-Alegatos finales y sentencia vs Mexicles
-Crucifican a juez como advertencia a todos
-Le hará falta más que lengua para defenderse
-Quieren tres, no dos nuevos magistrados
Tenemos hoy en versión digital un video que significa un pequeño botón de muestra sobre los alcances que tenían, y siguen teniendo en menor medida, los integrantes de la peligrosa pandilla Los Mexicles.
Las imágenes muestran el “entrenamiento” a golpes a que es sometido uno de los nuevos miembros. Corresponde el video a 2022 y fue obtenido por autoridades policiacas tras las investigaciones del jueves negro, agosto.
Precisamente hoy serán en la Ciudad Judicial los alegatos finales de un largo juicio contra varios supuestos Mexicles que participaron en aquel jueves de terror que costó la vida a más de 10 personas inocentes.
Hoy será la sentencia. Debe ser ejemplar.
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Un retirado juez penal de Chihuahua, Aram Delgado García, aparece en el centro de la polémica en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, dado que está en proceso de ser presentado ante un juzgado para formularle cargos por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de su función.
El caso está limitado a la capital y el debate jurídico también, dado que, por lo que ha trascendido, podría ser acusado de delitos contra la administración de justicia por resoluciones individuales dictadas en diferentes casos, así como por su participación en tribunales de juicio oral integrados por varios jueces.
Pero aunque tiene ese límite, la situación de Delgado ha repercutido en todos los distritos judiciales del estado y tal vez por eso se mantiene con algunos frenos, luego de un intento inicial de llevarlo ante uno de los que fueron sus pares para acusarlo y pedir la vinculación a proceso.
Algunas personas en la Judicatura tratan de pintarlo como un caso ejemplar de que el sistema de justicia estatal sí funciona, ahora que está el análisis de una reforma judicial federal y nacional, motivada en gran medida por resoluciones inexplicables y sin sentido de los juzgadores en todos sus niveles.
Pero entre los jueces, desde los menores hasta los más conocidos y de mayor prestigio, ven una especie de sacrificio en la plaza pública para darles un escarmiento a todos los juzgadores de la entidad, para que la piensen dos veces antes de creer que tienen independencia a la hora de resolver.
El caso es importante y grave, especialmente por la opacidad con la que ha sido manejado. Oficialmente, nadie sabe las razones para imputarle algún delito a alguien que durante años se dedicó a juzgar a presuntos delincuentes, pero han surgido decenas de especulaciones.
Delgado ha estado relacionado en casos con sentencias controversiales. El año pasado formó parte del tribunal de enjuiciamiento en el que decidió retirar el cargo de feminicidio al asesino de una mujer en 2020; ahora incluso es reclamada la liberación del sujeto por retrasos en el proceso que hasta ponen en tela de juicio la legitimidad de la resolución judicial.
Antes, el mismo juez fue parte de otro tribunal oral que liberó al presunto asesino de una reconocida activista trans, Mireya Rodríguez Lemus, por lo que incluso la Cámara de Diputados, el año pasado, emitió un exhorto al Poder Judicial del Estado (imagen en versión digital de La Columna), para revisar la actuación de los juzgadores.
Lo curioso, y es lo que levanta suspicacias y molestias entre los jueces, es que también formaron parte de ese tribunal sus compañeros Ricardo Márquez y Lucero Morales, pero solo es uno sobre el que parecen caer consecuencias de sus decisiones.
En fin, sea cual sea la intencionalidad política y el argumento jurídico, la actuación contra un juez no ha sido del todo bien recibida en la Judicatura estatal; menos lo será si no existe mayor transparencia y claridad en el proceso.
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En el cada vez más pequeño círculo de corralistas que queda en Chihuahua, vieron el procedimiento iniciado por la Secretaría de la Función Pública, por faltas administrativas graves, como un simple intento de inhabilitar al exgobernador Javier Corral para ejercer cargos públicos.
Esto, suponemos, porque al exmandatario -que se asume como “senador electo externo por Morena”, aunque todavía no hay una declaratoria oficial de la autoridad electoral para el reparto plurinominal- no le ha caído el veinte de que ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) le va a hacer falta algo más que lengua para defenderse.
Los expertos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas dicen que tiene herramientas importantes contra la simulación en la que suelen caer quienes, al estilo del exmandatario, mienten, descalifican a otros y se dan golpes de pecho con una mano, mientras hacen sus transas con la otra.
