-La tortura del abogado de “El Mayo”… y de “El Chapo”

-Dos punteros en caliente elección sindical del IMSS

-Quedó Pinedo apalabrado para cantar

-¿Y si Claudia ratifica a Garduño en Migración?

 

En aquella polémica foto de marzo de 2020, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a un vehículo a saludar de mano a Consuelo Loera, mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cobró notoriedad el intermediario que distrajo al jefe del Ejecutivo de una actividad en un camino en pleno Triángulo Dorado, del lado de Sinaloa.

Fue el abogado José Luis González Meza el que guió y despidió a López Obrador unos cuantos pasos, tomándolo incluso del brazo para casi forzar el encuentro en el que la señora, fallecida años después, le entregaría una carta pidiéndole clemencia para su retoño; entonces, en plena pandemia, empezaba a ser procesado por la justicia de Estados Unidos, que habría de recetarle la cadena perpetua.

El litigante es el mismo que salió a dar la cara por Ismael “El Mayo” Zambada, en medio de la captura, entrega, rendición o lo que haya ocurrido en realidad el jueves pasado, cuando el capo del Cártel de Sinaloa fue reportado detenido por la justicia de Estados Unidos, junto con Joaquín “El Chapito” Guzmán López.

González Meza echó algo de luz, pero a la vez sembró más confusión en este caso que para ser trascendental en la historia criminal compartida por México y Estados Unidos, fue manejado con absoluta opacidad de parte del gobierno norteamericano y con altas dosis de torpeza e ingenuidad, por decir lo menos, por parte de la administración de López Obrador.

El abogado salió a decir que su cliente “El Mayo” había sido torturado por “El Chapito” y obligado a subir a un avión que lo llevaría a Texas, lo que pudo haber sido con intervención directa de agentes estadounidenses en territorio mexicano, quienes habrían ninguneado a México e ignorado el Tratado de Extradición correspondiente.

La versión del litigante llegó a aderezar las versiones extraoficiales recabadas por medios estadounidenses, que tampoco lograron posturas oficiales claras de la administración federal encabezada por el casi jubilado Joe Biden. Desde allá sostenían la hipótesis de la traición que llegó a reforzar González Meza, conocido defensor y representante de altos mandos del Cártel de Sinaloa. Pero al abogado le arrastra el colmillo y su credibilidad es tal que su versión, así como puede ser totalmente real, puede ser una ficción estratégica para que rebote en muchas bandas, entre ellas el de las familias delincuenciales involucradas, los Zambada y los Guzmán, y en la autoridad mexicana.

El viernes López Obrador y su secretaria de Seguridad, Icela Rodríguez, que para colmo es la próxima secretaria de Gobernación de Claudia Sheinbaum, hicieron un papel lamentable al poner la carota sólo para decir que México ni enterado estaba de la captura, a pesar de que había salido un vuelo supuestamente regular del territorio nacional.

El descontrol evidenciado, a tal grado de que difundieron información falsa del vuelo, la matrícula y el tipo de avión que salió de México a EU, representa uno de los peores momentos de la gestión federal en materia de seguridad…y vaya que ha tenido muchos.

¿Qué saldrá hoy a decir el presidente en su mañanera? ¿Reaccionará a los piquetes de costillas que trató de darle el abogado de “El Mayo” (que también es de “El Chapo”, de su mamá y de otros integrantes de la dinastía más célebre del crimen mexicano)? ¿Volverá a hacer el papelón de decir que todavía no sabe con claridad lo ocurrido?

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Hoy se realiza la cada vez más calientita elección del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que han salido a relucir desde amenazas entre los contrincantes hasta denuncias de que ya existen planes para vender las nuevas plazas que deberán autorizarse obligadamente para poner en operación el nuevo hospital del organismo en Juárez.

Los datos que nos reportan es que habrá 51 mesas receptoras de votos en la entidad, de las cuales 21 estarán en los centros de trabajo del IMSS en esta frontera, con un extendido horario de ocho de la mañana a ocho de la noche.

Está en juego el peso político de un sindicato que maneja nada más cinco millones de pesos al mes en cuotas que les descuenta en automático a los trabajadores, de ahí la explicación de las campañas subiditas de tono que hemos reportado en los últimos días.

