos los niveles es reconocer la realidad y actuar en consecuencia, en vez de cerrarse y simular que nada ocurre, cuando es clara la escalada violenta.

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Un error mayúsculo, un horror más bien, en el Periódico Oficial del Estado de su edición de ayer, deja sin vigencia las reformas realizadas a la Constitución del Estado y a un decreto sobre un fideicomiso que mejora las condiciones laborales de los policías viales y los inspectores de la Dirección de Transporte.

Los decretos publicados refieren que “el ciudadano licenciado Javier Corral Jurado, gobernador (...) a sus habitantes sabed...”, para luego dar el parte completo de la reforma para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial y del cambio al fideicomiso que incluye a la Subsecretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. La imagen del recorte puede verse en la edición digital de La Columna.

En ambos decretos, uno que transitó por los ayuntamientos del estado para declararse la reforma constitucional y el otro autorizado en el Congreso, la leyenda es exactamente la misma, para luego dar paso al contenido diferente.

Al calce, las firmas sí corresponden a las autoridades actuales: Elizabeth Guzmán como diputada presidenta del Congreso, junto con los demás legisladores de la Mesa Directiva; así como a la gobernadora Maru Campos y a su secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

Es obligada la fe de erratas de inmediato porque, obviamente, el expanista y hoy senador de Morena ya no puede expedir decretos. Es algo esencial el nombre del jefe del Ejecutivo que promulga las leyes, para que estas puedan considerarse válidas.

Lo que resulta increíble es que quien edita el Periódico Oficial -una dependencia directa de la Secretaría General de Gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo- desconozca el nombre de quién encabeza la gubernatura.

Tremendo yerro es atribuido a Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, quien depende del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, a quien, suponemos, le debe haber caído muy de peso el recalentado.

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Por cierto, con la declaratoria oficial de la reforma al Poder Judicial, que festejaron los coordinadores parlamentarios de Morena y el PAN, Cuauhtémoc Estrada y Alfredo Chávez, empezó la cuenta regresiva para jueces y magistrados estatales.

Dicen que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezado por la magistrada Myriam Hernández, no han doblado las manos quienes recurrieron al amparo y buscan todavía instrumentos jurídicos nacionales e internacionales para combatir la reforma.

Sin embargo, están conscientes de las implicaciones políticas del cambio constitucional y, por lo tanto, de que su periodo llegará a su fin antes de obtener resoluciones judiciales, favorables o desfavorables.

Así, con independencia de los siguientes pasos para organizar la elección judicial, al menos un centenar de juzgadores han comenzado a despedirse en los tribunales, porque los siguientes meses van a pasar volando.

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En el 2021 el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró públicamente que México no accedería a deportar a los migrantes que sean expulsados de los Estados Unidos por nuestro país, pero en la realidad, realizó por cielo y tierra traslados de indocumentados a otros países.

Muchos otros migrantes, miles, con trámites pendientes ante autoridades norteamericanas, por elemental principio de humanidad, permanecieron en suelo mexicano, en Reynosa, Piedras Negras, Tijuana, Laredo y por supuesto Juárez, entre otras ciudades fronterizas. Hacinados y bajo el peligro latente del crimen organizado.

Ahora con seguridad pasará lo mismo, con un Donald Trump empoderado y con las órdenes ejecutivas listas para endurecer la política migratoria. En México habrá expulsión y a la vez tolerancia, dependiendo de la situación migratoria de cada persona, de acuerdo al antecedente.

El asunto es que el gobierno mexicano está urgido de un cambio en ese manejo, bajo el mando de un responsable que sí atienda la operación. Pero no termina de soltar el cargo el procesado Francisco Garduño, agarrado con uñas y dientes a la silla en la que hizo mucho daño.

Inexplicable dónde está el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón, en los hechos ya designado. ¿Está vacacionando después de dejar la gubernatura cuando el tiempo corre y está encima el relevo presidencial en la Unión Americana? Han transcurrido diez y días desde que entregó el cargo a su sucesor Alejandro Armenta, ¿y luego?

Hay un plan de acción adelantado por la presidenta, en conjunto con los gobernadores y seguramente con alcaldes de la frontera, pero no puede ella estar en todo.

Ya obtuvo Garduño del juez de la causa penal que se le sigue por la muerte de los 40 migrantes, la comodidad de firma quincenal casi a unas cuadras de su casa; ya enturbio innecesariamente el tema migrante denostando al Padre Solalinde, llamándolo “el pollero de dios”.

¿Qué otra tropelía va a hacer como chivo en cristalería estos días que le quedan al frente de tan delicado encargo?