-Siguen La Empresa y Aztecas pleito en Chihuahua

-Supera jefe municipales chismes y rumores

-Con cucharón se sirven los diputados

-De 1.3% el recurso para autónomos

De nuevo los grupos delictivos con sede en Juárez, La Empresa y Aztecas de la vieja escuela, fueron protagonistas de sendos actos violentos en la ciudad de Chihuahua, a donde se han desplazado con intentos de empoderamiento desde hace una década.

La Empresa es señalada por haber levantado, desaparecido y asesinado a la jefa política del ejido Nuevo Delicias, Rosa Ramos; y a su marido, Uriel Jacobo Trejo.

Ella era la comisaria ejidal de ese lugar ubicado a menos de 60 kilómetros al norte de la capital del estado. Los cuerpos de la pareja fueron descubiertos esta semana por corporaciones policiacas.

Toda esa zona es disputada por La Empresa-Línea al Cártel de Sinaloa. Básicamente, pelean por el robo de combustible de los ductos de Pemex y por el tráfico de migrantes. En medio de la disputa aparecen propietarios de grandes nogaleras cómplices de unos y otros grupos.

Igual que ese conflicto en la zona norte de la ciudad de Chihuahua, las corporaciones de seguridad han enfrentado severas dificultades para contener la violencia afuera del Cereso estatal número 1, donde han sido registrados los últimos meses tres enfrentamientos con saldo de varios muertos apenas algunos presos son liberados.

El último fue este martes por la noche. Fue atacado presumiblemente por sicarios de La Empresa un integrante de Los Aztecas de la vieja escuela apenas cruzó las puertas del reclusorio.

El recién puesto en libertad de Los Aztecas viejos alcanzó a huir de sus agresores pero no uno de sus cómplices que llegó para recibirlo junto con otra mujer. Estos fueron lesionados a balazos. El hombre pasó de víctima a detenido porque tiene orden de aprehensión.

El Cártel de Sinaloa ha insistido en narcomantas que “Chihuahua tiene dueño”, pero estos hechos evidencian que las bandas delictivas juarenses siguen con fuerte presencia allá y están convertidas no solo en un desafío para sus competidores, sino en un grave problema para la sociedad.

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Pudo haberse dicho misa, pero logró ser concretada sin mayor problema que algunos chismes, rumores y grillas inofensivas, la ratificación en el Cabildo del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz.

Hubo aplanadora en favor del jefe policiaco no únicamente de la súper mayoría de regidores perteneciente al partido en poder de la alcaldía, Morena, sino de los partidos opositores. De los 20 regidores, solo hubo un voto nulo, 19 a favor.

La jefa del PRI en el municipio y también edil, Mireya Porras, tuvo el encargo de enumerar múltiples méritos obtenidos por Muñoz como para concederle la confianza de sostenerlo en la jefatura de la municipal.

Así quedaron atrás las dudas de los chícharos que hasta explicaban con profusión las razones por las que no repetiría el César Omar. En realidad estaba más que firme.

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Ni la inflación elevada ni los gasolinazos encubiertos habrán de preocupar a los diputados locales, quienes aprobaron en la Junta de Coordinación Política un presupuesto 2025 para el Congreso del Estado superior en 20.4 por ciento en comparación con el año corriente.

Parece que en agarrar el cucharón para servirse del gasto público no batallaron los coordinadores de Morena y el PAN, Cuauhtémoc Estrada y Alfredo Chávez.

El anteproyecto que debe integrarse al paquete económico estatal del año próximo fue aprobado por unanimidad, cero abstenciones y cero votos en contra. Ahí no se sacaron la lengua ni por error.

En números gruesos, el Poder Legislativo dispondrá de mil 062 millones de pesos el año próximo, de los que 820 millones de pesos serán propiamente para el gasto operativo de los diputados y 242 millones de pesos para la Auditoría Superior del Estado (ASE), dependiente del Congreso, pero con autonomía de gestión.