El ocultamiento de bienes y la nula explicación de cómo los adquirió, es lo que le puede traerle más que un dolor de cabeza; si a eso se suma la defraudación fiscal por no enterar los impuestos que debió pagar por la transacción del “terreno caliente”, las consecuencias pueden ser más onerosas que la sola inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Muy seguramente sí está en el aire su escaño o alguna posición menor en el gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum. Hasta por eso, Corral debería preparar una defensa técnica adecuada en vez de recurrir a su palabrería con la que apantalla nomás a quienes no lo conocen.
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Por cierto, la reforma aprobada y publicada al TEJA contempla básicamente la creación de dos salas más para pasar de tres a cinco magistrados; esos dos nuevos llegarían a sumarse a los tres que despachan actualmente: el presidente recién electo, Alejandro Tavares; su compañero Gregorio Morales y la sancionada presidenta suspendida, Mayra Arróniz.
El trío que resuelve a paso de tortuga los procedimientos administrativos contra funcionarios, exfuncionarios y particulares, es un escudo corralista porque fue el exgobernador Javier Corral el que les regaló los cargos súper pagados por un periodo de 15 años.
Así, obviamente los nuevos que vayan a designarse en el mes de agosto, tal como quedó establecido en la norma, habrán de ser producto del consenso entre el Palacio de Gobierno y su principal fuerza política aliada, la del PRI.
Sin embargo, nos aseguran, en la torre legislativa existen muchas expectativas de que no serán sólo dos magistraturas las que se nombren, sino tres, porque sigue la operación intensa para que Arróniz renuncie y se evite la pena de pasar por un vergonzoso y humillante proceso de destitución.
Los hilos políticos de la magistrada sancionada se han estado moviendo desde hace semanas, tal vez sin la mayor eficiencia, de ahí que haya terminado suspendida por su propio Órgano Interno de Control (OIC). Pese a todo, hay quienes esperan prontas buenas nuevas de una dimisión necesaria.
Así es como el dúo de la ley habría de convertirse en trío de la realidad, para que a partir de agosto el TEJA tenga su nueva conformación... a ver si con eso comienza a servir de algo, porque tiene un lustro con muy pocos y cuestionables resultados.
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Se hicieron los occisos los fiscales de distrito de la Zona Noroeste y la Zona Occidente, Alejandro Vargas Salas y Silvia González, asentados respectivamente en Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc, ante la denuncia lanzada desde Nueva York por una asociación internacional, del posible secuestro masivo de migrantes ecuatorianos, nicaragüenses y bolivianos en Chihuahua.
William Murillo, de la organización “1800Migrante”, fue quien denunció el secuestro de unos 200 centro y sudamericanos supuestamente en Cuauhtémoc, lo que habría ocurrido a principios de junio, ante lo cual ninguna autoridad mexicana había intervenido.
Según el reclamo que hizo público, los migrantes secuestrados podrían estar ya en Juárez, de lo que tenían indicios porque familiares de las víctimas en Estados Unidos habían pagado rescate; algunas ya tenían la certeza de que estaban liberados los afectados y otras tantas seguían sin noticias, pero por esas llamadas de rescate y hasta videos enviados, podían presumir su paso por algunas localidades del noroeste de la entidad.
Pero ni el llamado de auxilio que alcanzó relevancia internacional pudo poner a trabajar a los fiscales Vargas y González, que se han especializado en nadar de muertito.
En la Fiscalía General del Estado, algunas fuentes allegadas a investigaciones sobre el terrible delito del tráfico humano, nos aseguran que efectivamente hay indicios de rutas de “polleros” que cruzan por otras poblaciones diferentes a las más conocidas, que van desde Jiménez en el sur hasta Juárez en el norte u Ojinaga en el noreste, pasando por Chihuahua y otros municipios de la entidad.
Esos otros trayectos pasan por poblaciones como las que supuestamente atienden las fiscalías Noroeste y Occidente, igual que los destacamentos de la Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional, en vías hacia las fronteras de Sonora, principalmente.
Pero tal vez como las víctimas son migrantes, poco les importa a los encargados de combatir los delitos atender esos llamados de auxilio que cada vez son más comunes en esta crisis humanitaria que vive el país, especialmente en sus entidades fronterizas.
