-Órdenes de aprehensión son por las trompadas

-Homenaje a caídos, pero abandono a sus familias

-Señalamientos de ASE que son nada

-Calla como momia administrador judicial

En el ministerio público y su policía investigadora nadaron de muertitos en espera de “una decisión política” pero las órdenes de aprehensión contra dos de los empresarios de apellidos Bermúdez y 10 de sus escoltas fueron extendidas antes del Día del Amor y la Amistad. Salieron calientitas de un juzgado el 10 de febrero y ese mismo día selladas de recibido en la Fiscalía zona norte. Ironías del calendario aparte.

Hoy el tema es comidilla entre grandes grupos del sector privado al que pertenecen los Bermúdez y su propio denunciante, Lázaro Flores, el polémico dueño de Las Anitas. No saben todos los opinadores a quién irle y/o a quién darle la razón en el conflicto por un pedazo de tierra pegado a Las Anitas. Uso industrial, dicen unos; ejidal, otros.

Conoce perfectamente todo mundo a los actores de ambas partes. Son agujas que no debieran picarse; calvos a los que les arrastra el pelo en materia de disputas hasta por un metro de tierra; qué va!, hasta por la tierra en las uñas.

Donde no hay duda que perdieron los Bermúdez y el juez valoró en su justa dimensión, es en el torpe pleito que pudo haber derivado en una tragedia propiciado por sus escoltas con los puñetazos y patadas dadas a Lázaro y a sus dos hijos, y que fueron registrados detalladamente en aquel famoso video, o videos, aportados por las víctimas como prueba.

De ahí se derivó la orden de aprehensión, de los hechos ocurridos en febrero del año pasado. Las órdenes de aprehensión solicitadas por un juez fueron giradas contra dos de los Bermúdez y contra sus escoltas Jesús Gerardo S. G., Víctor Manuel R. R., Gustavo Manuel M. S., Oswaldo H. O., Héctor Daniel C. T., Fernando David B. R., Jaime F. G., Pedro Alberto V. R., Martín Alejandro R. L. y Víctor David H. Z.

Es casi seguro que ninguno será detenido a pesar de que fueron acusados por lesiones, daños, amenazas y hasta robo. Ganaron tiempo para conseguir amparos en lo que flotaban de muertito los encargados de ejecutar las órdenes.

Como diría alguien por allá en la Secretaría de Gobierno, la verdad como es, monda y lironda.

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A poco más de un mes del homenaje rendido a los custodios del Cereso 3, en una ceremonia en la que fueron develados los bustos de los caídos en aquella fuga masiva con la que comenzó el año 2023, faltan de concretarse acuerdos con sus familias para las indemnizaciones correspondientes.

Entre los custodios actuales y abogados juarenses que entraron a la representación de las víctimas, hay malestar por lo que ven como un regateo innecesario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) para cumplir con su responsabilidad y no dejar en el abandono a las familias de los caídos.

Recordar y honrar a los custodios asesinados -Víctor Hugo Rivera, Carlos Ernesto Salinas, José Ausencio Pérez, Jaime Arciniega, Guadalupe Gámez, Domingo Trejo, Manuel Rodríguez, Carlos Padilla, Abel Juárezy Edgar Hernández- fue un gesto noble de las autoridades encabezadas por el secretario Gilberto Loya al comienzo del mes pasado, pero, dicen, no pasó de eso.

A pesar de investigaciones, recomendaciones e instrucciones precisas para atender a los familiares de los caídos, se han debido enfrentar a trabas burocráticas de las más diversas, como si no existiera una responsabilidad institucional hacia los deudos.

Desde citas pospuestas y reprogramadas por semanas hasta chicanas para deslindar laboralmente a los custodios de la SSPE -debido a que los Ceresos no eran parte de la estructura de la Secretaría al momento de la fuga y masacre- han tenido que tolerar los familiares, en la búsqueda de indemnizaciones justas, no migajas ni limosnas.

Las evasivas técnicas, como han sido catalogadas, seguramente han sido el obstáculo para que la SSPE precise, aclare y transparente su actuación en torno a las víctimas de esta fuga que, en efecto, ocurrió bajo una directiva anterior de los Ceresos, estructura supeditada entonces a la Fiscalía General del Estado, pero eso no significa la inexistencia de responsabilidad institucional.

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Resulta que Austria Galindo, recién nombrada subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en Juárez, no sólo atiende temas de la frontera, sino que debe dar respuesta a asuntos de carácter estatal.

En estos días, el área de Comunicación Social canalizó a reporteros con la funcionaria juarense para abordar estadísticas de desarrollo social en todo el estado, ya que el secretario, Rafael Loera, no estaba disponible para atender las solicitudes de la prensa.

Aunque esto muestra que las labores de Austria trascienden más allá del territorio fronterizo, lo cierto es que sus funciones están focalizadas en este municipio que, por ser el más grande del estado, requiere una atención prioritaria.

Por esta razón, sus datos estaban centrados sobre todo en los problemas que afectan a la frontera, como el tema de la pobreza alimentaria, pero igual entró al quite porque el 01, “Rafita” Loera, nomás no tiene tiempo para responder por su apretada agenda de reuniones.

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Para ser una revisión sobre cerca de ocho mil 500 millones de pesos del ejercicio presupuestal del 2023, son nada las observaciones e incluso promociones de responsabilidad administrativa para Juárez, de parte de la Auditoría Superior del Estado.

Hay tres recomendaciones, un informe de presunta responsabilidad administrativa, dos presuntas responsabilidades administrativas y una denuncia, para ese monto que es el recurso presupuestal de una treintena de municipios, mínimo.

Por ejemplo, Nuevo Casas Grandes, con 280 millones de presupuesto en el año fiscal 2023, carga con seis recomendaciones y 10 promociones de responsabilidad administrativa.

Nonoava trae dos promociones de comprobación fiscal, Uruachi cuatro recomendaciones y una promoción de responsabilidad, Urique diez recomendaciones y dos comprobaciones fiscales, Temósachic nueve recomendaciones y una promoción de responsabilidad fiscal.

No hay entonces punto de comparación.

Las cuentas públicas se encuentran en estos momentos en la comisión de fiscalización del Congreso del Estado, quien deberá resolver en próximas fechas, sin que haya por el momento alguna sesión en puerta.

Lo mínimo que se espera de dicha comisión es un dictamen objetivo y no cargado de víscera, por cuestión política y fuego amigo de color guinda, solo por generar daño con fines electorales.

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Ha callado como momia el administrador general del Tribunal Superior de Justicia en Ciudad Juárez, Israel Hernández, a una semana que cayera en pedazos una sección de la recién construida barda que separa a la Ciudad Judicial del Cereso estatal 3.

Nadie sabe nadie supo qué empresa construyó la obra ni cuánto costó y quién pagará los platos rotos no solo de la caída de esa sección sino la reparación de otras secciones hoy apuntaladas con troncos de madera.

Así anda la disposición para la transparencia en un poder estigmatizado hasta su desaparición justo por manejos de ese tipo.