-Deben ser escoltas con todo en regla
-Vino Cata Espino a poner orden
-De aquí la mitad de arrestos ilegales
-Rescatan IMSS-Bienestar a Mirna
El seguimiento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) nos irá diciendo las motivaciones que propiciaron el ataque del jueves donde resultó lesionada la empresaria Claudia G. y muerto de 12 balazos su escolta y expolicía ministerial, Miguel Ángel Torres.
La cabeza de los investigadores, el fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas, dijo desconocer las razones del atentado, pero fue claro al señalar que no fue dirigido específicamente contra la mujer, sino contra el expolicía que perteneció hace casi una década a la misma corporación AEI.
De inmediato trascendieron antecedentes del expolicía (una detención) y dudas sobre la cobertura siquiera mediana de los múltiples requisitos para ejercer la función de escolta, incluido el porte de arma.
Considerado de alto impacto, el hecho generó enorme intranquilidad en el sector privado de esta ciudad y múltiples interrogantes entre las autoridades de los tres niveles de gobierno responsables de la seguridad.
Dentro del infortunio de una fatalidad, concluyeron que el objetivo de los sicarios no era la mujer empresaria, ni siquiera robarla, a pesar que acababa de colocarse en el asiento del copiloto al momento de la agresión.
Consideraron esas fuentes gubernamentales que deben insistir al gremio de la iniciativa privada tomar todas las prevenciones, sobre todo de formalidad, al momento de contratar vigilancia privada para la custodia individual, familiar y/o de sus empresas.
La seguridad en la ciudad no está como para bajar la guardia.
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Ayer, Juárez recibió la primera visita oficial de Claudia Arlett Espino como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).
Junto a los integrantes de la Delegación Chihuahua, revisó temas relacionados con el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación.
La cita fue en la Junta Distrital 02, donde la flamante funcionaria electoral fue recibida por el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Alejandro Sherman Leaño y por el resto de los integrantes de este órgano.
Con todos ellos y ellas abordó el avance que tiene la elección de cargos judiciales que serán sometidos a voto popular, entre ellos 25 para el estado.
“Cata” Espino fue clara al plantear el reto que tiene el Instituto en la organización de los comicios del primero de junio. Aunque aseguró que están listos para hacer frente al desafío, han sido más que evidentes los problemas que ha tenido este proceso desde la aprobación de la reforma hasta su actual desarrollo.
Tan sólo en estos últimos días empezó un nuevo “round” entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió los trabajos para seleccionar a los perfiles que participarán en la tómbola de la que emanará la lista final de candidatos a cargos de ministros, magistrados y jueces.
Pero mientras en algunos sectores del Poder Ejecutivo y del Judicial se enfrascan en pleitos mediáticos, la secretaria Ejecutiva del INE sigue con la mirada puesta en sacar adelante el proceso y definir las reglas claras que guiarán este juego democrático.
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Por más buena voluntad y esfuerzos para sacar acuerdos entre las bancadas que coordinan Cuauhtémoc Estrada y Alfredo Chávez, de Morena y PAN, respectivamente, hay más señales de que la elección judicial estatal sigue haciéndose sobre las rodillas en términos generales.
Primero, como se recordará, abrieron el plazo para registrar aspirantes a los cargos que estarán en juego del Poder Judicial, 270 juzgados y 35 magistraturas, pero lo hicieron sin haber definido el comité de selección que conformará el primer filtro.
Por lo tanto, sin reglas claras, con extrema incertidumbre, nadie se animó a registrarse; es simple, quién quiere ir a un proceso que no comprenden siquiera los organizadores, en este caso el Poder Legislativo y el Instituto Estatal Electoral.
Claro, tampoco hay que echarle toda la culpa a los legisladores y funcionarios electorales estatales, si lo que hacen es seguir una reforma obligatoria nacional que también se hace sobre la marcha, sobre las rodillas.
Luego, al finalizar ayer la semana se presentó otro enorme tope en la dichosa reforma. Resulta que unos cuantos interesados en apuntarse ya recorrieron desde el IEE hasta el Vaticano para ver quién expide las constancias de no inscripción en el fantasmal registro de personas acusadas y sancionadas por violencia de género, sin que les puedan decir quién se encarga de esa tarea.
