El retrato de las mujeres adultas mayores más común en el imaginario de las y los mexicanos, es de aquella mujer de cabello blanco, cuyas manos hacen delicias culinarias capaces de reunir a toda la familia, que siempre saben cómo resolver un dolor o enfermedad y proveen a toda la familia un amor incondicional.

Con la edad, y con mucho romanticismo de por medio, las mujeres en México se convierten en “santas abnegadas” cuya edad no limita el “gustoso” cuidado que brindan a su familia. Parecería que desde ese pedestal de “santidad” en el que colocamos a las mujeres adultas mayores, se justifica la función de cuidados que la sociedad les delegó y asumió que es de sencillo cumplimiento. Lamentablemente, los números nos muestran un escenario completamente diferente, uno en que las mujeres mayores de 60 años son uno de los grupos más vulnerables de nuestro país.

Empecemos con algunos números que nos muestren la enorme brecha de desigualdad que nos toca reivindicar: más de 18 millones de personas en nuestro país tienen 60 años o más; de ellas, (de acuerdo con datos del INEGI) el 53.7% son mujeres, el 55.8% tuvo en promedio 8 hijos o más. Tan sólo de este dato, podemos imaginar por qué se les identifica como una “santa cuidadora”.

El dato más desgarrador es que de la totalidad de la población mexicana que se encuentra en pobreza o pobreza extrema, el 54.2% son mujeres adultas mayores de 60 años (CONEVAL), dentro de las que destacan las mujeres indígenas, afromexicanas y aquellas que viven con alguna discapacidad. En el otro 45.8% de población en pobreza se encuentran hombres mayores de 60 años, hombres menores de 60 años y mujeres mejores de 60 años.

Las políticas públicas deben construirse para resolver las problemáticas que se generan socialmente y de la misma manera se deben resolver. Esta simple numeraria nos indica la urgente necesidad por atender a las mujeres, especialmente, a las adultas mayores que han sufrido años de desigualdad para acceder a las oportunidades que pudieran haberles dado un futuro con mayor certidumbre, en el que tuvieran garantizados derechos básicos como un servicio de salud o a una pensión que retribuyera el trabajo realizado a lo largo de su vida, aunque no fuera asalariado.

¿Cómo se edificó esta gran brecha? La gran mayoría de las adultas mayores de 60 años y, sobre todo, las que pertenecen a comunidades indígenas, tuvieron un acceso a la educación, a la salud (que no dependiera de seguridad social de un hombre), a la vivienda propia y al trabajo remunerado.

En el caso de Juárez, aunque el muy cuestionable empuje que la maquiladora propició para el trabajo formal de las mujeres, las obligaciones impuestas por la sociedad dentro del hogar permanecieron. Este incumplimiento generó situaciones de violencia que incluían violencia económica, sin importar que fuesen ellas quienes proveían el recurso para el mantenimiento del hogar. La entrada y salida laboral constante de mujeres que sufrían violencia en el hogar como consecuencia de la supuesta desatención a sus obligaciones propició la falta de acceso a un sistema de pensiones que, al llegar a sus 60 años, les pudiera garantizar un ingreso.

Por otro lado, lavar ropa ajena, vender artículos de segunda mano en tianguis, limpiar de otras viviendas y algunas otras actividades emergentes, representan las actividades por las que las mujeres obtienen sus ingresos. Al no tener una pensión garantizada, por no estar en un sistema laboral formal, la manera en que obtienen sus ingresos sigue siendo tan incierta como antes. Este sector fue condenado a la pobreza. Las imposiciones sociales que vivían cuando sus hijos eran pequeños implicaban que la mayor parte de su tiempo tenían que dedicarlo al cuidado. Ahora, ese círculo se repite con los nietos, su pareja o, incluso, ellas mismas. Hoy por hoy, esos alimentos que siempre brindan y esa unión familiar en la cocina, sigue siendo solventada por el trabajo no remunerado de una mujer, quienes ahora, son violentadas por sus hijos e hijas (tal como lo constata la ENDIREH 2021).

Una pensión no contributiva de 3,000 pesos bimensuales para este grupo de mujeres es solamente un pequeño paso hacia la justicia, una retribución por lo mucho que les debe sociedad. La autonomía económica es parte del camino y la dignificación del trabajo de sus vidas es el gran objetivo por cumplir.