-De 77 policías, 59 murieron en guerra vs el narco

-Hermanas de Corral en el padrón del PAN

-Fuego enemigo interno contra jefe de la JMAS

-A cursos obligatorios los de México Republicano

El lunes hubo en la explanada de la Fiscalía General zona norte honores a la Bandera Nacional y homenaje a los ministerios públicos y agentes de investigación “caídos en el cumplimiento de su deber”.

Le mencionamos ayer en este espacio porque en la lista superior a los 70 elementos asesinados faltan dos privados de la vida en enero del 2023, tras la violenta fuga de reos del Cereso estatal 3 registrada en esa fecha.

Ahora lo que ha llamado fuerte la atención en ese “muro de honor” es la sorprendente cantidad de agentes asesinados durante la guerra del Cártel de Juárez contra el Cártel de Sinaloa propiciada desde el Gobierno federal entre los años 2007-2011 con muchos destellos desde el 2006 y bastantes resabios aún en el 2012.

De 77 agentes ejecutados que aparecen enlistados en el muro, 59 corresponden particularmente al 2008 y al 2009, algunos al 2006 y al 2007, y unos cuantos al 2010, 2011 y 2012.

Ahí están todos sus nombres con apellidos Nazar, de la Peña, Tovar, Rodríguez González, Rey, Jurado, González Chavarría, Caldera, Rodríguez Gardea, Compeán, Chávez, Muñoz, Méndez, Flores, Macías, Padilla, Cruz, Lazarín, Rojas, Leums, Pérez Guerrero, Rodríguez Saldaña, Saucedo, Valdez, Rodríguez Ferreiro, Tovar, Avila, Marrufo, Calderón, Quintana, Duarte, Silva, Gutiérrez, Moreno, García, Martínez, Soltero, González Varela, Arroyo, Reyes Juárez, Pizarro, Fabián, García Pineda, Castañeda, Gardea, Ávila Martínez, Saldaña Ramírez, Marrufo Armendáriz, López Macías, Castillo, Cruz Landín, Villeda, Nazar Contreras, De la Peña Ramos...

Los distintos organismos del gobierno han calculado que en ese período hubo cerca de cinco mil personas asesinadas en la ciudad y más de 50 mil en todo el país. En el régimen calderonista 2006-2012 fueron 120 mil los victimados (as).

Los policías civiles suelen ser los eslabones más débiles de la cadena en esos escenarios; desde luego, después de los ciudadanos civiles inocentes.

Nunca es bueno echar al olvido historias como aquella, menos cuando la violencia en la ciudad es tan persistente que la estadística sigue marcando cerca de 100 asesinatos mensuales. A solo seis días de noviembre ya van casi 20 registrados; fueron 97 en octubre.

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Entre las curiosidades del padrón del PAN aprobado para la elección abierta de este domingo, aparecen los apellidos del exgobernador prófugo del albiazul, Javier Corral Jurado, pero en los nombres de sus hermanas Patricia y Leticia.

Sería el colmo que estuviera el del protegido con el fuero morenista en el Senado de la República, pero sí están sus familiares que mantienen su registro vigente como ilustres panistas de Ciudad Juárez.

Ciertamente, un pariente no es responsable de lo que haga otro, así sean cortados con la misma tijera. Así, el caso es que Acción Nacional no tiene causa alguna contra las hermanas, aunque alguna de ellas sí enfrenta graves cuestionamientos en contra.

En el caso de Patricia -nos aseguran los albiazules- es conocido cierto distanciamiento con su tóxico hermano legislador, desde mucho antes de que huyera a Morena, incluso antes de que dejara el cargo de gobernador y emprendiera la enfermiza persecución contra Maru Campos, a la que no quería dejar de sucesora.

Es diferente con Leticia, basta recordar que le decían vicegobernadora, lo que ella misma presumía y aprovechaba. Traía escoltas, camionetas oficiales, empleados a su disposición y hasta algunos de la nómina estatal en la frontera y la capital le respondían directamente a ella.

De hecho, la “exvicegobernadora” fue denunciada por los mismos panistas debido a esa evidente corrupción de ejercer el poder hasta el exceso, solo por el hecho de ser la hermana favorita del que era mandatario.

Ahí la incongruencia de que, al menos ella, sea mantenida como militante del PAN, si los excesos propios fueron factores de la división del partido y de los cada vez peores resultados electorales en esta ciudad.

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Fueron a buscar a Jesús Enrique Romanillo Leyva, excandidato de México Republicano al Ayuntamiento de esta ciudad, para notificarle una modificación a la sentencia recaída en su contra y diversos funcionarios del partido por violencia política de género.

