La reciente incorporación de 85 nuevos agentes estatales para Ciudad Juárez —23 especializados en proximidad y 62 en análisis— representa un esfuerzo importante del Gobierno estatal por reforzar las áreas de inteligencia y vigilancia comunitaria en una de las ciudades más violentas del país. El planteamiento parece correcto, especialmente en un contexto donde Juárez continúa enfrentando altos niveles de criminalidad, aunque con una leve tendencia a la baja. En mayo de 2025 se registraron 77 homicidios dolosos, una disminución frente a los 115 del mismo mes en 2024; en junio se reportaron 70 carpetas de investigación por homicidio doloso con 84 víctimas, mientras que la percepción de inseguridad se redujo de 69.4 % en 2024 a 63.4 % en 2025. Estos datos muestran ligeras mejoras, pero también reflejan la persistencia de un problema estructural que requiere más que esfuerzos aislados.
La llegada de nuevos agentes puede ser positiva si se utiliza estratégicamente. Los encargados de análisis pueden aportar inteligencia operativa, identificar patrones delictivos y anticipar hechos violentos, mientras que los agentes de proximidad pueden reconstruir la confianza entre la ciudadanía y la policía, una relación sumamente deteriorada en Juárez.
Los impactos esperados incluyen una mejora en los tiempos de respuesta, mayor presencia policial y un posible efecto disuasorio en los delincuentes, pero también existen riesgos. Si este refuerzo no viene acompañado de mejoras institucionales, recursos adecuados, supervisión y coordinación intergubernamental, su impacto será limitado. Además, la inseguridad no puede combatirse únicamente con más policías; se necesita una estrategia integral que incluya prevención social, educación, empleo y recuperación de espacios públicos. Según estudios recientes, centrarse únicamente en la represión y los arrestos puede incluso aumentar la violencia si no se atacan las causas estructurales del reclutamiento criminal.
Para que este esfuerzo no se quede en una acción simbólica, es indispensable que las autoridades midan su impacto con indicadores claros —como la reducción de homicidios, robos y la mejora en la percepción de seguridad—, que exista transparencia en los resultados, y que los agentes se desplieguen estratégicamente en las zonas más afectadas. La incorporación de 85 nuevos policías es una buena noticia, pero debe verse como una pieza dentro de un cambio de paradigma más amplio. Juárez necesita instituciones más fuertes, coordinación real entre niveles de gobierno y una policía cercana, profesional y confiable. Es, sin duda, un avance necesario y alentador en materia de seguridad, pero debe ser reforzado con acciones integrales y sostenidas para realmente garantizar el fondo del problema: el derecho de los juarenses a vivir sin miedo.
