-Hasta el cártel de Juárez en guerra al fentanilo

-Sí o sí, más de mil de la GN a Chihuahua

-De fiestas infantiles a mil millones en albergues

-Buscan registro partidos parásito

Dos veces dijo el Teniente Coronel, Luis Santos Issa, que la llegada de más elementos de la Guardia Nacional (GN) ayer a Juárez es con el fin de evitar el tráfico de drogas de México hacia los Estados Unidos, “principalmente fentanilo”; cero migrantes, puro ataque al fentanilo, repitió.

Santos, Inspector General y Coordinador General del 31 Batallón de la Guardia Nacional con sede en Ciudad Juárez recibió ayer temprano en el aeropuerto internacional de Ciudad Juárez a 120 soldados que ayudarán en ese objetivo surgido de los “recientes acuerdos a los que llegó la presidenta, Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump...” (Video en versión digital de La Columna).

Es mundialmente conocido ese acuerdo entre la presidenta de México y el estadunidense, en particular porque implicó la también estruendosa amenaza de Trump por aplicar aranceles del 25 por ciento al país azteca.

Aún sin secar la tinta de las “firmas” en los acuerdos fueron desplegados los guardias nacionales mexicanos por toda la frontera, 10 mil, dijo Sheinbaum; de esos llegaron a Juárez 120 para “sumarse” a la vigilancia de 800 kilómetros correspondientes al estado de Chihuahua.

Es difícil creer que habrá una resultado efectivo contra el tráfico de fentanilo más allá del objetivo presidencial por frenar la imposición de aranceles pero al menos podrá funcionar la medida para inhibir ese delito en la región.

La Fiscalía General del Estado y las policías municipales de Juárez y Chihuahua han logrado fuertes decomisos de la letal droga durante los últimos años.

Ironías policiacas, hasta el Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ) “presentó” en enero del año pasado el “decomiso” de casi 20 kilos de fentanilo, 273 de cristal, 20 de “china blanca” y casi cinco kilos de pastillas azules M-30 (fentanilo falsificado). Foto de narcomanta con los detalles en versión digital.

El grupo delictivo abandonó varias cajas con las drogas al lado del cadáver de un jefe criminal perteneciente al Cártel de Sinaloa que operaba en la región sur del estado y había sido levantado meses antes en Parral.

Lo trajeron sus enemigos a Juárez y abandonaron su cuerpo junto a la droga bajo el puente de la carretera Panamericana y Libramiento a Tornillo. La Fiscalía General de la República presentó luego los enervantes como aseguramiento propio.

Suponemos que en adelante los decomisos militares y del resto de las corporaciones de seguridad de la temible droga “azul” serán de mayor impacto y por lo tanto deberá dejar de ser una amenaza para la salud pública juarense...y estadunidense.

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Ventaja o desventaja, como quiera verse dada la experiencia de Juárez cuando recibe más agentes federales, precisamente en la movilización de tropas de la Guardia Nacional instruida por Sheinbaum para la frontera norte, a Juárez deberían arribar más de 500 elementos para sumarse al despliegue actual.

En promedio, a cada estado deberían tocarle poco más de mil 600 agentes de la Guardia Nacional en el marco del Operativo Frontera, puesto en marcha el mismo lunes en que fueron conjurados, al menos por un mes, los aranceles del 25 por ciento con los que amenazó el presidente estadounidense, Donald Trump.

Pero la actividad más importante en las comunidades fronterizas la tienen Baja California y California, entidades con ocho cruces en total que concentran alrededor del 60 por ciento del flujo de personas; Tamaulipas y la parte centro-este de Texas, con 13 cruces y más del 20 por ciento del flujo; así como Chihuahua, el extremo oeste de Texas y todo Nuevo México, con nueve puentes y cerca del 13 por ciento del flujo de personas.

Coahuila, Sonora y Nuevo León, con Arizona, Nuevo México y Texas, apenas concentran el resto del siete por ciento del flujo de personas, independientemente de la dinámica comercial y el cruce de mercancías, muy definidos en cada punto de la frontera norte.

Así, en cuestión de seguridad, en esa proporción de los flujos de ingresos e egresos del país habrían de repartirse los agentes con los que se comprometió la presidenta para reforzar el combate al tráfico de drogas, con alrededor de 500 en la zona urbana de Juárez y otros tantos más a las fronteras menos dinámicas que hay en el territorio estatal, desde Ojinaga hasta Palomas.

