Ciudad de México.- La iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación fue presentada por el Ejecutivo federal desde el 5 de febrero del presente año, sin embargo, el acalorado debate sobre dicha iniciativa agarro vuelo después de las recientes votaciones, ya que la coalición Morena- PT- PVEM tendrá una mayoría calificada de dos terceras partes en la Cámara de Diputados lo que implica poder llevar a cabo reformas constitucionales presentadas por el ejecutivo, entre ellas la iniciativa de reforma al Poder Judicial.

Yo me pregunto si los y las ciudadanas “de a pie”, expresión que nombra regularmente a un actor mudo pero central en la discusión pública, es decir, un ciudadano normal y corriente que no precisamente es jurista conoce la iniciativa de reforma porque la haya leído, o por lo que circula en los medios de comunicación, en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp.

Así pues, la justificación que da el Ejecutivo federal sobre la pertinencia de la iniciativa radica en la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas vinculado con la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los juzgados federales lo que ha ocasionado falta de credibilidad en su actuación y perdida de legitimidad en sus decisiones.

Ahora bien, en este breve espacio no pretendo abordar todas las propuestas en las que se busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución, porque tan solo el documento de iniciativa consta de 142 páginas, por lo que se imaginará que las propuestas son bastantes.

En esta ocasión solo me limitaré a abordar de manera general una de ellas. La que me parece que es el eje transversal es la que tiene como fin introducir un mecanismo democrático que permita a la ciudadanía elegir por el voto directo y secreto a las ministras y ministros de la SCJN, las magistradas y magistrados de Circuito, las juezas y jueces de Distrito, y las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de quienes integran los órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación.

No cabe duda que se requiere democratizar al Poder Judicial, porque para nadie es secreto que persisten actos de corrupción, favoritismos y nepotismo en el acceso o promoción a la carrera judicial y a los cargos de mando, así como demoras injustificadas y rezago en la atención y conclusión de los juicios. Pero esa problemática no solo es visible a nivel federal sino también a nivel local. Tampoco con ello quiero decir que todos los funcionarios judiciales son corruptos porque no es así, también se cuenta con personas capacitadas, con solidez ética, moral y sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía.

Sin embargo, la necesidad de incluir un nuevo método y procedimiento de elección implica abrir el poder judicial al escrutinio público, y con ello exigir que se conduzca con transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad.  

Pero ¿cuál será ese procedimiento para la postulación de candidaturas? La iniciativa señala que se deberá emitir a través de una convocatoria, que permita a los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) proponer, procesar, votar y postular oportunamente hasta 10 personas candidatas, mismas que deberán tener una distribución paritaria de género y que deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad aplicables a cada cargo. El problema aquí es que por mucho habrá un sin número de personas que cumplan con esos requisitos de elegibilidad como lo es la edad, con una antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho y haber residido en el país en los dos años anteriores al día de la elección.

El detalle será en cómo harán los filtros de selección para postular solo a 10 candidatos por cada poder, ¿quiénes tendrán la posibilidad de ser propuestos? Porque se puede regresar al mismo circulo vicioso que pretenden acabar, ya que si no se regula de manera adecuada lo que se va a ocasionar es que se genere nepotismo y sobre todo tráfico de influencias, pero ahora al interior del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues solo postularían a sus compas, sin importar sus capacidades, su solidez ética y moral.

Aparte se sabe que estos poderes se encuentran centralizados, pareciera que fuera de la Ciudad de México no existen excelentes juristas. Como si los buenos perfiles solo se encontraran en el centro del país.

El verdadero reto es entonces integrar el listado de personas aspirantes que participen en la elección popular para renovar los cargos de mando del Poder Judicial de la Federación. 

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla