-Quitan rigor a la ley en muerte de niñas

-Las apuestas son para Lily Méndez

-Ni Joob ni Amparo debieran ilusionarse

-Ojeras de funcionarios electorales

Cuando creímos que los representantes institucionales del Ministerio Público y judiciales marchaban sincronizados como relojitos en el caso del estadunidense, Henry R., apresado por matar en accidente vial a tres niñas-adolescentes el lunes de la semana pasada, no ocurrió así.

Una vez detenido el individuo tras protagonizar la fatalidad en el bulevar Norzagaray a la altura del Centro de la ciudad, fue imputado por los delitos de homicidio doloso, lesiones y daños, pero el lunes le fue reclasificado a imprudencial el delito por el juez Carlos Jaime Rodríguez García.

Alguna razón de peso más que la objetividad de los hechos debió tener el juez para negar al Ministerio Público la vinculación a proceso por homicidio doloso. El norteamericano andaba drogado y trató de huir de un primer choque antes de golpear el vehículo de las menores.

Eso fue considerado suficiente por la Fiscalía zona norte para consignarlo por homicidio intencional, pero el juez concluyó que el conductor violó los reglamentos de tránsito “no por una decisión consciente, sino viciada por el estado de intoxicación”.

Pero la intoxicación fue consciente; por lo tanto, era consciente que podría provocar una tragedia como la acontecida enlutó no solo a la familia de las niñas sino a todos los juarenses. Ni modo que el intento de fuga tampoco haya sido razonado.

Y con otras agravantes, Henry R., andaba en Juárez cargando un largo historial delictivo en El Paso y otras ciudades de los Estados Unidos.

Nomás faltó que el juez le decretara el cambio de medida cautelar a libertad; por lo menos quedó en prisión preventiva por algún tiempo.

Ojalá el Plan C cambie el estado de cosas en el Poder Judicial.

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Si los cálculos no fallan o son modificados durante los próximos días, Juana Ramona García dejará su función como encargada del despacho de Gobernación estatal y será asumido de manera definitiva por Lilia Ana Méndez Rentería.

Parece que el relevo completo quedó pendiente el lunes, tras el nombramiento de Juana Ramona, porque los jefes de Gobernación en la ciudad de Chihuahua; o mejor dicho, de la Secretaría de Gobierno a la que pertenece Gobernación, no soportaron un minuto más el libertinaje, por decir lo menos, de la clica que comandan los dos ahora exjefes del área, Alejandro Jiménez y Omar Baquier.

Estamos hablando de una área que maneja costales de dinero (en impuestos, claro). Supervisa y regula todos, toditos los negocios dedicados a la venta de alcohol, restaurantes, centros comerciales, antros, cantinas, centros nocturnos, salones de fiestas, terrazas, espectáculos, expendios...y si nos apuran tantito, también los after.

En la ciudad de Chihuahua comparten atribuciones legales sobre todos esos negocios los gobiernos estatal y municipal; en Juárez no, acá el control absoluto es de la autoridad estatal.

Jiménez y Baquier cayeron porque traían denuncias acumuladas por montones, así que urgía al menos la salida del segundo de ellos. Meses antes le había sido tapado el ojo al macho con Jiménez al enviarlo como candidato a regidor. Virtualmente, ya es regidor; cayó para arriba.

El perfil de Méndez Rentería, exjefa de Desarrollo Urbano con Armando Cabada, ni siquiera se acerca al de Jiménez ni de Baquier; ella es catalogada de carácter y cero mediática, dedicada únicamente a su trabajo, aunque muy disciplinada. Si le ponen cerca a alguien “operativo” en ese bajo mundo del alcohol nocturno no tendrá problema.

Es muy cercana a Armando Herrerías, nombrado el lunes jefe de la oficina de Transporte en Juárez, aunque parte de su origen en gobierno viene del municipio de Chihuahua. Allá fue de las confianzas del exalcalde priista, Marco Adán Quezada, hoy chapulineado en Morena.

Será interesante Lily en Gobernación; o sería interesante si no se cae antes de llegar.

