-Pagan con sangre negligencia de maquilas

-El suicidio de Marko en el ataque vs Xóchitl

-Tiene atravesada reforma al TMEC

-Que Sedena y GN estarán por encima del MP

La Secretaría General de Gobierno, la Subsecretaría de Transporte y las empresas manufactureras no pueden esperar más para meter en cintura a la mafia que opera en este sector, tras la tragedia que cobró la vida de una pareja y dejó en la orfandad a un niño pequeño.

Este es un jugoso negocio que mueve a más de 70 mil empleados de la maquiladora cada día, lo que da una idea de la magnitud de los intereses que deben estar en juego; son tantos como para que, en la absoluta inmoralidad, no les importe la vida de los juarenses que salen todos los días a la calle a buscar el sustento.

Son alrededor de cuatro mil camiones, la mayoría chatarras con ruedas que, además, circulan sin placas y conducidos por operadores sin responsabilidad, que casi sin problema alguno pueden abandonar su unidad y perderse tras ocasionar graves accidentes.

Detrás de esos camiones ilegales están no sólo sus ricos dueños, sino las empresas del sector manufacturero que contratan a irregulares prestadores del servicio de transporte o se hacen de la vista gorda ante las que, siendo legales, arrendan o subcontratan a otras que son un peligro para la sociedad entera.

Esta mafia es la responsable directa de la muerte de los esposos Mario Palomo Cháirez y Vanessa Sandoval y las graves heridas de su pequeño hijo Gael, de siete años de edad, internado en estado crítico en el Hospital Infantil.

La consecuencia fatal de ese descontrol que priva en el sector vino a sumarse a los más de 200 accidentes en los que participaron ruteras en este año, pero agravó la situación la huida de un conductor sin el mínimo valor civil para enfrentar lo ocurrido, gracias a la protección que le brinda operar desde la ilegalidad.

La unidad con número 8920, modelo 2009, al parecer subcontratada por una empresa en regla que da servicio a la maquiladora Align en Juárez, circulaba sin placas y a exceso de velocidad por la avenida Antonio J. Bermúdez, dentro del parque industrial por donde todos los días hacen y deshacen los despreocupados choferes que llevan decenas de vidas en sus manos.

Este caso y los demás hacen urgente, inaplazable, la renovación del sector y vencer las viejas prácticas en el sistema de transporte de personal que han impedido su modernización.

De ese tamaño es el reto del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, y de su subsecretario en el ramo, Luis Manuel Aguirre.

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La de Xóchitl Gálvez es una figura liberal, guerrera, coloquial, que no encaja en el panismo pseudo mocho, fingido, centavero, de Marko Cortés. Son dos polos diametralmente opuestos. Son agua y aceite.

Ahora es evidente que para el líder en el país del Partido Acción Nacional (PAN) no cabe en el partido la  exprecandidata del PRIAN a la Presidencia de la República.

Ambos son panistas de muchos años, ella más antigua que él, pero Cortés ha escalado a múltiples cargos por sórdidas estrategias de facción, no por su capacidad ni su eficacia individual. Esa es la gran diferencia con la “señora X”, cuyos méritos han sido propios.

Xóchtil lloró antes y después de la apabullada sufrida a manos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero sus lágrimas fueron ocasionadas más por el maltrato de su líder partidista que por la misma derrota.

Las agresiones rudas y continuadas, en público y en privado, derivarán en una crisis interna para Acción Nacional que lo conducirá a un debilitamiento sin precedentes.

No dejará la facción de Cortés que Xóchitl y sus aliados se reposicionen en el partido ni Gálvez estará dispuesta a mayores agresiones y afectaciones a su dignidad ni como persona ni como militante del blanquiazul.

Es sombrío el panorama para el partido que prometía convertirse en contrapeso de la Cuarta Transformación y ha quedado disminuido a un pequeño rompecabezas bastante maniobrable para el nuevo, indiscutible, partido mega mayoritario de México, Morena.