Entre la decena de aspirantes, de acuerdo con los cálculos de los conocedores, la elección parece una batalla de dos bandos únicamente, en la que los punteros son Germán Iglesias y Jorge Herrera. Habrá que esperar los resultados entrada la noche de hoy.

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Durante todo su tiempo en prisión, el excoordinador de Comunicación Social del gobierno de Javier Corral, Jesús Antonio Pinedo, se había negado a hablar o a declarar en diversas carpetas de investigación relacionadas con las transas del exgobernador y otros exfuncionarios de su administración.

Supuestamente, nos dicen, se había negado porque no tenía más información que aportar de los casos que, nos aseguran, le llegaron a plantear para ofrecerle criterios de oportunidad, que no se habían concretado porque él mismo los rechazaba.

La semana antepasada, sin embargo, al parecer dieron en el clavo los agentes de la Fiscalía Anticorrupción, que le plantearon otra oferta que no pudo rechazar.

No sabemos bien a bien cuál fue el caso, carpeta o causa penal en la que Pinedo Cornejo aceptó participar como testigo, pero dicen que sí es una que involucra directamente al exgobernador, además de las que tiene encima el exjefe de Comunicación que también alcanzan al prófugo exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.

Es por ello que esta vez sí accedió a los criterios de oportunidad y el viernes 19 de julio alrededor de las dos de la tarde fue resuelto el cambio de la medida cautelar. Su salida del penal de Aquiles Serdán terminó concretándose poco después de las seis de la tarde del mismo día.

Será cuestión de semanas para saber qué tanto y qué tan bien canta el exfuncionario que acabó peleado con su exjefe y examigo, como siempre pasa con Corral, en especial cuando se topa con otra aguja de su mismo tipo.

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Con los nombramientos a cuentagotas de los integrantes del gabinete ampliado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha tomado los jueves para soltar los nombres de quienes ha designado en determinadas posiciones, en el Instituto Nacional de Migración se preguntan si la electa no habrá de salir con la mala sorpresa de dejar en su cargo al comisionado Francisco Garduño Yáñez.

Con una nueva caravana migrante en marcha desde Chiapas y el colapso general del INM, que tiene uno de sus peores reflejos en Juárez, la lógica indica que el titular del organismo no puede ni debe repetir en el cargo.

Pesa sobre sus hombros el fracaso de la política migratoria nacional, así, en general, pero en específico casos trágicos a lo largo de todo el país, por el tráfico humano desatado, los secuestros y las muertes de migrantes, algunas ni siquiera a manos del crimen sino del propio gobierno, como fue la tragedia de la estación de Juárez de marzo de 2023.

Carga Garduño un cómodo proceso penal por un delito menor, pese a lo cual Andrés Manuel López Obrador decidió dejarlo en su cargo, a pesar de un supuesto intento por removerlo de quien fuera secretario de Gobernación, Adán Augusto López, precisamente cuando ocurrió la muerte de 40 migrantes aquí.

Ratificar a Garduño sería inexplicable, como ha sido la decisión de sostenerlo. O bien, sería explicable sólo con los miles de millones de pesos que deja el tráfico humano, los delitos y la corrupción a su alrededor, que en algún lado deben ir a parar por encima del INM.

Sería un terrible mensaje una eventual ratificación que, en serio, temen que pueda ser posible al menos en el INM local.

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Hoy al mediodía, el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, presentará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado su informe anual de avances 2024. Será el último correspondiente a la legislatura actual, que ya va de salida para dar paso a la siguiente.

La presidenta y la secretaria de la comisión, Leticia Ortega de Morena y Carla Rivas del PAN, convocaron al resto de los integrantes y a los coordinadores parlamentarios para el acto oficial en el que el titular del ente fiscalizador debe entregar un reporte de los trabajos de auditoría contemplados en el plan anual.

Desde luego, hay interés en conocer los primeros resultados de las últimas revisiones realizadas, sobre todo ahora que no pasan por tamiz político del Congreso y llevan procedimientos directos de la Auditoría Superior del Estado ante el Ministerio Público y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).