-Juez, cómplice del “Cholugo” en feminicidio

-Ocioso expulsar del PAN a Corral y a los Yunes

-Patea el pesebre Juan Carlos con lo del puente

-A juzgados por terrenos en NCG

Un caso de feminicidio en la ciudad de Cuauhtémoc ha generado gran revuelo los últimos días, por el alto perfil de la víctima y su presunto victimario: la secretaria de la Canacintra, Marisol Heredia y el titular de la oficina de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Raúl Humberto I.Ch.

Mejor conocido como “Cholugo”, el acusado fue un eficiente operador del PRI hasta su debacle de 2016, para luego cambiarse a Morena con el fin de mantenerse en el aparato educativo federal, donde, incluso preso, era mantenido en la nómina hasta esta semana que termina.

La víctima, su pareja por unas dos décadas, fue encontrada muerta en lo que inicialmente fue reportado como un atropello, a finales de septiembre pasado. Las autoridades determinaron poco después que no fue víctima de un accidente, sino de una acción planeada para acabar con su vida.

Al aparecer como sospechoso en las investigaciones, “Cholugo” se las arregló con un juez de Cuauhtémoc, Eric Manuel Estrada, para impedir la acusación; con argucias y algún metálico acuerdo con el juzgador, pudo huir hasta Tamaulipas con la intención de cruzar a Texas, pero la autoridad estadounidense lo arrestó en el puente cuando iba a ingresar al país, el pasado tres de noviembre.

La coordinación de la Fiscalía de Chihuahua con los norteamericanos impidió su fuga, no obstante, los obstáculos del juez estatal y un amparo de la justicia federal, retrasaron su presentación en tribunales. Apenas el jueves pasado fue vinculado a proceso en Cuauhtémoc, obviamente por otra jueza, Ana Violeta Estrada, pues la autoridad ministerial recusó al sospechoso de haberlo ayudado.

Solitos los jueces se ponen de pechito y dan más argumentos para la reforma judicial que ya está en marcha, aunque por las vísperas no será, ni de lejos, un remedio para la rampante corrupción que caracteriza al sistema de justicia, tanto al estatal como al federal.

Este es un botón de muestra de los muchísimos existentes en Cuauhtémoc, Chihuahua, Juárez, el estado...el país.

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¿Alguien duda en Chihuahua y en el país que Javier Corral Jurado ya no pertenece al PAN y que ninguna necesidad habría de expulsarlo de dicho partido puesto que su vergonzosa traición ha sido flagrante, pública y más que notoria al entregarse de cuerpo completo a Morena sin necesidad de pasar por más examen de ideología izquierdista que levantar su dedito cuando le pidan votar en favor de sus iniciativas?.

Es exactamente el mismo caso del senador veracruzano, Miguel Angel Yunes Márquez, quien sacó el gen de la traición con la reforma judicial, le dio una buena pulidita y ¡tómala!, abandonó la bancada del partido que le abrió su llegada al Senado de la República y se entregó a la mayoría morenista.

Se generó una extraordinaria polémica porque la dirigencia nacional del PAN decretó apenas el jueves la expulsión de Yunes Márquez y de su padre también traidor, el exgobernador veracruzano ¡panista!, Miguel Angel Yunes Linares.

Desfachatado como es la deslealtad y la ingratitud, Yunes se atrevió a decir que saldrá del PAN cuando quiera irse no cuando lo expulsen (¡¡¡!!!). Y aunque el jefazo del grupo parlamentario de Morena en el Senado, el hombre fuerte de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López, ha repetido que ya cuenta a Yunes Márquez en su bancada, su coequipera, la senadora juarense, Andrea Chávez Treviño, salió a defender la permanencia del veracruzano...¡en el PAN!. ...”no tiene (el PAN) ninguna razón para echarlo”, dijo aguantando la risa.

Todo un novelón digno de una serie cómica o de una película del México surrealista si no fuera porque se trata de la actualidad política de nuestro país donde hay involucrados temas de impacto general. Engaños y maquinaciones para estricto beneficio personal.

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Dos aspectos hay bajo los cuales debe revisarse la posición irreductible y caprichosa asumida por el senador Juan Carlos Loera, para golpetear directamente al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

La primera, sobre la cual el mismo munícipe ha insistido hasta el cansancio -ya dijo que no volvería a abordar el tema precisamente por la necedad de Juan Carlos- es que es asunto de la federación.

Cuando el senador presenta un punto de acuerdo en el pleno para que se revise un proyecto de obra por casi 500 millones de pesos, no es al municipio a quien se va a poner en el banquillo de los acusados, sino a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Porque resulta que la empresa privada Ferromex -quien pagará 420 millones de pesos del monto total de inversión- no se manda sola en sus proyectos de vías férreas, sino que está sometido a una estricta fiscalización por parte de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Dicha agencia es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, creada desde el 2015 para regular, promover, vigilar y verificar la infraestructura ferroviaria, garantizar la interconexión de las vías férreas, fomentar la interrelación de las terminales ferroviarias y auxiliar a la secretaría en la elaboración de políticas y programas de desarrollo, más otras funciones más.

Le está buscando entonces tres pies al gato Juan Carlos, con el insano objetivo de golpear a un compañero de movimiento, solo porque le ha ganado de todas, todas.

Situaciones como esta motivaron con seguridad el discurso de Luisa María Alcalde, en cortito durante el extenso desayuno sostenido con los liderazgos de Morena, y en público en el auditorio del Centro de Convenciones, en su reciente visita.

Ahí les dijo con mucha claridad la joven líder nacional de Morena, que deben dejar a un lado protagonismos y celos, para llegar unidos tanto a la elección de jueces, magistrados y ministros, y a la constitucional intermedia del 2027.

Parece que Juan Carlos nomás no escuchó ni el bendito, con el agravante de que está pateando el pesebre. Como siempre.

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Fue un buen intento de la Fiscalía Anticorrupción elaborar un escrito con sellos y firmas, diciéndole al ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes que podía recuperar los bienes inmuebles vendidos de manera ilegal por Cynthia C.

En términos reales de poco sirve y ha servido ese documento.

Hay que ir a los juzgados a pelear el retorno de los predios, porque resulta que en su mayoría están ocupados por quienes los compraron, quienes de buenas a primeras no se van a salir de los mismos.

Es más, quienes tienen disposición han manifestado que sí se salen, pero con el retorno del dinero pagado, que quién sabe y si coincida con lo que se afirma son los 3.4 millones que agarraron la exalcaldesa, su secretaria del ayuntamiento e incluso, hasta con participación deL Tesorero y Oficial Mayor.

No hay devolución por el momento de un solo quinto por parte de las procesadas, por lo que, si el ayuntamiento quiere llegar a un acuerdo, tendría que pagar, o bien convencer a los posesionarios y compradores de buena fe algunos, de que deben esperar a que termine el juicio y se cumpla con los arreglos reparatorios, que podría ser quien sabe cuándo.

Por tanto, el asunto sigue detenido sin avance alguno, con los terrenos en posesión de los compradores, haciendo antigüedad en los mismos y claro, presionando por un acuerdo que les permita quedarse en ellos.