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Durante muchos años hubo discusión acerca del nivel que tenían los tratados internacionales en el orden jurídico interno de México, hasta que vino la reforma constitucional de 2011, que le dio a esos acuerdos el mismo rango que la Constitución.

Lo anterior significa que los tratados firmados por nuestro país tienen la misma estatura y obligatoriedad que la Carta Magna.

Bueno, pues esa reforma será un dique que deberá tumbar la 4T antes de ir en contra del Poder Judicial, porque estaría violando muchos, si no es que todos los tratados que México ha firmado, unos 270.

Solo para darnos una idea, revisamos el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, del cual depende en mucho la economía nacional; en sus cientos de páginas, repletas de artículos jurídicos altamente técnicos, hay diversas salvaguardas para el sistema judicial.

En el mencionado TMEC aparece 158 veces la palabra judicial, siete veces las palabras debido proceso y siete veces la palabra imparciales.

Por ejemplo, en el artículo 14.6, las partes firmantes del tratado se obligan a otorgar a las inversiones un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido trato justo, equitativo, protección y seguridad plenas.

“(a) trato justo y equitativo incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos judiciales penales, civiles o contencioso administrativos de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas jurídicos del mundo”.

Y “(b) protección y seguridad plenas exige a cada Parte otorgar el nivel de protección policial exigido conforme al derecho internacional consuetudinario”.

Uno más.

“Artículo 24.6: Asuntos Procesales…2. Cada Parte asegurará que las personas con un interés reconocido conforme a su ley en un asunto determinado tengan acceso apropiado a procedimientos administrativos, judiciales, o cuasijudiciales para la aplicación de las leyes ambientales de esa Parte, y el derecho a buscar sanciones o reparaciones apropiadas para las violaciones de esas leyes”.

“4. Cada Parte dispondrá que las audiencias en estos procedimientos sean conducidas por personas imparciales e independientes que no tengan interés en el resultado del asunto. Las audiencias en estos procedimientos serán abiertas al público, salvo cuando la administración de la justicia requiera algo diferente y de conformidad con sus leyes aplicables”.

Lo anterior no podrá garantizarse con una elección en urnas de ministros, magistrados y jueces, propuestos por el gobierno federal, sin exigir capacidad técnica,  por lo cual serán juez y parte,  burdo juez de consigna, lejos de la imparcialidad exigida al menos por el TMEC.

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Precisamente sobre el mismo farragoso tema, no tiene desperdicio alguno el grueso texto elaborado por diversos docentes de la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, referente a cada una de las 20 propuestas de reforma constitucional presentadas por López Obrador.

Comprensible la reacción molesta de AMLO, reclamando “por qué se meten”, en mensaje dirigido a la UNAM, porque nada más la introducción al robusto texto es demoledora.

Tomamos solo lo relativo a la reforma penal, y ahí se advierte un franco retroceso, porque habrá un rediseño en la persecución de los delitos, dándole manga ancha al Ejército y a su brazo policial, la Guardia Nacional.

“Actualmente –dice el texto-, la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, que actúan bajo la conducción y mando del primero”, pero “con la reforma, las policías y la Guardia Nacional podrán investigar sin estar subordinadas al Ministerio Público. Esto quiere decir que los militares podrán realizar lícitamente y por sí mismos actividades de investigación del delito”.

“Con ello se modifica radicalmente todo el proceso penal y la relación entre el poder civil y poder militar, que ya no estará subordinado al primero”; además “se mantiene viva y se refuerza la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que ya fue declarada inconvencional por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.

Así –concluye el texto-, “las fuerzas armadas en sus funciones de seguridad pública no tendrán que vencer la presunción de inocencia propia del proceso penal acusatorio. Basta con la adecuada tipificación de la conducta para que se desencadene una larga prisión preventiva”.

Es el texto una estocada a la 4T, de ahí el berrinche presidencial con llamada de atención a la UNAM, que de inmediato se desligó del documento y anunció la realización de foros.