Tras el no esclarecido doble homicidio en el exclusivo fraccionamiento Campestre, en el que ha sido presumida la intervención de agentes investigadores, fue relativamente aumentada la presencia policiaca, abierta y encubierta, en los bares de la ciudad.

Todas las investigaciones apuntan a que la doble ejecución de dos jóvenes a bordo de un Porsche negro, ocurrida hace mes y medio, tuvo su detonante en un bar de la Plaza Portales por mercadeo de cocaína.

No viene el caso analizar este domingo las razones de esa ejecución impune, luego será necesario retomar el tema, sino la persistencia de los mandos militares por impedir que los negocios nocturnos dedicados a la venta de alcohol sigan convertidos también en “abarrotes” de los narcomenudistas.

Igual que sus antecesores, los nuevos generales al mando de la V Zona Militar (de donde depende la Guarnición de Juárez), han sido machacones en las reuniones de coordinación de seguridad con las autoridades civiles en concentrar mayor vigilancia sobre la venta de droga en los bares, antros, cantinas, centros nocturnos, etc.

Su conclusión es que de ahí ha derivado tanta violencia como la desprendida desde el interior de los centros de reclusión, los Ceresos. Se origina en ambos frente la principal causa de criminalidad que sufre el estado.

Ese y otros temas relacionados con la inseguridad forman parte de los análisis y algo de acción militar en objetivos muy concretos. Sus áreas de inteligencia tienen al día a los jefes de lo que ocurre en ese contexto.

También se nutren de información aportada básicamente por empresarios juarenses con los que desayunan, comen y cenan de manera cotidiana. Ahí les confiesan dónde venden droga y dónde no sus propios colegas.

Vamos a decir que hasta ahí ha llegado la “militarización” del estado al menos en el propósito de impedir las ejecuciones, un asunto específicamente encargado a los mandos locales por el Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, desde hace un par de años.

Los militares analizan la información recibida, la sistematizan, apoyan los operativos en campo, en las calles, alrededor de los centros nocturnos y lugares “riesgosos”; recomiendan estrategias como evitar que siga la venta de droga en antros y hasta ahí llega su función.

A diferencia de otras áreas del Gobierno federal con las que no existe ni la coordinación elemental, los militares han permanecido estrechamente unidos a las policías municipales, estatales y de investigación. Su presencia es también común en las escenas de crimen.

En la vida ordinaria chihuahuense no hay más militarización en las calles que la habida en su tiempo con Enrique Peña Nieto y todavía menos que respecto a Felipe Calderón con todo y agregada hoy la Guardia Nacional a la Sedena y la ruidosa controversia derivada por ese hecho.

Punto y aparte, desde luego, son las aduanas y la “vigilancia” en carreteras federales donde el monopolio ha pasado casi completo a manos de la GN por decisión del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Las revisiones del SAT en los puentes internacionales de esta zona son nada comparadas con las inspecciones de los soldados. Ellos deciden a quién detienen y a quién no. Esa sí es una auténtica militarización.

Ciertamente, resulta una extraordinaria simulación y hasta una mentira que los presidentes saliente y la entrante nieguen el poderío otorgado a las fuerzas uniformadas en el país e insistan que no hay militarización porque su jefe máximo es el presidente y ese presidente es civil.

Hay mucha demagogia federal en el tema y una plena incongruencia entre el discurso antimilitarista al grado de provocador y violento de la izquierda obradorista desde su origen al separarse del PRI, y más antes todavía en los 60s, al 2018 en adelante que fue por fin alcanzada la Presidencia de la República.

Ahora es el ejército del pueblo uniformado, ha dicho AMLO. Modificó abismalmente su narrativa y no solo los arrimó más cerca de lo que estuvieron en otros regímenes, sino los llenó de gordo presupuesto público con cerca de 200 mil millones de pesos y el control total de múltiples empresas, aeropuertos, trenes, aviación...

En ese contexto regresamos a la situación “militar” específica de Chihuahua. Cada estado de la República presenta sus propias particularidades según los gobernantes y según los mandos castrenses. El denominador común es que la violencia mantiene rebasadas a las estructuras institucionales, por delante a los propios militares, en el 90 por ciento del territorio nacional.

Si bien en Chihuahua ha existido una sana coordinación entre los tres niveles de gobierno y los cuarteles y guarniciones de la Sedena; si bien los soldados y sus oficiales se han involucrado y han sido involucrados en labores de inteligencia para tratar de contener a las poderosas facciones integradas en los dos grandes cárteles que operan en la entidad, siguen quedando fuertes dudas sobre la capacidad de la Guardia Nacional en funciones de policía civil. Imprudencia, novatez y más ánimos de agresión a los civiles que de protección. Muchísima corrupción.

Tenemos varios casos de agresión como prueba de ello, ocurridos en el estado, la mitad y más en Juárez. Actuaron los elementos ¿militares? contra civiles a los que sometieron fatalmente en escenarios que los seguidores de la Cuarta Transformación rechazan denominar como extrajudiciales pero eso fueron, sin motivaciones políticas, pero al fin extrajudiciales. Han sido inocentes las víctimas.

En septiembre del 2020 fue asesinada en la región de Delicias, Jessica Silva y gravemente lesionado su marido, Jaime Torres. Fueron cazados por guardias nacionales tras participar en protestas para evitar que la federación sacara agua de varias presas de la región e intentara llevarla fuera de Chihuahua.

Ha sido un caso, además de la tragedia, de plena injusticia para la familia de la víctima. Nada se ha sabido sobre el proceso penal desarrollado contra los responsables de la agresión, aun plenamente confesos.

También murió a causa de balas disparadas por un elemento castrense, el joven estadunidense, Juan Carlos Medina Reyes.

Ingresaba una noche de noviembre del 2021 a Juárez por el Puente Santa Fe, supuestamente recibió la orden de revisión por parte de los elementos apostados en el lugar, desobedeció, corrió y fue asesinado por la espalda. Su madre, Karla S., aún es hora que sigue esperando saber al menos el nombre del que disparó contra su hijo y le cortó la joven vida.

En enero del 2023 fueron ejecutados otros dos jóvenes que tripulaban un vehículo en una carretera cercana a Jiménez, hacia el sur del estado.

12 elementos de Guardia Nacional fueron procesados penalmente no solo por disparar múltiples ráfagas y privar de la vida a los muchachos, sino porque, con toda la frialdad posible en quienes tratan de escapar a la responsabilidad de un acto semejante, hicieron lo imposible por alterar la escena del crimen y hacer pasar a las víctimas como atacantes. Suponemos permanecen encarcelados.

Otro grupo de elementos de Guardia Nacional cometió un doble homicidio similar en Juárez, en la zona de Anapra, en octubre del año pasado. Mataron a un par de migrantes centroamericanos y escaparon del lugar.

No han informado las jefaturas castrenses, ni GN ni Ejército, el curso de las investigaciones al respecto, si es que las hubo. Tampoco han dicho palabra alguna sobre la desaparición y asesinato de dos jóvenes militares, ocurridos entre febrero y agosto de este año.

Resulta innegable, más allá del discurso oficialista, que el paso de la Guardia a la Sedena solamente viene a fortalecer a esta segunda institución castrense y a colocar en las más completa incertidumbre a la sociedad mexicana.

Desarrolla la GN funciones de policía civil pero no responde ante corporaciones ni leyes operadas por órganos de autoridad civiles.

Mucha coordinación junto con el Ejército, sí, pero ninguna obligación de responder a nadie fuera del mundo jurisdiccional marcial. No son ajustes legales a esa estructura en favor de los mexicanos.