Este año que transcurre, el Legislativo dispone de 882 millones de pesos, de los cuales casi 667 corresponden al gasto directo de la operación de los diputados y 205 millones de pesos son destinados a la ASE.

Con el índice inflacionario este año entre el cinco y el seis por ciento, puede verse que el incremento real planteado por los legisladores está muy lejos de considerarse mesurado. Cada uno de los 33 diputados habrá de costar al año poco más de 32 millones de pesos.

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Los órganos constitucionales autónomos nacieron para tutelar ciertos bienes jurídicos que son importantes para generar contrapesos en favor del ciudadano, e inclusive, en beneficio de los niveles de gobierno local, como los estados y municipios, frente a la federación.

Por ejemplo, está el caso de la generación de información confiable, como es el caso de Coneval o el INEGI, con indicadores que le permiten herramientas de planeación objetivas para que los gobiernos locales defiendan presupuesto, frente a la asignación del mismo, que aún a la fecha sigue siendo tema.

Hay otros ejemplos como el caso de la función electoral, con la creación del IFE -hoy INE- en los noventas, para que no fuera el gobierno quien organice las elecciones a nivel local o federal.

Esa descentralización de funciones se trasladó a los estados, y en cada entidad federativa fueron creados órganos constitucionales autónomos precisamente para seguir una tendencia de contrapeso; así tenemos a la Comisión Estatal de Derechos humanos, al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Estatal Electoral, principalmente.

Estos órganos son costosos; implican un gasto importante dentro del presupuesto público más o menos, estamos hablando de mil 397 millones de pesos anuales, que no son nada frente a los 100 mil millones que componen el presupuesto estatal.

La CEDH cuesta anualmente 113 millones; el IEE poco menos de la mitad de los 900 millones etiquetados este año que fue de proceso electoral, porque el resto va en prerrogativas a partidos y gasto de comicios; Instituto de Transparencia, 79 millones; Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 130 millones y la Fiscalía Anticorrupción, 87 millones.

Que recupere el Gobierno del Estado esos dineros en poco le ayudan en términos generales, porque representan el 1.3 por ciento del presupuesto estatal, pero, además, son funciones que deberán absorber sus propias dependencias centrales, lo que significa necesariamente costo operativo.

Sería entonces tapar un hoyo para abrir otro, pasando por encima de autonomía e independencia ganadas a pulso por la ciudadanía en defensa de dichas funciones.

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El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (TSJE) parece que está en la senda correcta al implementar un modelo de justicia con perspectiva de género a través de la creación de juzgados mixtos en materia civil.

Esta iniciativa busca transformar la experiencia de las mujeres víctimas de violencia.

En el modelo vigente, las mujeres que buscan justicia deben enfrentarse a múltiples juicios, un proceso que no solo es agotador, sino que también les obliga a revivir sus traumas en repetidas ocasiones.

Este ciclo de revictimización es inaceptable. Los tratados internacionales de derechos humanos son claros al señalar que el sistema judicial debe ser sensible y eficiente, evitando la duplicación de procedimientos que sólo causan más dolor a las víctimas.

La propuesta de los juzgados mixtos es, ahora, sin duda, un avance significativo que permitirá que una víctima presente su denuncia y, al mismo tiempo, realice demandas de pensión alimenticia o guarda y custodia en un solo proceso; esto no solo reduce los tiempos de espera, sino que también respeta la complejidad de sus circunstancias.

Este enfoque integral es fundamental para asegurar que las mujeres no tengan que enfrentarse a un sistema que las considera solo como cifras o casos aislados.

Al hacerlo, no solo se brinda una nueva esperanza a las mujeres víctimas de violencia, sino que también se envía un mensaje claro: la justicia debe estar al servicio de quienes más lo necesitan, y la revictimización no tiene cabida en un sistema que aspire a ser justo y humano.