A sus escasos 22 años de edad, Lilia Estefany Ch. P., forma parte de un grupo del crimen organizado. Fue detenida por agentes ministeriales el 11 de junio a las dos y media de la tarde tras mantener secuestrados y torturados a 13 migrantes de los que había recibido el grupo delictivo, La Empresa, 350 mil pesos por cada uno.

Los agentes del Ministerio Público ofrecieron a Lilia Estefany calidad de testigo protegido si ofrecía mayor información sobre el secuestro, detalles de todos los participantes, datos sobre La Empresa, etc. Ella les respondió con una sola señal, alzó su mano derecha, unió los cinco dedos y extendió ante los policías el dedo medio, o el llamado dedo grosero.

No le importó a la detenida, quien portaba una pistola calibre nueve milímetros; ni a Diana Michell, S. V. de 20 años de edad, ni a otros dos jóvenes de edades similares, ni a otros dos menores de edad, los ofrecimientos de los agentes para atenuar las agravantes de los delitos cometidos a cambio de información de las actividades de su grupo.

Todos ellos mantuvieron secuestrados a 13 centroamericanos en un domicilio de la colonia Barrio Nuevo entre el primero y el 11 de junio.

Erizan la piel los testimonios dados por las víctimas tanto al momento de ser rescatados por los elementos de la Fiscalía de la zona norte, como los confesados por los propios detenidos en las audiencias judiciales.

Las imágenes en las fotos enviadas por los delincuentes a las familias de los extranjeros son explícitas de los daños infligidos, piel quemada, agresiones sexuales, golpes a todos en todos sus cuerpos. La completa indefensión de los cautivos no generó en los agresores ningún sentido de compasión.

Esa es una película de terror de las miles generadas por la delincuencia organizada en la ciudad. Son despiadados los métodos, deshumanizados, que utilizan sus integrantes para agredir a sus objetivos.

Aseguran en narcocorridos y entrevistas mediáticas light que solo atacan sin clemencia a sus rivales, pero frecuentemente tenemos que sus víctimas son también miembros más que indefensos de la sociedad en general. Ahí tenemos a esos migrantes, o a los productores de televisión que el miércoles temblaron de pavor al ser asaltados y retenidos por un grupo de traficantes de personas.

Aún con las miradas de asombro por parte de los analistas en temas de seguridad y el horror de los mexicanos prácticamente en todo el territorio federativo derivado de los índices de violencia nunca vistos en la República, es un asunto convenientemente alejado del discurso gubernamental.

Hoy por hoy está centrada la discusión nacional en el imparable incendio provocado contra el Poder Judicial federal que sin duda será extendido a los estados y a los llamados organismos autónomos.

No quedará piedra sobre piedra de todas esas instituciones como hoy las conocemos; no porque lo haya dicho el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sino porque lo ha confirmado la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Las 24/7 son usadas hoy por hoy prácticamente para ese asunto; por lo tanto, el grave problema que representa la operación de la delincuencia organizada, pegada por supuesto a la delincuencia común, no merece análisis de fondo, planeación y menos ejecución.

Periódicamente, son expuestas por el Gobierno de la República las estadísticas sobre violencia y las acciones desarrolladas para frenarla, pero la realidad nos grita o que hay una extraordinaria simulación pariente cercana de la corrupción o que la ineficacia es tal que han sido ampliamente rebasadas policías municipales, estatales, federales e instituciones castrenses en funciones de policía civil.

Ese botón de muestra con el que iniciamos esta columna es uno de los clásicos de operación delictiva organizada, ese delito por excelencia responsabilidad de atacar por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los seis jóvenes detenidos por el secuestro de los 13 migrantes forman parte de un grupo que opera desde hace más de 10 años toda clase de delitos; algunos de ellos, los llamados del fuero común, atacados por policías municipales y estatales, pero no el principal de ellos, el de delincuencia organizada, por la ausente FGR.

Junio fue uno de los meses más mortíferos en lo que va la administración de AMLO con dos mil 363, según los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana expuestos en mañanera presidencial. Mayo ha sido hasta ahora el más violento de todo el año con dos mil 657.

Van cerca de 180 mil asesinatos durante la administración de López Obrador. Fueron 60 mil y 120 mil, respectivamente, con los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón; 156 mil quedaron registrados en el régimen de Enrique Peña Nieto

Casi todo el país es tremendamente golpeado por la criminalidad. Guanajuato, Tijuana, Colima, casi todo Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, el Estado de México, Chiapas, Sinaloa, Sonora... Chihuahua.

Hace años que el municipio de Chihuahua no sufría un mes tan violento como junio, con más de 50 asesinatos; en esta frontera fue rebasada la cifra de 100. Fue el segundo mes más violento del año. Ayer por la mañana julio registraba 40 asesinatos en Juárez, 25 en Chihuahua. La misma tendencia del mes pasado.

Después de la jornada electoral del 2 de junio quedó claro que el país puede caer a pedazos en materia de seguridad o sin medicamentos en los hospitales públicos pero el partido en el poder puede ser ratificado por la mayoría ciudadana hasta con buen copete en las urnas por el efectivo de los programas sociales.

Es un drama. Resulta incomprensible que el régimen federal no atienda al menos con igual prestancia a la seguridad que a los subsidios económicos generales cuyo objetivo es innegablemente político-electoral.

Desde el punto de vista muy pragmático puede concederse que la Cuarta Transformación despliegue una estrategia específica para agenciarse votos y mantener el poder, pero hasta por humanidad con sus gobernados debiera aparejar ese despliegue con dirección eficaz, recursos económicos y energía para combatir a la delincuencia organizada.

No es admisible más eso de abrazos no balazos para las decenas de miles que han perdido la vida como causa y efecto directo de la operación delictiva organizada y porque las instituciones de gobierno encargadas de evitarlo no cumplan con su responsabilidad de combatirla.

Es familiar para los juarenses el nombre de la pandilla Mexicles. Sus integrantes siguen operando aquí organizadamente no con la misma intensidad de cuando tenían al frente como jefe a “El Neto”, Ernesto Piñón de la Cruz, pero su ferocidad sigue siendo la misma.

Recientemente, fue asesinada una de sus integrantes que inclusive hacía funciones de santera y ofrecía los cadáveres de personas en rituales de ese tipo. Murió a manos de un hombre que sería convertido en víctima de ella y varios integrantes Mexicles más.

También en días recientes fueron asesinadas, por separado y en distintas fechas, una mujer y un hombre dedicados a la venta de burritos, en clásicos homicidios con tintes de extorsión.

Es innegable por todos los ámbitos la presencia del crimen organizado. Justo mañana serán los alegatos finales de las múltiples audiencias judiciales llevadas a cabo contra algunos participantes en el fatídico jueves negro de agosto del 2022 que dejó más de 10 personas inocentes muertas en actos de auténtico narco terror.

Aun tratándose de actos no solo ejecutados por la delincuencia organizada, sino puramente terroristas, son todos procesados en el fuero común. Cero intervención de la autoridad ministerial federal.

Ha quedado palmariamente comprobado que la administración saliente no mostró (tiempo pasado) ningún interés en cumplir con esa fundamental parte de su responsabilidad, esperemos la presidenta Sheinbaum comprenda esa realidad y apareje en su administración el interés político-electoral con el regreso de la tranquilidad a ciudades, pueblos y comunidades oprimidos, diezmados, por los delincuentes.