El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 como la actualización del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con la promesa de modernizar el comercio norteamericano: nuevas reglas laborales, ambientales, de origen, digitales, y con mecanismos de solución de controversias que permitieran defender los intereses de las partes.

Lo que nos ha traído a favor:

• México alcanzó una posición de importancia: el comercio bilateral de bienes entre México y los Estados Unidos superó los US$ 800 mil millones en años recientes, consolidando a México como primer socio comercial de EU.

• Las reglas de origen y el acceso preferencial al mercado norteamericano generaron ventajas reales de exportación (más manufactura, más integración productiva).

• El tratado redujo incertidumbres arancelarias que antes brotaban con facilidad.

Estos datos muestran que sí hay ventajas reales: acceso preferencial al mayor mercado mundial, integración productiva, generación de empleo, y cierta mejora en reglas del juego.

Pero también nos quedó debiendo:

• La dependencia sigue siendo muy alta: más del 80 % de las exportaciones mexicanas se orientan hacia los Estados Unidos, lo cual nos deja expuestos.

• Las PYMES mexicanas siguen siendo gravitacionalmente marginales en las cadenas de valor norteamericanas.

• La transferencia tecnológica, el financiamiento especializado o la modernización de industrias con alto valor agregado no han avanzado al ritmo que las promesas sugerían.

• Los mecanismos formales de defensa —como los paneles de controversia— han sido, en muchos casos, subutilizados o mal aprovechados.

En diciembre de 2024, un panel de controversias del T-MEC falló en contra de México por su decreto de febrero de 2023 que prohibía la utilización de maíz genéticamente modificado (GM) para nixtamalización y tortillas, alegando el gobierno mexicano motivos de soberanía alimentaria. El panel concluyó que esas medidas “no están basadas en ciencia” y violan los compromisos de libre acceso y trato nacional del tratado.

En agosto de 2023 los EU solicitaron un panel de revisión bajo el mecanismo laboral del T-MEC (mecanismo de respuesta rápida, “RRM”) en el caso de la planta Bader de México, donde se alegaba que los derechos de libre asociación y negociación colectiva habían sido vulnerados. México tuvo 10 días para aceptar la revisión y luego 45 días para concluir el análisis.

En agosto de 2021, México y Canadá solicitaron consultas formales ante EU, alegando que la interpretación estadounidense de las reglas de origen automotrices (RVC “roll-up”) violaba el T-MEC. El caso se quedó en las consultas y muestra cuán complejo puede ser iniciar formalmente un panel.

Estos casos muestran dos cosas clave:

1. Que sí se pueden activar los mecanismos del tratado, cuando hay voluntad.

2. Que México, en muchos casos, no lo ha hecho o lo ha hecho tardíamente, perdiendo ventaja competitiva.

El problema central: la pasividad institucional

No se trata de culpar al tratado, sino de señalar que el tratado exige que se juegue para ganar, no sólo para quejarse.

Los mecanismos de solución de controversias (como el capítulo 31 del T-MEC) fueron diseñados para que los países puedan defender sus intereses cuando hay incumplimientos y sin embargo, la clase política mexicana sigue mucho en tono de “nos hicieron mal”, “nos aplicaron aranceles”, etc., y menos en “vamos a activar un panel”.

Mientras los foros de consulta proliferan, la realidad es que sin conocimiento técnico profundo, sin estrategia, esos espacios se quedan en simbología.

La reciente reforma a la Ley de Amparo y los cambios institucionales apuntan a un debilitamiento general de los mecanismos de defensa, lo que resulta en un reflejo de por qué no se recurre más a los paneles del T-MEC.

En la próxima actualización del tratado o en los ajustes que vengan, México debería exigir algo más que buenas intenciones:

• Capítulo especial para la frontera: las regiones limítrofes tienen dinámicas únicas logísticas, aduanales, de transporte, de empleo transfronterizo que requieren reconocimiento explícito.

• Capítulo para las PYMES: con mecanismos concretos de financiamiento, transferencia tecnológica, capacitación y acceso escalable a cadenas de valor norteamericanas.

• Transferencia tecnológica y modernización industrial: pasar de maquila tradicional a valor agregado local, I+D, componentes de alto valor.

• Migración laboral como ventaja competitiva: no ver la movilidad laboral entre México y EU como problema, sino como pieza estratégica de la competitividad fronteriza.

México tiene el tratado, tiene las herramientas legales, las cifras muestran que hay ventajas; pero la diferencia entre estar dentro de la cancha y jugar con la camiseta puesta se hace enorme.

Mientras el gobierno no apoye estratégica y decididamente a las PYMES, no haga una radiografía seria del impacto del tratado desde su inicio, y no active de facto los mecanismos de defensa que ya tiene, seguiremos siendo socios comerciales, pero no estratégicos.

Porque al final, en el comercio internacional moderno, ya no gana quien sólo exporta más, sino quien cuida sus reglas, sus estructuras y su capacidad de defender sus intereses. Y en eso, México aún tiene camino por recorrer.

Conclusión, los que escriben las reglas, ganan el juego.