-Sacude a ruteros asesinato de “Bam Bam”

-Jalón de orejas en terrenos de Loya

-La letra chiquita en el caso de NCG

-Va el fentanilo en la prisión oficiosa

El asesinato ayer de un empresario relacionado con el transporte de maquiladoras sacudió al gremio de quienes prestan ese tipo de servicio a la industria manufacturera.

Daniel Arturo G. C., apodado “Bam Bam” entre los permisionarios que manejan arriba de cuatro mil camiones (oficiales y piratas) para el traslado las 24/7 de casi 300 mil trabajadores de maquiladora, fue privado de la vida a balazos al salir de los mariscos La Playa, en el bulevar Zaragoza.

Durante las primeras indagatorias llevadas a cabo por las autoridades ministeriales, surgió el dato nada sorprendente sobre el uso de ruteras no solo para el traslado de personal de maquilas y, en su caso, de transporte público general, sino también para el movimiento de migrantes indocumentados.

Han concluido los investigadores que alguna cantidad de camiones es usada para esos efectos aunque todavía no aclaran si por complicidad de los choferes y/o los permisionarios con los polleros o inclusive por extorsión de los mismos delincuentes.

Por lo pronto, el grueso de los empresarios del ramo deberán tomar sus providencias para cuidar su negocio y evitar, con el apoyo de las autoridades gubernamentales, que sean contaminado mediante acciones delictivas como la mencionada.

Sin son víctima de intentos de extorsión, como pudo ser en el caso de “Bam Bam”, deben reportarlo sin dilación a las corporaciones de seguridad.

Bastantes problemas enfrentan ya con las múltiples irregularidades en su operación: falta de placas, modelos fuera de la ley, etc., lo cual los hace vulnerables para los traficantes de personas.

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Hubo jalón de orejas desde Palacio de Gobierno al equipo comunicacional (crickos y compañía) del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, a quien le late su corazón cada vez más intensamente hacia las elecciones del 2027.

Le tira a la postulación prianista por la alcaldía de Juárez pero, consciente que puede ser un sueño guajiro debido al control férreo que mantiene ahí Morena, se conformaría con alguna diputación de las cinchos, de las seguras.

Posiblemente sin consultarlo pero con esa iniciativa oficiosa de las que suelen terminar mal, el equipo comunicacional empezó a colgar en fotos y videos de Loya como secretario su logo personal justo por la intención de “posicionarlo” electoralmente. (Imagen en versión digital).

Eso significa que los torpes comunicadores, no es la primera que hacen, retiraron el logo institucional de la Secretaría de Seguridad de videos, fotos, etc., donde aparece su jefe y lo reemplazaron por el parecido a un triángulo-escudo propuesto para la campaña del 2027. El material circuló por las redes del señor secretario.

No faltó la voz prudente en Palacio que se percató del hecho y pidió enmendar el error. El propio Loya había pedido varias veces a Edgar Prado y Jorge Armendáriz tener cuidado con la publicidad por aquello de los actos anticipados de campaña. No hicieron caso.

Algún hilo delgado debía ser reventado, así que culparon a la jefa de redes, Adriana Saucedo, cuyo ego extraordinario sufrió al menos un ligero coscorrón, una breve amonestación.

Por fortuna para el precandidato; perdón, para el secretario, todo volvió a la normalidad.

Por cierto, Loya ha prometido que sus conferencias de prensa semanales ahora serán en Juárez, donde la secretaría tiene su sede. Habrá logos institucionales, desde luego.

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Con toda seguridad la exsecretaria del ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Silvia Ivon H. P. echó de cabeza para empezar a quienes fungieron como tesorero y oficial mayor en la administración de Cynthia Ceballos, para tratar de lograr un acuerdo en la figura de los denominados criterios de oportunidad.

El problema para obtener dicho trato preferencial es que debe denunciar a quien se encuentre por arriba jerárquicamente, y hasta donde sabemos, el cargo de oficial mayor y el de tesorero no se encuentran por encima del puesto de secretario, que es el cargo que tenía Silvia.

De ahí en más cumple con los requisitos que el Código Nacional de Procedimientos establece, pero como el delito de peculado es superior a las 500 unidades de medida, que dan algo así como 50 mil pesos, y la prisión señalada es de máximo doce años, hay impedimento para el acuerdo. Así lo dice la letra chiquita.

Así es que no está tan fácil para la exsecretaria poder lograr el beneficio, más aún cuando el asunto de los terrenos cuyo peculado es como de tres millones, no es el único por el que se sigue causa penal contra la exalcaldesa Cynthia Ceballos.

Está el asunto del problema legal con una empresa de aseo por dos decenas de millones, así como el manejo oscuro de apoyos sociales por más de 140 mil pesos.

En todos estos asuntos podría ser involucrada la exsecretaria del ayuntamiento junto con su exjefa, que ya cumplió un año en prisión.

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Con su aplastante mayoría de 335 votos a favor y poco más de 100 en contra, Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la prisión preventiva oficiosa para más delitos. No para todos los que pidió Andrés Manuel López Obrador antes de irse, pero sí la mayoría.

La “Ley Morena”, como la bautizaron los opositores, ha sido duramente criticada tanto por los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano como por el foro jurídico nacional e internacional, dado que le pega directamente al principio de la presunción de inocencia.

Hasta antes de la nueva modificación -que pasa al Senado de la República para revisión, aunque sea de mero trámite- ameritaban prisión preventiva de oficio delitos graves como el asesinato, feminicidio, secuestro, terrorismo y otros cuantos más.

Aunque la gestión de López Obrador pidió incluir la defraudación fiscal y el narcomenudeo en el catálogo de delitos que obliguen a la drástica cautelar, esos fueron borrados por la misma mayoría morenista. Por alguna razón se atrevieron a moverle a los designios del jefe máximo de la 4T, hoy en el supuesto retiro.

Pero lo más interesante en medio de esta reforma, que habrá de generar polémica todavía por varios meses, es la inclusión específica del tráfico de fentanilo y otros precursores químicos en esos delitos que ameritan la prisión preventiva.

La medida cautelar de enviar a la cárcel a personas antes de la sentencia, como por años se ha dicho, es cuestionable desde la visión de los derechos humanos, pero hay ciertas realidades criminales que agravan las condiciones de las víctimas y de la sociedad entera.

En efecto, hay muchos abusos en la medida de prisión, pero las nuevas drogas sintéticas cada vez representan mayor peligro a la salud pública y ganancias más altas para el crimen, por lo que es urgente frenar su proliferación.

Esperemos, pues, que la prisión preventiva oficiosa sea ese freno o ayude a desacelerar tanto la producción como el consumo del fentanilo.