-Acalambran a nuevos ricos del Repuve

-Sube presión en el PAN por sus dirigencias

-Imposible alegato de inconstitucionalidad

-El pesado lastre de Garduño

Ayer debió sufrir senda acalambrada el equipo encargado del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) que despacha en la planta baja de la Fiscalía General del Estado, allá en la ciudad de Chihuahua. Ahí despacha, pero está bajo control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El jueves publicamos en este espacio que descaradamente sigue el tráfico de engomados del Repuve para regularizar vehículos chuecos  “bajo la sombra del decreto presidencial que está por vencer a fines de septiembre”. Así escribimos antier.

Presentamos detalles sobre el negocio millonario que significa hasta el menor trámite, a razón de nueve mil pesos para quienes no presentan el vehículo, solo la mera factura.

Toda esa transa termina en un caldo más caro que las albóndigas para los inocentes compradores de chuecos. Hasta una exdiputada duartista nos aseguran que anda metida en esa alcantarilla.

Bueno, pues nos aseguran que los jefes, jefes de la SSPE ya echaron el reflector al asunto y no piensan cargar con penas que les corresponden a los operadores del Repuve, a cargo de Alejandro Holguín.

Ayer mismo, el susodicho debió ser concentrado en el C4 de la capital del estado para responder a muchas preguntitas desprendidas de lo publicado el jueves aquí. Por ejemplo, de dónde han salido carritos del año, ropita de marcas de alta gama y propiedades que no corresponden a las declaraciones patrimoniales.

Todo debió empezar a ser aclarado para bien de los compradores de buena fe de carros chuecos.

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Unos nada más por redes sociales, pero otros tantos, encabezados por Manuel Gómez Morín, heredero de los apellidos fundacionales del PAN, le subieron la presión al partido por la errática dirigencia de Marko Cortés, quien agandalló su plurinominal como senador y lo demás le valió un cacahuate sin tostar.

La aprobación de la reforma judicial con la traición de los Yunes, amigos de Cortés Mendoza, quien los encumbró en Veracruz como parte de sus pésimos amarres de una alianza opositora, terminó por reventarle en la cara al dirigente.

En la sede panista y con pronunciamientos públicos empezaron las exigencias de su salida inmediata, sin esperar hasta noviembre, cuando habría elección de su sucesor o sucesora, y con la instalación de una junta de notables o un líder moral provisional, en lo que puede realizarse un proceso ordenado de relevo.

Los controles de Cortés no son pocos como jefe del Comité Ejecutivo Nacional, pero sin duda hay señales claras de debilidad de su mandato y de mucho riesgo para su sucesión medianamente planeada y aceptada en las bases.

Además, la situación nacional empieza a contaminar el proceso de relevo estatal de Gabriel “Gabo” Díaz. Dentro del panismo estatal ha surgido la pugna también por los intentos de llevar a una dirigente mujer sin la elección directa, más bien en consenso de los grupos y fuerzas internas.

Las posibilidades comienzan a diluirse para las mujeres juarenses que le apostaban a quedarse con la silla del Comité Estatal, ante esas señales de rebelión en el albiazul si la dirigencia actual insiste en una designación, como si eso fuera garantía de unidad y eficiencia. El mismo papel de “Gabo” es muestra de todo lo contrario.

Así, han surgido más y más mujeres que quieren pelear en una interna de verdad y sin simulaciones, como la exdiputada Georgina Bujanda o la representante del PAN ante los órganos electorales, Mariana Lachica, por más que haya quienes quieran cerrar la contienda.

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Bastante flaquita resultó la manifestación de 15 chihuahuitas que vinieron de la sede capitalina del Poder Judicial de la Federación a bloquear en Juárez el Puente Libre.

No duró el cierre ni una hora. Terminaron y posaron sonrientes en la Nueva Central de la Tecnológico, con el objetivo cumplido.