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La próxima renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) mantiene alebrestados a más de uno en esta frontera.

Nombres como el de la diputada federal, Daniela Álvarez, la diputada local Marisela Terrazas y los regidores Amparo Beltrán y Joob Quintín Flores, este último damnificado un cambio del gabinete estatal, siguen sonando fuerte.

Podríamos decir, sin embargo, que solo las diputadas tienes posibilidades al menos de aparecer en las listas de candidatos en Chihuahua, en donde se enfrentarían a los aspirantes favoritos de Palacio como Paco Navarro y el mismo Gabriel Díaz, si éste decidiera cambiar de opinión y buscar la reelección.

Dicen que los regidores juarenses no llegarían ni a Samalayuca si finalmente le entraran a la refriega, aunque la regidora Beltrán haya estado tan cerca de Dios y tan lejos del infierno, por aquello de que durante la campaña presidencial del PRIAN fungió como secretaria particular de Xóchitl Gálvez, mientras que a Quintín Flores se le acabó la gasolina desde que su padrinazgo fue desterrado de la administración  estatal.

Y aunque Joob ha insistido en levantar la mano un día sí y otro también, tal parece que ha venido gritando en el desierto, de Samalayuca claro, ya que parece que nadie lo ha escuchado. Enfrenta dos poderosos obstáculos.

Uno, es precisamente pertenecer a un grupo panistas interno muy escuálido; y otro, haber insultado a su jefe estatal partidista Gabo Díaz, a quien entre jaiboles y habanos le dijo que su única estrategia frente a la falta de resultados era llorar ante la jefa gobernadora. El regidor recibió una airada respuesta y desde entonces se ganó el nuevo mote de “el hombre invisible del PAN”.

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En total fueron al recuento cerca de nueve mil paquetes electorales en la mayoría de las asambleas municipales.

En la elección de diputados fueron revisados voto por voto tres mil 236 paquetes; en la elección de Ayuntamiento lo mismo ocurrió con dos mil 871 paquetes y en la elección de síndico con dos mil 562.

Esta tarea fue desarrollada por el personal de las asambleas municipales con auxilio de enviados de las oficinas centrales del Instituto Estatal Electoral, particularmente en aquellos casos complejos.

Estas tareas requirieron trabajo continuo de bastantes días, hasta en tres turnos de distribución de chamba; en el caso de Juárez, en la elección de diputados, fueron cuatro días, cuatro horas con 22 minutos lo que duró el recuento, y para ayuntamiento tres días, ocho horas y 29 minutos.

Por las mismas ocurrió en Chihuahua donde fueron requeridos para diputaciones tres días, siete horas y 16 minutos, y para Ayuntamiento tres días cerrados, y eso que en esta ciudad y en la capital hubo ayuda de las asambleas auxiliares habilitadas, que si no, ahí seguirían.

Éstas tareas fueron realizadas sin interrupción alguna, salvo en aquellas ocasiones en que hubo desorden por parte de la asamblea, como ocurrió en la ciudad de Chihuahua, donde hubo tiempo muerto que hizo insoportable la tarea del recuento.

Falló en general la capacitación a funcionarios de las asambleas municipales y al mismo personal operativo de organización y capacitación electoral del Instituto, la mayoría de las veces por falta de perfil y disposición de los ciudadanos.

El informe rendido por la responsable de organización electoral en el IEE, Silvia Ivonne Ortega, es puntual y profesional en el análisis, con autocrítica y generación de áreas de oportunidad para mejora.

Por ejemplo, establecer medidas para la capacitación en cómputos, un mayor compromiso del personal de las asambleas, mejorar la gestión del personal auxiliar, y una mayor familiaridad con el sistema informático utilizado.

Agregaríamos por el lado de los partidos algo imposible, prudencia para evitar exabruptos y posiciones ilógicas al revisar ciertos votos, aferrados por rescatar boletas a favor a como diera lugar en las mesas del recuento, dando pie a interminables discusiones y arrebatos durante el recuento.