La asunción de Donald Trump ya dejó sentir sus efectos en nuestra ciudad. Por lo pronto, tres empresas maquiladoras cerrarán sus operaciones, según lo dado a conocer por este medio en su edición de ayer. La incertidumbre pareciera ser el motor regulativo de una serie de acontecimientos en materia de seguridad, economía, migración, ecología y una lista enorme de elementos que serán trastocados por el advenimiento de un nuevo régimen.

Quizá, como algo inédito en tiempos recientes, se requerirá el esfuerzo coordinado de todos los niveles de gobierno para hacer frente a los desafíos que generará el gobierno de Donald Trump. Por supuesto, planes inmediatos, como los albergues, transportes, viáticos para los migrantes, pero también la generación de una política pública integral que abarque el tratamiento de todos los factores que entran en juego y que, inclusive, se anticipe a lo que, cuando menos a lo largo de cuatro años, buscará implementar el presidente norteamericano y su círculo más cercano.

Ante una oposición deslucida, si no es que, borrada prácticamente del escenario político, paradójicamente uno de los contrapesos del gobierno de Trump, tal vez provenga del mismo seno del partido republicano. Y, si queremos ser optimistas, otra de las presencias de la resistencia intramuros del poder político norteamericano puede ser la de los jueces. Los miembros de la Corte Suprema norteamericana podrían reencontrarse con el peso histórico y la influencia que parecieran haber perdido en los últimos lustros.

En Estados Unidos, los derechos básicos, han recorrido trayectorias que poco tienen que ver con el desempeño de su poder legislativo o su poder ejecutivo. Son sus cortes, tanto ordinarias como superiores las que han desempeñado un rol trascendente en la instauración y progresividad de los derechos. Estados Unidos es una nación que desde sus orígenes se ha jactado de ser el modelo de la salvaguarda de los derechos que Occidente ha entronizado. Sus criterios de identidad y las leyendas que materializan su fundación y desarrollo han hecho creer al mundo que, desde siempre, estamos ante la presencia de un garante sin par en el mundo.

Colmado de excesos, como todo mito que se erige en idea regulativa, la continuidad de muchos de sus tramos fundacionales ha encontrado en las resoluciones de los jueces máximos, el adecuado tratamiento. Como toda Corte Suprema, la norteamericana suele avanzar y luego retroceder, pero el camino recorrido hasta la fecha parece ser más plausible que reprochable.

Hoy, ante las órdenes ejecutivas que, tan pronto llegó al poder, Donald Trump se ha encargado de emitir, un juez federal ha bloqueado una orden que buscaba terminar con la ciudadanía automática para niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes. La orden también buscaba extender la restricción a bebés nacidos de madres que están en ese país legalmente, pero de forma temporal, como turistas, estudiantes o trabajadores, si el padre no es ciudadano.

Para este juzgador es evidente la vulneración de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución estadounidense, regulación que históricamente ha sido concebida como una de las principales matrices ideológicas de los derechos fundamentales y que contiene, entre otras cuestiones, una amplia concepción de la ciudadanía.

En este caso, la decisión es emitida por un juez federal ordinario y el presidente norteamericano ha señalado que interpondrá los recursos necesarios para su revisión por tribunales superiores, pero esto no deja de ser una pequeña muestra de lo que también se avecina.

¿Qué tanto activismo judicial observaremos en los próximos años en el que sigue siendo el Tribunal Supremo más influyente del mundo frente a un poder formal y real que tiene en la zozobra al mundo?