-Fanatismo derechairo en paro judicial

-Muestran apertura Harfuch y Maru

-Voraces magistrados dan "carnita" a Morena

-El prietito en el arroz fue Ibáñez

En la semana que termina, el personal del Poder Judicial de la Federación en Juárez desafió la indicación de regresar al trabajo desde el lunes, ya vencidos todos los plazos de tolerancia que dio el Consejo de la Judicatura Federal.

El movimiento de resistencia de los 32 circuitos judiciales del país tuvo aquí en la frontera, ni siquiera en la capital, uno de sus fuertes. Pero, nos aseguran, fueron alrededor de 40 empleados los que decidieron la suerte de los casi 500 que laboran en los juzgados federales de la ciudad.

La radicalización del movimiento impidió la apertura de los tribunales y arriesgó a sus integrantes a que les descontaran de su nómina los días de paro, después de más de dos meses de suspender labores ordinarias a manera de protesta, sin recibir sanción alguna.

Eso -reportan los trabajadores que no han estado de acuerdo con tan radical defensa de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte condenados a la extinción- ha sido obra en gran medida de Itzel Lara, quien, por servir al movimiento cilindreado desde la élite jurídica nacional, fue nombrada secretaria del Centro de Justicia Penal Federal en Juárez, sin cumplir con la carrera judicial.

Con la resistencia desmoronándose, junto con el dato del nombramiento de Lara nos mandan unas capturas de pantalla del grupo chihuahuense que adoptó como propia la protesta, en defensa de sus jefes juzgadores que ya tienen la renuncia en la mesa o la decisión de contender por permanecer como tales, como candidatos en las elecciones de 2025.

Entre esos mensajes para ponerse de acuerdo en el cierre de tribunales, brota la personalidad y el fanatismo derechairo y antimorenista de quienes, más que argumentos o ideas, descalifican la reforma judicial y cualquier razonamiento, como uno expuesto en la cuenta de X de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Queda claro el interés político de la protesta y la a veces inexplicable defensa del personal judicial hacia sus jefes jueces y magistrados.

Está claro, dicen, que también gente como Itzel Lara y otros impulsores de la radicalización, que a nivel nacional encabezó la cuestionable Patricia Aguayo, buscaban beneficios y privilegios adicionales, por alentar la protesta.

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Los mandos militares de la seguridad en el estado vieron con muy buenos ojos el encuentro sostenido el jueves pasado entre la gobernadora Maru Campos y su secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Fue la mandataria chihuahuense la que tocó la puerta del joven titular de la estrategia federal de seguridad, quien sin distinción de color alguno, como debe ser en este renglón, le dio espacio en la agenda en unos cuantos días.

Supimos que la reunión fue para que el estado reiterara su voluntad de ejecutar acciones conjuntas en el marco de la nueva estrategia de seguridad presentada por el Gobierno Federal, con el objetivo de obtener los mejores resultados posibles en beneficio de la ciudadanía.

No fue mero discurso oficial, nos aseguran, sino que ambas partes mostraron disposición de trabajar de forma coordinada en la espinosa labor que les toca, talón de Aquiles de los gobiernos de todos los colores y sabores, estatales, federales y municipales.

Al Ejército, que está al mando de los batallones militares, así como de los cuarteles de la Guardia Nacional, le hacía falta este mensaje de unidad entre ambos gobiernos, pues si bien la estrategia de la 4T ha continuado en la transición de una administración a otra, están por llegar ciertos cambios y variaciones para, esperamos, incrementar su efectividad en operativos conjuntos.

A las fuerzas militares les interesa, sobre todo, que este renglón del sector público corra por una cuerda separada, siempre paralela, a la cuerda de la política, porque cuando llegan a cruzarse vienen las peores consecuencias.

Los grupos criminales siempre aprovechan esas fricciones naturales que se dan en la función pública, entre gobiernos hasta del mismo color, no se diga diferentes.

Por eso la reunión, la foto juntos, fue un mensaje importante tanto a la sociedad como a los mandos que definen y ejecutan las estrategias a nivel de tierra.

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Como un mensaje contradictorio fue tomada en la bancada de Morena, comandada por Cuauhtémoc Estrada, la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, enviada por los magistrados estatales que conforman el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La iniciativa que busca blindar los derechos -privilegios, les dicen los morenistas- de jueces y magistrados estatales ante la reforma judicial local a la que obliga la nacional, fue bienvenida entre los legisladores de la 4T porque, de entrada, es un reconocimiento tácito a la obligatoriedad de reformar el Poder Judicial estatal.

De inmediato le encontraron el hueco los morenistas, pues cómo explicar que el TSJE recurrió a la controversia constitucional contra la reforma judicial, para no aplicarla en Chihuahua, pero a la vez busca que el Congreso lo reforme de emergencia ante la inminente llegada del cambio obligado por una mayoría política aplastante que ha dejado sin poder a todos los poderes judiciales.

Por si fuera poco, la propuesta llegó cargada de “carnita” para evidenciar la voracidad de la judicatura local, que goza, en el caso de los magistrados, de retiros dorados después de 15 años de servicio, cuyo plazo obligado ahora pretenden reducirse a 10 años.

La propuesta les dará armas, como si les faltaran, a los diputados morenistas, para machacar la idea de que la judicatura estatal está muy lejos de cumplir su función y los juzgadores piensan en sus privilegios, antes que en impartir justicia.

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Hubo porras y aplausos para la gobernadora Maru Campos, en el encuentro de estructura y militancia panista con un Jorge Romero que ya va en caballo de hacienda.

Esos vítores para la gobernadora fueron coreados en su ausencia, porque estaba en la ciudad de México, atendiendo reunión con Omar García Harfuch, acompañada del secretario de seguridad, Gilberto Loya, para quien también hubo mención por parte del aspirante a la dirigencia nacional del PAN.

Los jefes del equipo azul fronterizo lograron meter unas 500 personas al local panista, con lo que se sintió atendido Romero.

El mensaje institucional del candidato es a rescatar Juárez, entendiendo que está complicado, pero no imposible.

Deberá venir una revisión crítica hacia el interior del partido a nivel nacional; el reto es hacerlo sin terminar de matar al nonagenario PAN, que en la entidad tiene unos doce mil militantes, de los cuales un mil 400 corresponden a esta ciudad. Todos ellos irán a las urnas el diez de noviembre a elegir entre Romero y Adriana Dávila.

Entre los prietitos en el arroz que no faltan, estuvo el representante del Gobierno del Estado, Óscar Ibáñez, que no sabemos para qué fue.

Nos dicen que cero contribuciones al evento, por lo que fue muy natural el aplauso tibio, forzado que recibió al ser mencionado.

Un florero aporta más.