La reciente implementación de la reforma judicial en Chihuahua, impulsada bajo el liderazgo de nuestra gobernadora y respaldada por un gobierno comprometido con la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho, marca un momento toral en la búsqueda de un sistema de justicia eficiente, imparcial y accesible. En este contexto, la convocatoria para integrar a jueces, juezas, magistrados y magistradas se erige como una herramienta para consolidar una estructura institucional robusta, capaz de erradicar los vicios históricos que han debilitado la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Lo anterior, sin soslayar que, bajo el liderazgo de la Hernández Acosta, dicha confianza ha experimentado un notable fortalecimiento en los últimos años.
Uno de los aspectos de la reforma, es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano autónomo concebido para supervisar y sancionar el comportamiento de funcionarias(os) judiciales que incurran en faltas éticas o administrativas, dicho mecanismo representa per se la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro del sistema de justicia, al garantizar que quienes tienen el poder de impartir justicia estén sujetos a los mismos principios de legalidad y responsabilidad que deben aplicar en su labor diaria.
Por otra parte, la reforma prioriza la profesionalización del recurso humano de los(as) integrantes, es así como, el proceso de selección, basado en criterios rigurosos de idoneidad, experiencia y mérito académico, busca garantizar que únicamente los perfiles más capacitados y éticamente comprometidos lleguen a ocupar las magistraturas y jueces de primera instancia. De esta forma, se promueve una judicatura profesional, capaz de resolver conflictos con la calidad y celeridad que la ciudadanía merecemos.
Un eje transversal es el combate frontal a la corrupción, una tarea que busca erradicar prácticas indebidas y robustecer los mecanismos de rendición de cuentas, este esfuerzo no solo responde a una imperiosa necesidad local, sino que también se alinea con los estándares internacionales que demandan un sistema judicial independiente, transparente y comprometido con los principios de un Estado democrático de derecho. Cabe resaltar que esta reforma se construye sobre la base de avances recientes en la percepción pública del Poder Judicial, mismos que han sido impulsados durante la gestión de la Magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, quien ha desempeñado un papel clave en fortalecer la legitimidad institucional.
Ahora bien, aunque la reforma representa un avance significativo, su éxito estará condicionado a una implementación íntegra y legítima, respaldada por una voluntad política firme y absoluta que rechace cualquier intento de ceder a presiones internas, externas o intereses de cualquier tipo. Es por ello, que será crucial establecer un sistema de evaluaciones periódicas que identifiquen y ajusten, las áreas de oportunidad detectadas en su operación.
En este sentido, rememoro una conversación que alguna vez presencié entre funcionarios judiciales (de mayor y menor nivel jerárquico), en la que, con una sorprendente desfachatez, uno de ellos insinuó que sabía perfectamente “cómo se trabaja” en el sistema, todo ello en el marco de su intención de transformar su estatus de provisional a titularidad. Fue una confesión que, sin mayor reparo, evidenció la disposición de dicho individuo para sacrificar su autonomía personal e independencia judicial -principios fundamentales de cualquier decisión jurisdiccional- a cambio de la seguridad de un puesto.
Afortunadamente, el interlocutor del funcionario judicial, al retirarse éste, expresó su desaprobación, señalando lo que calificó como una flagrante falta de ética. El episodio concluyó en que el individuo no lograra su objetivo, sin embargo, sitúa uno de los desafíos apremiantes de la reforma, ¡garantizar que los operadores judiciales sean seleccionados entre los mejores perfiles! Aquellas personas cuyas trayectorias se caractericen por el mérito, la excelencia profesional y una integridad inquebrantable, libres de cualquier sombra ética. Este tipo de situaciones subraya la necesidad de redoblar esfuerzos en la depuración y profesionalización del sistema judicial.
La reforma judicial nos otorga la oportunidad para depurar el sistema y consolidar un mejor Poder Judicial, es el momento de despedir no solo a operadores que, como aquel funcionario, estarían dispuestos a comprometer su integridad y la independencia de sus decisiones a cambio de beneficios personales, sino también a aquellos que ostentan estilos de vida de lujo sin fundamentos ni explicaciones claras sobre el origen de su crecimiento patrimonial, aquellos que carecen de una actualización constante en su formación profesional y a quienes, mediante un trato irrespetuoso o negligente hacia los justiciables, erosionan la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Para alcanzar estos objetivos, resulta indispensable implementar mecanismos de escrutinio público que vayan más allá de las tradicionales revisiones curriculares. La adopción de auditorías rigurosas, como el modelo de la “3 de 3” -que revisa las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses- podría marcar un antes y un después en la forma en que se evalúa a las personas aspirantes. Dichas auditorías no solo garantizarían que los operadores judiciales elegidos sean financieramente transparentes, sino que también fortalecerían la confianza ciudadana en el proceso de selección.
En última instancia, la reforma judicial en Chihuahua no será exitosa si se limita a cambiar normas o procesos administrativos. Su verdadero éxito radicará en consolidar un sistema de justicia en el que la ética, la transparencia y el mérito sean los valores predominantes. El desafío es monumental, pero también lo es la oportunidad de redefinir el rumbo de nuestra justicia. Es el momento de mostrar que en Chihuahua somos capaces de construir un Poder Judicial que actúe como garante de los derechos y las libertades, así como, un pilar que inspire confianza y orgullo en su ciudadanía.