La estimación es con base en movilizaciones previas del Ejército y la extinta Policía Federal, de muy negros recuerdos en esta ciudad.

Ojalá que las lecciones de ayer sean bien estudiadas, para que esta movilización no repercuta en un incremento de los índices delictivos internos y en violaciones a los derechos humanos, como las que ya han padecido en crisis anteriores los juarenses.

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La Auditoría Superior de la Federación realizó diversas observaciones al Instituto Nacional de Migración, relacionadas con el pago de casi 600 millones de pesos a la empresa CAUFI S.A. de C.V, responsable de construir albergues en todo el país.

Nunca pudo acreditar la empresa, ni el INM tuvo el más mínimo cuidado de asegurarse de ello, nada menos que la ejecución de los trabajos contratados, de lo cual sólo quedaron como evidencia informes entregados al Instituto que sigue dirigiendo el impresentable Francisco Garduño.

Es de suponerse entonces que dicha empresa instaló albergues, pero no había fotografías siquiera, no se diga informes técnicos, con expediente incluido; casi pareció un contrato a la palabra adjudicado de manera directa, dándole la vuelta a la licitación pública.

Pues resulta que el año pasado fueron dos los contratos firmados con la mencionada empresa, uno por 450 millones y el otro por 648 millones de pesos, 087 y 016 del 2024 respectivamente; al primero del primero de febrero al 31 de diciembre y el otro, del 13 de septiembre al 31 de diciembre.

El dato lo encontramos no en compranet donde debiera estar -y a la mejor está por allá escondido-, sino en la página de transparencia del mismo Instituto Nacional de Migración, en donde aparecen cerca de 125 contratos firmados la gran mayoría, adivine usted, adjudicaciones directas, 112 nada más; solo cinco licitaciones.

Hay una cláusula en dichos contratos, que le permite al INM y a la empresa CAUFI extenderlo hasta el año siguiente de la vigencia si aún quedan remanentes por ejercer.

No sería entonces nada extraño que, con algunas migajas de millones de pesos sobrantes, este la misma empresa de confianza realizando la construcción de los albergues en El Punto y en la zona del ex Galgódromo de esta ciudad.

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Como cada año después de las elecciones presidenciales, durante el mes pasado fue abierto el proceso de creación y registro de nuevos partidos políticos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE); en esta ocasión, alrededor de medio centenar de potenciales parásitos del presupuesto público presentaron su carta de intención.

Desde organizaciones de ultraderecha que apoyan desde México al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta muy leves fracturas de las corrientes de izquierda antes ligadas a la 4T, aparecen en el listado dado a conocer por la autoridad electoral, como parte del procedimiento para la fundación de más partidos.

Aunque parece un proceso complejo y costoso, con asambleas en más de 200 distritos y en al menos la mitad de los estados que tiene el país, la recompensa es un negocio garantizado por años si llega a constituirse un nuevo partido. Un negocio generalmente familiar o grupal, como ha sido el Partido del Trabajo, el Verde, MC y otros.

Indudablemente, ese interés por meterle mano al gasto público es lo que mueve a, por ejemplo, la agrupación política “Que siga la democracia”, dirigida por la diputada morenista Gabriela Jiménez, cabeza de la promoción de la revocación de mandato en 2021 y hasta sancionada por el INE debido a la opacidad de sus gastos.

También ligada al morenismo aparece el “Frente por la Cuarta República”, encabezado por el experredista Elías Moreno Brizuela; y “Humanismo Mexicano”, agrupación que también es hechura de morenistas vinculados con la Iglesia de la Luz del Mundo.

Del otro lado del espectro ideológico figuran los de extrema derecha y ultraconservadores Eduardo Verástegui, con su agrupación “Viva México”; y el “Partido Republicano de México”, del chihuahuense desarraigado Juan Iván Peña Néder, cuya operación en el estado en las elecciones pasadas, encargada a los expriistas Juan Hernández y Eloy García Tarín, fue un tremendo fracaso.

En fin, la parasitaria clase política no desaprovecha oportunidad alguna para hincarle el diente al presupuesto; esa parece ser la intención en este proceso, al que todavía le faltan muchos meses para concluir después del cierre del registro la semana pasada.