-Un peligro exfiscal para víctimas

-Puro ruido la oposición vs “Alito”

-Pelea la caja chica con uñas y dientes  

-El tema de fondo es la sobre representación

La peligrosidad del exfiscal de Derechos Humanos, Francisco, “Paquito”, G. R., podría ser catalogada de enfermiza.

Lloró durante las audiencias judiciales que derivaron en prisión preventiva (replicamos en versión digital el video correspondiente) pero retomó su carácter amenazante contra sus víctimas apenas le fue retirada esa medida cautelar por la libertad bajo algunas condiciones.

Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como jueces de distrito quitaron el caso a las autoridades ministeriales y judiciales de Chihuahua por interés y presión meramente políticas.

Ahora ambas entidades o los funcionarios que han llevado el asunto están metidas en menudo lío de víspera potencialmente riesgosa para las víctimas del exfuncionario de la Fiscalía General en el régimen de Javier Corral Jurado.

Ha sido comprobado por asesores y defensores que “Paquito” amenazó abiertamente a una de las víctimas apenas dejó la prisión tras arrebatar la FGR el caso a la Fiscalía General y colocarlo en juzgados federales a modo de dichos órganos y del exgobernador, Javier Corral, involucrado por múltiples testimonios en las mismas prácticas de tortura psicológica.

En todo el entramado judicial fue conseguido por las víctimas un amparo, en septiembre del 2023, que admite la existencia de tortura aunque por el solo delito de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Después de esa decisión ha logrado “Paquito” seis ocasiones el diferimiento de audiencias porque su defensa “no ha estado preparada” con las pruebas a su favor.

Es obvio que carece de pruebas a su lado porque los testimonios en su contra son contundentes.

El  grave problema es la permanente indefensión en la que se hallan las víctimas tanto frente a la peligrosidad del exfiscal como de su patrón, el exgobernador Corral. Este viernes está programada de nuevo la aplazada audiencia...con algo saldrán para no llevarla a cabo.

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Mucho ruido y pocas nueces es el que han hecho algunos priistas opositores a Alejandro “Alito” Moreno, entre ellos el exgobernador chihuahuense José Reyes Baeza.

Pretenden frenar su reelección como presidente nacional del tricolor por lo menos otros cuatro años, luego de cinco años que lleva al frente de la dirigencia.

Si bien han presentado media docena de impugnaciones ante el máximo árbitro electoral, hasta el momento no han presentado una sola alternativa de contrapeso de cara al proceso de renovación de dirigencias cuyo registro arranca el próximo lunes 22 de julio.

De acuerdo con la convocatoria, del miércoles 24 de julio al sábado 10 de agosto, será validado el período de campaña interna.

El domingo 11 de agosto se llevará a cabo la elección, cómputo y presentación de resultados en asamblea de consejeros nacionales.

Lo malo es que no ha surgido otra planilla para hacerle frente al que algunos acusan de terminar de dilapidar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con los resultados de las pasadas elecciones del dos de junio.

Por las vísperas, en caso de que nada más se registre una sola formula, podría eliminarse el período de campaña y convocar a asamblea antes del 11 de agosto.

Así veremos al exgobernador campechano alargarse hasta el 2028; y si no es que hasta el 2032, como lo anticipan algunos analistas y lo pretende “Alito”.

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Con la reelección lograda por el Partido del Trabajo, la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega Escontrías, decidió pelear con uñas y dientes la caja chica que representa la Dirección de Vialidad, desactivada desde hace más de un año junto con toda la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La presidenta municipal, sucesora como suplente de la hoy recluida Cinthia Ceballos y ahora titular tras haber ganado el proceso electoral, no ha cedido a la oferta que hizo el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, para entregar las funciones viales a la Policía Estatal, a cambio de dotar con patrullas y elementos viales a la población.

Los habitantes de Nuevo Casas Grandes han tenido consecuencias directas por la falta de una autoridad en materia de vialidad.

En la actualidad el municipio no puede dar el servicio debido a que su área de seguridad fue barrida porque los agentes no pasaron los exámenes de confianza, mientras que el estado requiere de la aprobación del ayuntamiento para hacerse cargo de esa materia, mediante un convenio entre niveles de gobierno.

Pero no esa necesidad ha motivado a la autoridad municipal a buscar el acuerdo con la estatal para suplir esta deficiencia, como son suplidos otros servicios públicos esenciales que NCG no ha podido cumplir.

Por el contrario, lejos de buscar las coincidencias, la administración de Escárcega Escontrías ha optado por profundizar las diferencias. Y ni brinda el servicio al que le obliga la ley ni le da paso al estado para que le ayude; no hace más que estirar la liga, ante una pasividad estatal que tampoco debe ser bien vista por los habitantes.

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Han transcurrido casi 50 días desde los comicios y es hora que en el caso de Chihuahua y Juárez no hay dictamen de distribución de plurinominales.

Es inaudito, con las diferencias de votos existentes en ambos municipios, que los partidos y candidatos hayan decidido por capricho presentar quejas, cuando poco ganarán por ello.

En Chihuahua la diferencia fue de 119 mil votos entre el primer lugar, Marco Bonilla, y la coalición Morena-PT, pero aquí es el doble, 243 mil votos, lo que separó a Cruz Pérez Cuellar de su más cercano contrincante.

Imposible lograr anular esa cantidad de sufragios, cuando la experiencia indica que aún y cuando sean anuladas casillas, las votaciones se mantienen en la misma proporción, por lo cual lo que podría lograrse es nimio.

Pero además, tampoco sería trascendente en materia de regidurías plurinominales, ambas coaliciones, en Chihuahua y Juárez estarían peleando dos o tres espacios, con la gran ventaja de que en ese nivel de gobierno, no hay tope de sobre representación.

Sin embargo, como es el tema, desde la elección presidencial hacia abajo, es muy seguro que terminarán los tribunales decidiendo si puede un órgano colegiado electo por la vía popular sustraerse del principio democrático que evita la sobre representación de una fuerza política o coalición.

Así es que, hasta que no sean resueltas esas quejas sobre los comicios municipales, podremos llegar a la distribución de regidurías plurinominales, ya con el tiempo encima, porque solo quedaría lo que resta de julio y agosto, con unos cuantos días de septiembre para dictaminar.