-Fue tragedia tema en reunión de seguridad

-Cabeza de magistrada en bandeja de plata

-Cenaron ministros en primer foro

-Sigue en el abandono la Chihuahua-Juárez

Es muy bueno que hasta el momento no se haya atravesado ningún duende de la impunidad tras el accidente ocasionado por un estadunidense intoxicado con drogas que privó de la vida a tres niñas-adolescentes el martes en el bulevar Norzagaray de esta frontera la tarde del lunes.

El tema fue abordado a detalle en la reunión de seguridad llevada a cabo ayer entre representantes de los distintos órganos de gobierno. Es la que preside los viernes el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

Un enviado de la Fiscalía de la zona norte, en este caso el jefe de homicidios, ofreció todos los detalles sobre los avances de ese caso que ha conmovido a los habitantes de esta ciudad.

Tres niñas fueron arrebatadas a su familia en un instante solo por la terrible imprudencia de Henry R. al conducir a exceso de velocidad en calles de la ciudad y entorpecido por cocaína y mariguana.

Regularmente, este tipo de hechos son catalogados por los juzgadores como homicidios imprudenciales aun cuando el Ministerio Público los presente como dolosos por las agravantes desarrolladas durante los mismos.

Esta vez el juez que lleva el caso valoró todas las pruebas aportadas por peritos de Vialidad Municipal, los propios investigadores de la Fiscalía de la zona norte y no vaciló en aceptar que se trató de homicidio doloso no únicamente porque el individuo conducía drogado, sino porque trató de huir de un primer choque, previo a impactar el auto tripulado por las tres menores.

La explicación fue ofrecida a jefes de corporaciones policíacas municipales, federales; a mandos del Ejército y de la Guardia Nacional.

Quedó clara que la coordinación y la comunicación entre esos órganos de seguridad son clave para alcanzar la justicia en casos tan sensibles como el ocurrido.

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En medio del último escándalo del enorme florero que es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), dicen que quien puede poner en bandeja de plata la cabeza de la magistrada presidenta, Mayra Arróniz, es el juarense Javier González Mocken, el ombudsman estatal.

El TEJA, como es sabido, entró en una nueva crisis institucional con la suspensión de Arróniz Ávila, por una investigación que dirige el Órgano Interno de Control (OIC), una instancia autónoma del propio organismo jurisdiccional.

Detrás de la medida dictada también están las manos de sus compañeros magistrados, Alejandro Tavares y Gregorio Morales, quienes no pueden ver a Arróniz ni en pintura; además, están dos funcionarias de alto nivel del propio Tribunal que acusan maltrato y acoso laboral, lo que han denunciado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, nos aseguran, también están en la búsqueda de otras instancias para protegerse.

Lo interesante de esta nueva crisis, que mantiene con una parálisis permanente al pequeño, pero costoso tribunal administrativo (tiene para este año 135 millones de pesos de presupuesto), está en que el OIC tiene amplísimas facultades para investigar y fiscalizar al organismo jurisdiccional, pero sus determinaciones finalmente deben aprobarse por el Pleno de magistrados y no tienen un alcance más allá de sanciones leves.

Así están hechos los organismos de la gran burocracia anticorrupción; son tan simuladores que tienen dientes no muy filosos, al fin que están destinados a morder a la clase política.

Sin embargo, las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la propia norma del TEJA sí contemplan supuestos para remover magistrados definitivamente. Una de las causales es la violación de derechos humanos.

Por eso, ahí en comisión a cargo de González Mocken, podría estar la clave de una buena estrujada que bien le hace falta al gran elefante blanco creado durante el corralato, con el mismo ánimo simulador que distinguió su gobierno.

Por cierto, la magistrada Arróniz, nos reportan, ayer acudió en busca de apoyo para defenderse con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, pero hasta donde sabemos fue una mera recepción de cortesía, al fin que para eso tiene autonomía el tribunal.

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Estuvo Andrea Chávez, futura senadora, actual diputada federal, en primera fila del foro para airear la reforma judicial, en la que fueron apabullantes y terminantes los oradores que hablaron a favor de la propuesta “revolucionaria” como la llamó el alicaído Gerardo Fernández Noroña.

Aplaudió con una sonrisa de oreja a oreja la legisladora juarense, a dos lugares de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cuando dio un discurso plagado de adjetivos y postulados ideológicos, sin un solo dato objetivo.

La independencia judicial exige legitimación social, sin ello es una máscara, que cobija la corrupción, el nepotismo, la lejanía con el pueblo, convirtiéndose en defensora de la derecha, de los poderosos, les sorrajo. Fue el último clavo en ataúd con el cual se selló por anticipado la suerte del sistema judicial como hasta ahora lo conocemos.

Debió hablar la ministra presidenta Norma Piña al final, como solicitó a la Comisión de la Cámara de Diputados, responsable de organizar el foro, pero le fue negada la cortesía aún y cuando representa a uno de los poderes. Igual antes la interrumpió Bernardo Bátiz, quien reculó de su postura contraria a la elección popular de los jueces, para aceptar la postura morenista con todas sus letras.

Los ministros Pérez Dayán, Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos, moderados, respetuosos, señalaron errores de la reforma que se avecina, pero no fueron escuchados. Ni la estridencia de Dante Delgado, el líder nacional de MC, pudo opacar los gritos en apoyo a la ministra del pueblo, Lenia Batres, que fue fiera contra sus compañeros de la Corte. No dejó títere con cabeza.

Los argumentos de la ministra presidenta Norma Piña, chocaron contra la mayoría apabullante, operada magistralmente para socavar aún más la moral de los ministros, funcionarios del Consejo de la Judicatura y de la misma Corte, que pidieron diagnósticos, cifras verdaderas, datos para tomar decisiones, en lugar de críticas genéricas. “No debe pesar más la celeridad que la idoneidad”, les dijo.

Todo ello quedó en nada. Van con el respaldo popular los diputados y senadores de Morena, solo faltan ocho montajes –foros- más, para que el dictamen sea emitido en comisiones y votado en las primeras sesiones del primer periodo de la siguiente legislatura. Ni al caso la pérdida de tiempo, tres largas horas, en nada.

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La carretera Chihuahua-Juárez, este camino que conecta a dos de las ciudades más importantes del norte de México con Estados Unidos, sigue sujeto de un abandono casi criminal por parte del Gobierno federal.

A pesar de ser esencial para el turismo y el comercio, la ruta continúa inundada de baches y grietas que han causado accidentes graves y pérdidas materiales y humanas. La respuesta del Gobierno federal, o mejor dicho, la falta de ella, es alarmante.

El diagnóstico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de 2023 no deja lugar a dudas: el deterioro de esta carretera no es superficial, sino estructural.

De los 100 kilómetros de la carretera federal 45 entre Ciudad Juárez y Ahumada, 88 están en condiciones deplorables, con deformaciones y baches tan graves que los automovilistas se ven obligados a esquivarlos, aumentando los tiempos de traslado, los costos de los daños a sus vehículos y poniendo en riesgo sus vidas.

¿Dónde está la responsabilidad del Gobierno federal en todo esto? El gobierno estatal ha entrado al quite, lanzando iniciativas de reparación y bacheo emergente para mitigar el problema, pero la situación es de crisis total.

Cada accidente, cada vida perdida, cada vehículo dañado, son un recordatorio de la negligencia de la Federación.

La carretera Chihuahua-Juárez debería ser una prioridad. Es hora de que la SICT cumpla con su deber y tome medidas urgentes para garantizar que esta ruta deje de ser un peligro latente.