Claro que hubo incomodidades para los cientos de fronterizos que usan ese puente rutinariamente para ir a El Paso, sobre todo en la mañana, pero en realidad no trastocó ni jaló los reflectores nacionales necesarios para hacer el suficiente ruido como seguramente lo planearon apenas con un día de anticipación.

Y es que no fueron muy organizados. Ni siquiera pudieron convocar a sus similares fronterizos, que ni por enterados se dieron de que esta comitiva se dirigía desde Chihuahua con esas intenciones. Hicieron un grupo de WhatsApp el mismo día en la mañana.

Alegan los juarenses que no conocieron comunicado oficial, que nadie organizó y que ya se enteraron cuando la protesta se encaminaba a la joroba del cruce.

Con esa capacidad de convocatoria evidentemente no podían ir muy lejos.

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El freno a la reforma judicial en el Congreso del Estado -aprobada y lista para ser promulgada por Andrés Manuel López Obrador mañana domingo- no es un mero adorno, sino el anticipo de una batalla que, como asentamos en una entrega anterior, están dispuestos a dar los opositores de Chihuahua, Querétaro y otras entidades del país.

La determinación del líder panista en el Legislativo, Alfredo Chávez, ha sido notable, como el levantamiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que habrán de darse por vencidos aunque ya sea una realidad y el presidente de la República pueda presumirla en su último Grito de Independencia, como habíamos anticipado.

Sin embargo, advierten connotados abogados chihuahuenses, todos los que pretenden imponerse parecen ignorar el básico principio de que una reforma constitucional, por su propia naturaleza, no puede ser anticonstitucional.

Los litigantes, dicen, especialmente deben saber que una reforma como la aprobada, podrá tener elementos de inconvencionalidad y tal vez cuestionarse algunos aspectos a la luz de principios en materia de derechos humanos, más no puede alegarse que va en contra de la Constitución, dado que la propia Constitución establece el proceso para ser reformada, el cual fue formalmente cumplido.

Si la reforma busca atacarse desde entidades que están en pie de lucha, recomiendan, primero deben preparar sus argumentos y repensar muchas veces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial reformado, no es la instancia ante la que podría recurrirse, pues, para colmo, violaría el principio de imparcialidad que debe guardar como juez en caso de admitir cualquier recurso.

Así, fuera de politiquerías y visiones ideológicas, quien pretenda atacar la reforma deberá hacerlo de forma por demás inteligente y no nomás de habladas y pataleos.

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Han sido anunciados ya la mayoría de los integrantes del gabinete de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacan ahí personajes que rescata de la actual administración lopezobradorista para que continúen en diversos cargos de la administración.

Por ejemplo, está Zoé Robledo, que permanece en el IMSS; Lázaro Cárdenas, que fue coordinador de asesores y ahora estará en la Oficina de la Presidencia.

También está Rosa Icela Rodríguez, que de la Secretaría de Protección Ciudadana pasa a la Secretaría de Gobernación; Ariadna Montiel, que repite en la Secretaría del Bienestar.

Hay otros más, por ahí, pero nada se ha dicho del actual titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que carga en la espalda la pesada loza de la muerte de 40 migrantes en la estación de esta ciudad.

La forma en que ocurrieron los hechos y como se ha tratado de culpar a funcionarios menores únicamente, expone de cuerpo entero al funcionario federal.

Otro aspecto oscuro del manejo es la manera en que han sido otorgadas las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos, y como se ha litigado incluso la responsabilidad personal de la cabeza del INM, lo cual habla del lastre que significaría para la presidenta llevar a un personaje así a su gabinete.

Faltan muchos nombramientos en organismos descentralizados y subsecretarías, ojalá no caiga la nueva administración en la tentación de llevarlo a algún puesto para protegerlo, cuando es el principal responsable de lo que aquí ocurrió.

Si la tragedia de la guardia ABC en Hermosillo persigue a Calderón, lo que ocurrió en la estancia migratoria juarense es sombra para la administración actual de la 4T.