Con profunda consternación escribo esta reflexión. No lo hago a manera de excusa, sino con el ánimo de abrir un diálogo honesto sobre algo que suele pasar desapercibido: el lenguaje y su vínculo con la sensibilidad de género.

Como académico dedicado al estudio y la defensa de los derechos humanos, mi labor va más allá de las aulas y textos normativos. Me corresponde participar activamente en espacios de análisis y deliberación donde se abordan temas de alta complejidad, particularmente aquellos vinculados con los llamados derechos humanos emergentes. Aunque con menor frecuencia, también he procurado involucrarme en foros y discusiones relativas a los estudios de género, reconociendo la necesidad de comprender estos enfoques desde una perspectiva crítica, abierta y respetuosa.

En dichos espacios, uno aprende que el lenguaje no es una simple formalidad ni un ornamento del discurso. El modo en que nombramos a las personas y a los colectivos tiene consecuencias reales, es decir, el lenguaje puede ser un instrumento poderoso de inclusión o, por el contrario, un mecanismo sutil -pero efectivo- de exclusión. Por ello, revisar nuestras formas de hablar, escuchar e interpretar no es una cuestión menor, sino una tarea urgente, claro, si aspiramos a construir una sociedad más equitativa y respetuosa de todas las identidades.

En este sentido, ayer viernes, en una conversación informal dentro de la Asamblea Distrital Bravos, donde actualmente colaboro como consejero electoral, surgió un comentario en tono aparentemente ligero, pero que desató una pequeña tormenta silenciosa. Alguien mencionó que yo era el único hombre en la asamblea, a lo que respondí: “me veo con femenino dentro de la asamblea”. El comentario se interpretó con extrañeza, tanto que el silencio que siguió no fue de acuerdo ni de risa, sino de incomprensión. Y ante la tensión del momento, añadí: “pero me identifico como masculino”, lo que, lejos de calmar las aguas, generó más desconcierto.

¿Por qué lo dije? Porque entiendo -como lo hacen muchas personas en el ámbito de los estudios de género- que el lenguaje tiene una dimensión simbólica que importa. En un grupo conformado mayoritariamente por mujeres, como es el caso de nuestra Asamblea (cinco consejeras y un consejero), utilizar el femenino para nombrar al colectivo no solo es válido, es también justo.

Decir “las consejeras” no me borra. Al contrario, me reconoce en la realidad de una mayoría; en un entorno institucional donde el femenino gramatical resulta ser la forma más lógica, legítima y representativa de referirse al colectivo. En la medida en que el lenguaje refleja la composición social del grupo, su adecuación debe responder no sólo a criterios gramaticales, sino también a principios de reconocimiento y visibilidad. Nombrar en femenino, en este caso, no excluye al hombre presente, sino que respeta la configuración concreta del espacio, y con ello, introduce una práctica discursiva más equitativa.

Desde los estudios contemporáneos sobre lenguaje y género, se ha sostenido que la forma en que nombramos al mundo condiciona también la manera en que lo percibimos y habitamos. Judith Butler (1990) -así como Alf Ross-, al desarrollar la teoría de la performatividad del lenguaje, sostiene que “los actos lingüísticos no sólo describen la realidad, sino que la constituyen”. Por ello, elegir nombrar en femenino en un grupo mayoritariamente de mujeres no es una concesión superficial, es un acto que desmonta, las estructuras androcéntricas que históricamente han privilegiado al masculino como forma universal (Butler, 1990). En la misma línea, Teresa Meana (2002) advierte que el uso del lenguaje inclusivo no es una moda, sino una estrategia política y pedagógica que busca romper con la invisibilización sistemática de las mujeres en el discurso público.

Así, esta elección lingüística no responde a una lógica de corrección política vacía, sino a un compromiso ético con la igualdad y el reconocimiento. Como ha señalado Anna María Fernández (2007), el lenguaje puede ser una “tecnología de género”, en el sentido de que reproduce o cuestiona las relaciones de poder existentes. Por ello, nombrar con el femenino cuando así lo amerita el contexto no debería ser motivo de incomodidad, sino un signo de sensibilidad democrática y de coherencia con los principios que rigen los derechos humanos contemporáneos: la dignidad, la igualdad sustantiva y la no discriminación.

Debo subrayar que no se trata de un juego semántico ni de posturas ideológicas llevadas al extremo. Se trata de reconocer que el lenguaje es una construcción social viva, moldeable y profundamente simbólica, capaz de reflejar con mayor fidelidad quiénes somos y cómo decidimos convivir. Esta es, ante todo, una invitación a cuestionar nuestras inercias lingüísticas y a preguntarnos si, en lo más cotidiano, reproducimos sin advertirlo estructuras de exclusión que ya no deberían tener cabida en una sociedad que aspira a ser igualitaria.

La anécdota que aquí relato -por más sencilla o trivial que parezca (su duración fue de 50 segundos)- me dejó una enseñanza perdurable: aún nos queda mucho por avanzar en el camino hacia una convivencia basada en la empatía, el reconocimiento y la escucha. No se trata de imponer formas de hablar, sino de abrirnos a comprender el sentido que otras personas atribuyen a las palabras que usan, y las razones que las motivan. La transformación cultural empieza, muchas veces, por permitirnos cambiar la forma en que nombramos al otro y a la otra.

Y en un país donde las luchas por la igualdad aún enfrentan resistencias -incluso en algo tan cotidiano como el uso consciente del lenguaje-, cada gesto, cada palabra, puede marcar la diferencia. Porque sí: una palabra puede levantar muros… o tender puentes. Y ha llegado el momento de elegir, con convicción y responsabilidad, construir más puentes que muros.