-Desde Facebook cargan muertito a la jueza
-Transa de los “Alitos” del PRI con cheques sin fondos
-Juárez quiere a Claudia, pero no a todos los morenos
-Jueces en riesgo si libran cárcel narcos y sicarios
Publicidad selectiva y segmentada desde extraños portales de noticias comenzó a circular profusamente desde el fin de semana en Facebook, a raíz de la liberación del más duartista de los perseguidos por el golfista Javier Corral, o sea César Duarte.
Los anuncios están dirigidos a descalificar a la jueza penal Hortensia García, la que le cambió al exgobernador César Duarte la medida de prisión preventiva por la libertad restringida para enfrentar su causa penal.
Desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado reportan que la campañita de redes -bastante burda y atrevida porque habla de que Duarte Jáquez le habría pagado a la juzgadora por su libertad- fue vista como mera rudeza innecesaria porque cualquier iniciado en el mundo jurídico conoce algo, cuando menos, de los entretelones políticos del caso.
García Rodríguez viene desde los tiempos de Corral, cuando su operadora del Poder Judicial era Luz Estela “Lucha” Castro. Igual le tocó atender consignas para procesar a Alejandro Gutiérrez, alias “La Coneja”, exsecretario general adjunto del PRI Nacional, que ahora acabar con la pena que tenía inclusive enfermo al de Balleza, encerrado hasta el domingo dos de junio tras los barrotes de Aquiles Serdán.
El que alguien haya pagado para demeritar el trabajo de la juzgadora evidencia la estrategia para amortiguar y redirigir los ataques contra todos los involucrados en la operación para llevar a Duarte Jáquez a prisión y luego liberarlo antes de enfrentar su juicio.
Finalmente, la responsabilidad de que este caso parezca derrumbarse, igual que los otros 30 duartistas perseguidos entre 2016 y 2021, es del golfista Corral, creador de la farsa llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, por la cual todos los acusados ya están en libertad.
Claro, Corral Jurado ha salido como merolico a decir que hay todo un entramado de intereses para beneficiar a su antecesor. Con su melodramático estilo pretende esconder que la gran cantidad de casos contra el duartismo se cayeron durante su desastroso y desafortunado quinquenio.
Cargarle a la jueza un muertito que, sin lugar a dudas, le corresponde al paseño neomorenista, no fue muy del agrado de los juzgadores locales, por más que sean vistos como meros encargados de darles forma jurídica a las decisiones políticas que se toman fuera del Poder Judicial.
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Los dirigentes priistas estatal y nacional, los “Alitos” Alejandro Domínguez y Alejandro Moreno, se han convertido en los más buscados por los que fungieron como representantes de casilla del PRI en la jornada electoral del pasado domingo.
Fueron cientos de militantes los contratados o incentivados en Juárez para defender el voto tricolor y de la alianza con el PRI y PRD, a los que les prometió el partido, desde la dirigencia municipal de Mireya Porras, un pago, aunque fuera simbólico para aguantar la jornada.
Hicieron el trabajo desde tempranito el domingo dos de junio y en muchos casos hasta la madrugada del día siguiente, con cheques posfechados para cobrar durante la semana siguiente. Así les advirtieron, que los cobraran después del martes.
Pero nada, pasaron los días, acudieron a cobrar e invariablemente les rebotaron los documentos cobrables, mientras los líderes se hacían ojo de hormiga. “Alito” salía en videos contando mentiras de supuestos fraudes y falsos triunfos, mientras Domínguez preparaba la recepción de su constancia de mayoría de la diputación federal que agandalló en la capital del estado.
Ese trato a su propia militancia es reflejo fiel de su comportamiento exterior, ese que llevó al PRI al cuarto lugar en las elecciones federales en Chihuahua; a perder 11 gubernaturas estatales en dos años; a ir por primera vez a una elección presidencial sin candidato propio y a tener la más reducida bancada legislativa de todos los tiempos.