Lo buscaron en el domicilio del partido, en la calle Altamirano 3305, en la capital del estado, pero nadie contestó a los múltiples llamados del actuario enviado por el Tribunal Estatal Electoral, para notificar la aclaración, en la cual se explica cómo deben cumplirse los cursos que diversos sentenciados deben hacer en materia de nuevas masculinidades y promoción y protección de los derechos de las mujeres.

Junto con el excandidato Jesús Enrique, deberán tomar esos cursos el dirigente estatal del partido, Juan Carlos Hernández, y Gustavo Adrián Licea, quien es quien manejaba o maneja las redes sociales del mencionado partido.

La queja fue presentada por una mujer trans, cuya identidad reservó el mismo TEE por razones de confidencialidad, y que iba a ser regidora y posteriormente fue registrada como candidata a diputada.

En el fondo, reclama la denunciante que fue excluida del apoyo institucional del partido para su campaña, así como de la publicidad de diversos eventos, y que, el aspirante al Ayuntamiento, se sentía visiblemente incomodo ante su presencia.

El asunto fue primero sentenciado por el Tribunal Estatal Electoral, pero en vía de impugnación cayó en la Sala Guadalajara, quien ordenó volver a emitir sentencia, la cual debió ser aclarada en términos de las condiciones en que debía cumplirse la sanción de los mencionados cursos.

Les están diciendo a los integrantes del desaparecido partido México Republicano hasta cuales cursos deben tomar, entre ellos introducción a la igualdad entre mujeres y hombres, comunicación incluyente y sin sexismo, masculinidades modelos para transformar y vida sin violencia.

Aclaró la magistrada ponente del asunto, la presidenta Roxana García, que, si los cursos tienen costo, serán los mismos sentenciados quienes los deben cubrir y realizar en un lapso de tres meses.

Por lo pronto, pese a que no estaban en el domicilio acreditado para notificaciones, o no quisieron abrir, ya se les tiene por notificados oficialmente.

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Es desde el Partido Acción Nacional (PAN) a nivel estatal y a nivel municipal de donde han surgido las más intensas críticas hacia el desempeño del presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Sergio Nevárez Rodríguez.

Unos señalan su falta de efectividad como jefe de esa área del Gobierno estatal, fundamental para la vida de los juarenses, pero la mayoría critican su escasa o nula empatía con las causas del partido en el gobierno; es decir, el partido blanco y azul.

No sabemos de nombres específicos los que urden la nutrida campañita en contra de Nevárez, pero no hay duda que tiene origen al interior de su propio partido.

Tampoco hay duda que al presidente de la Junta de Agua le entusiasma el trabajo activista partidario lo mismo que al representante del gobierno estatal en Juárez, Osca F. Ibáñez, nada, cuando se trata de buscar votos pero mucho cuando el objetivo es mantenerse en la nómina gubernamental.

Ese es el fastidio, la muina profunda, de sus propios compañeros y compañeras de partido, que por lo visto no descansarán hasta quitarlos, a los dos, de esas posiciones.

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Muy mal parado quedó ayer justamente, Óscar Ibáñez, conocido como "todólogo" en materia de representación gubernamental.

En la presentación de la Feria de Servicios, fue cuestionado acerca de la Feria de la Vivienda que lleva a cabo el Infonavit en colaboración con la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) y Municipio.

La sorpresa vino cuando Ibáñez, con una seguridad y desbordada confianza, aseguró que el Gobierno estatal sí tendrá, para ese evento, viviendas disponibles para ofrecer a los ciudadanos, basándose en un convenio de colaboración que tienen la Coesvi y el Infonavit.

Según él, sí había casas disponibles para el mercado. Sin embargo, lo que dejó en evidencia su ignorancia sobre el tema, es que en la feria de este próximo sábado, a realizarse en el estacionamiento del nuevo estadio ocho de diciembre, solo se ofrecerán créditos de materiales, programa de escrituración y créditos para policías en convenio con el Infonavit.

Semanas antes, en una conferencia de prensa, la propia Comisión Estatal declaró que apenas están evaluando las viviendas que el Infonavit ha asignado para rehabilitación. Es decir, la participación del Gobierno estatal en la Feria de la Vivienda no incluirá casas disponibles para ofrecer.

Por lo que la declaración del coordinador de gabinete que no solo carece de fundamento, sino que también entra en contradicción con la información pública proporcionada por la propia dependencia a su cargo.

¿Cómo es posible que un funcionario con tantas responsabilidades, y a cargo de tan importantes temas, no esté al tanto de lo que realmente está ocurriendo en las dependencias que coordina? ¿Será acaso que el cambio de horario de este fin de semana lo dejó tan desorientado que no sabía ni qué decir? Más bien, así ha sido siempre como servidor público, importapoquismo.