O sea, hasta ayer nadie sabía dónde conseguir ese requisito obligatorio en la convocatoria para registrarse como aspirante a juzgador, lo que también explica que nadie haya logrado inscribirse a la carrera.
Nadie sabe, pues, dónde le van a expedir el documento que forma parte del paquete de requisitos, junto con el acta de nacimiento, el título profesional y el montón de cosas que piden, al que solo le faltó la carta astral del aspirante, la cartilla de vacunación de su mascota y la fe de bautismo.
Así transcurrió la primera semana del arranque formal del proceso de registro, con ese tremendo bloqueo que, como dijimos, no deja de generar dudas e incertidumbre.
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Fue líder la Fiscalía de la Zona Norte en llevar ante los jueces de control a imputados para formularles cargos penales, durante el año pasado, con una efectividad casi del 88 por ciento.
Es decir, de los dos mil 146 presuntos responsables de delitos presentados en el banquillo, solo 313 quedaron en libertad debido a que la detención fue decretada como no legal.
Los demás presuntos quedaron tras las rejas o con alguna otra medida cautelar, pero sujetos a procedimiento penal para sancionarlos.
En números absolutos, está por encima del Distrito Judicial Morelos donde solo fueron decretadas de legales 718 detenciones, contra 217 ilegales, casi el 25 por ciento.
En términos relativos y porcentuales, Chihuahua tiene peores números, pero hay otros distritos que no se quedan detrás; el 25 por ciento en el Distrito Mina; el 50% en Manuel Ojinaga; y el 35 por ciento en el Distrito Hidalgo.
En total en todos los distritos judiciales del estado, las detenciones no legales son 592, contra tres mil 252 detenciones legales, una sexta parte. Uno de cada seis arrestos está fuera de la ley.
Aquí en Juárez y en todo el distrito Bravos, ese porcentaje de detenciones ilegales es de poco más de uno por cada diez, muy bajo relativamente, pero son muchos, más de la mitad que los existentes a nivel estatal.
No todo es responsabilidad de la Fiscalía, porque muchas de las detenciones corresponden a las corporaciones preventivas estatal y municipal, por lo que ahí también habría culpa.
Sin embargo, si el MP detecta irregularidades desde el formato homologado de detención, no debería siquiera llegar ante el Juez de Control, porque luego la estadística le pega.
Estos datos surgidos de la plataforma del Tribunal de Justicia tienen un detalle.
Al sumar las resoluciones del juez de control hay una diferencia de 600 detenidos, que no se sabe bien a bien qué ocurrió con ellos.
No es numero menor, nada menos superan las detenciones declaradas no legales a nivel estatal en todo el 2024.
Puede ser un error de captura o de los mismos informes que vienen de los juzgados penales, pero la diferencia ahí está.
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Ocurrió desde noviembre la sesión del Consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar que encabezó Zoé Robledo, su director general, y donde tuvo como invitado al Secretario de Salud, David Kershenobich Stalkinowitz.
En dicha sesión, que fue la extraordinaria número 17, fueron realizados múltiples nombramientos, entre ellos el de la chihuahuense Mirna Beltrán, como responsable de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura.
Carece la enfermera y médico general de cualquier experiencia técnica para desempeñarse en el puesto, pese a que presume una maestría en gestión en salud.
En Chihuahua llegó a ser Subsecretaria por una determinación del exgobernador Corral quién la hizo zar anti Covid con los resultados desastrosos ya conocidos.
Fueron en Chihuahua las muertes reales mucho más numerosas que la reconocidas oficialmente igual que en todo el país, con despilfarro de recursos, y las estrategias que seguían a Hugo López Gatell, el responsable nacional contra Covid, con sus ocurrencias.
Luego fue al ISSSTE como coordinadora de delegaciones pero la despacharon con todo y maletas tras la llegada del nuevo jefe Martí Batres.
Ahora llega un puesto que requiere una expertis y un perfil profesional del cual carece. Es cierto, se cayó para arriba, pero con alto costo para la institución y la derechohabiencia, que deberá resignarse a que la infraestructura de la institución siga deteriorándose.