En fin, una raya más al tigre de las transas con que fue integrada la cuestionada alianza del PRIAN.
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A pesar de los discursos triunfalistas, tienen mucho en qué pensar los dirigentes de Morena en la entidad, Brighite Granados en la parte ejecutiva y Hugo González desde el Consejo Estatal, pues hay una lectura sumamente importante del proceso electoral que comparte una amplia facción de los fundadores.
El papel de la dirigencia debe revisarse a fondo a la luz de una realidad inocultable: en Chihuahua, y básicamente por Juárez, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum aplastó a la abanderada del PRIAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, con una ventaja de unos 250 mil votos. Sin duda la aportación extraordinaria del reelecto alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.
No ganó la morenista los distritos seis y ocho de la capital, allá se impuso Gálvez gracias a la buena campaña de los candidatos panistas que comandó el reelecto Marco Bonilla, pero también a causa de las omisiones morenistas en la designación de candidatos y en la simulación de la unidad inexistente.
En los otros siete distritos electorales federales, los cuatro de Juárez y los de Delicias, Cuauhtémoc y Parral, Sheinbaum Pardo ganó con márgenes muy amplios. En la frontera rebasó el 70 por ciento de las preferencias en tres demarcaciones y en una casi le pegó al 80.
Sin embargo, los candidatos a diputados federales, a diputados locales, a alcaldes, regidores y síndicos, quedaron muy lejos de la marca de su candidata presidencial fuera de esta frontera.
No fue una estrategia de votos cruzados de los partidos ni resultado de la anticampaña prianista con su excesivo “go negative”; tampoco fue la alianza federal no aterrizada en lo local, sino el producto de malos candidatos mandados sin estrategia ni apoyo del partido, en medio de una pugna que, de no existir, ya tendrían a Morena gobernando el estado.
El resultado fue que los candidatos morenistas a diputados locales quedaron más de 250 mil votos abajo que Sheinbaum, mientras que los aspirantes a diputados federales terminaron con menos de 200 mil sufragios que su candidata presidencial.
El mensaje de que Chihuahua quiere a Claudia, pero no a los morenos, algo debería decirles y hacerlos reflexionar, en vez de seguir en la fiesta por un triunfo nacional que no les es propio a los morenistas del estado, menos a los que están en la dirigencia.
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Con el debate en el aire sobre la prisión preventiva oficiosa que podría eliminar por inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde crece la preocupación es entre los jueces federales, que, en al menos cinco estados, incluido Chihuahua, deben trabajar a veces con medidas extremas de seguridad.
Con el sistema actual, sobre esos juzgadores de primera instancia penal federal recaen decenas, cientos de casos al mes, más bien, de narcos y sicarios, algunos cuantos de mucho peso y mayor capacidad de fuego que cualquier corporación.
La reclusión al mes de detenidos por delitos del fuero federal alcanza cerca de 500 casos, la mayoría en el Cereso 3 de Juárez y una buena cantidad también en el penal de Aquiles Serdán. Los presuntos responsables de estos delitos en este rubro suelen ser los más peligrosos, más allá de que tengan o no un juicio justo o si resulta cuestionable el debido proceso. Esa es la verdad más allá de tecnicismos jurídicos.
A los juzgadores les quita presión el hecho de que la prisión preventiva por oficiosidad esté en la Constitución. Tienen más formas de quitarse encima la clásica de “plata o plomo” si la ley les obliga a dictar la cautelar, que si deben decidirla de forma justificada, porque a veces, pese a la peligrosidad de un presunto criminal, es imposible sostenerla con los elementos que aportan los agentes del Ministerio Público Federal.
Entonces, es en el fuero federal donde los jueces penales federales ven el mayor riesgo de la posible eliminación de esa figura que, de acuerdo con el derecho internacional, resulta inadmisible, aunque para algunos la realidad del país, con un pisoteado estado de derecho, sea más grave e importante que el respeto pleno a los derechos humanos.
