-Cónclave con Generales; horas después, dos masacres

-Recorte de tasas que puede amargarse por “shutdown”

-Ulises y Komaba, pésimo ejemplo para el PAN

-Ni a pellizco llegó castigo contra roba-medicamento

Es al menos extraño que hayan ocurrido dos masacres consecutivas con siete víctimas fatales justo horas después de un encuentro de Mesa de Seguridad en la Guarnición Militar, donde sus participantes empezaban a respirar un poco más tranquilos porque venía para Juárez una disminución sustancial, histórica, en la estadística de asesinatos.

No hay antecedentes de un mes en el que se hayan registrado menos de 50 homicidios durante los últimos nueve años. Iban 46 crímenes en octubre al medio día del lunes que fue llevado a cabo ese cónclave. Solo un día después el número llegó casi a 60.

La tarde de ese medio día hubo el multihomicidio de tres jóvenes en el Infonavit Casas Grandes; y al día siguiente, el martes, fueron ultimados cuatro integrantes de una familia, trabajadores de una tortillería, en la Héroes de la Revolución. De hecho la tortillería se llama “Tres Hermanos”. Los cuatro ejecutados llevan el apellido Soto; dos de entre 20 y 24 años de edad, los otros dos de 46 y 48.

Son inexplicables ambos ataques a la luz de que la inmensa mayoría de asesinatos similares han venido ocurriendo contra consumidores y/o vendedores de cristal y fentanilo. No parece ser al menos uno de los casos.

En el ínter de ambas matanzas ocurrieron otras ejecuciones individuales más; una de ellas, en la colonia Zaragoza, donde fue dejado el cadáver de un joven en el interior de un tambo de cartón y una cartulina con el mensaje: “esto les pasa por crickosos”.

En la reunión aludida al inicio de esta columna, el tema considerado más fuerte entre los miembros de la Mesa de Seguridad fue precisamente la coordinación efectiva con el Poder Judicial del Estado para obtener 62 órdenes de cateo que permitieron detener a una gran cantidad de delincuentes, decomisar armas, drogas; y sobre todo, frenar la ola de asesinatos que promediaban 80-90 por mes.

Ahí estuvo en primera fila presidiendo la encerrona aún visiblemente resfriada, la gobernadora del estado, Maru Campos; y junto con ella el jefe de la XI región militar (que tiene sede en Torreón), René Colchado; el comandante de la V zona militar (sede en la ciudad de Chihuahua), Felipe González; el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar; el Secretario de Seguridad estatal, Gilberto Loya (fue antes de ir a dar el show a la alcaldía a enfrentar al propio Cruz) y el Fiscal de distrito zona norte, Carlos Manuel Salas.

Esa fue reunión normal de las llevadas a cabo mensualmente para revisar a detalle las estadísticas de seguridad en la ciudad. Cada titular presentó su informe con los datos y números de sus áreas correspondientes.

Destacó justo el trabajo desarrollado para frenar los asesinatos en la ciudad...hasta ese momento. No contaban con que horas después los sicarios harían brincar los registros casi un 20 por ciento, solo tres días antes de concluir octubre. ¿Porqué?. La respuesta seguirá en el aire mientras son desarrolladas las investigaciones respectivas.

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De nuevo aprovechó el coordinador de los diputados locales de Morena, Cuauhtémoc Estrada, para olfatear, evidenciar y atacar en las confrontaciones internas del PAN, ahora que, desde su relanzamiento, el dirigente nacional, Jorge Romero, sembrara otra polémica diferente a la de la ruptura con el PRI.

Los grupos más conservadores del panismo en Chihuahua traen entre sus pendientes la exigencia al Comité Ejecutivo Nacional de clarificar la postura en cuanto al matrimonio igualitario, punto de eterno debate entre las fuerzas políticas y los diversos sectores sociales.

Durante el relanzamiento azul y días después, Romero Herrera habló de forma insistente de la apertura de Acción Nacional a temas polémicos como el aborto y la unión oficial mediante contrato matrimonial de personas del mismo sexo.

Eso, en algunos sectores panistas, hace más ruido que hasta el matrimonio del PAN con el PRI, tanto que es considerado un factor más fuerte para una fractura interna.

Tal vez a sabiendas de ello, el ahora presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, salió ayer a calificar como “el síndrome de la chimoltrufia” la variación de la dirigencia panista, que antes del relanzamiento del PAN votó en contra del matrimonio igualitario y después muestra una postura a favor.

Aquí en Chihuahua, dijo el morenista juarense, hay dos iniciativas propuestas, con una mesa técnica de trabajo, pero de ahí no han pasado por decisión de los diputados panistas y sus aliados, que ahora están puestos a prueba en cuanto a su congruencia, tras la nueva postura dictada por su jefe nacional.

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El segundo recorte consecutivo de tasas (ahora en 3.75 al 4 por ciento) implica crédito más barato en Estados Unidos, lo que en teoría abarata el financiamiento de las empresas transnacionales y puede favorecer las inversiones en manufactura, incluyendo las plantas en Juárez.

El cierre del gobierno, “shutdown”, sin embargo, genera en este recorte un aire anómalo: la Fed está “volando a ciegas” por el cierre del gobierno, lo que significa que no tiene datos actualizados de empleo, consumo o inversión para calibrar bien la economía.

Eso aumenta el riesgo de que esté aflojando demasiado pronto, justo cuando la inflación estadounidense todavía ronda el tres por ciento y no hay certeza de su rumbo. Si se descontrola, habría que volver a subir tasas —y eso sería un golpe directo a los mercados y a la confianza industrial.

Los recortes de tasas buscan evitar una recesión suave o un aterrizaje forzoso, pero los datos ya apuntan a una economía en enfriamiento: menor consumo, desaceleración del empleo y menor inversión.

Para Juárez, eso significa pedidos más lentos desde los Estados Unidos, sobre todo en bienes duraderos (autopartes, electrónicos, plásticos industriales). La maquila opera casi como un reflejo del ciclo estadounidense: cuando las empresas del otro lado del río reducen inventarios o postergan lanzamientos, la demanda a las plantas juarenses cae semanas después.

Así que aunque los recortes pueden aliviar costos financieros para los corporativos, no garantizan más producción si el consumo final se debilita.

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En los viejos tiempos de su lucha por la democracia el PAN se oponía, con todo, a que los servidores públicos se involucraran en actividades electorales. A menos que lo hicieran en fines de semana, en sus tiempos libres, como ciudadanos, no como funcionarios.

De hecho, en el verano caliente del 86, se dedicaron a cazar vehículos con placas oficiales que repartieran volantes o que se dedicaran a acarrear simpatizantes

Viene el tema a colación porque, por más que quieran tapar el sol con un dedo, se ve definitivamente mal que los dos dirigentes municipales panistas, en las dos plazas principales, Chihuahua y Ciudad Juárez, sigan fungiendo como servidores públicos, y ni siquiera de bajo nivel sino subsecretarios.

César Komaba, que es a la vez el director de Tránsito en Chihuahua, se apareció con todo y uniforme en la presentación del libro de Guillermo Luján Peña, el viernes 24 por la tarde en el Teatro de Cámara de la ciudad de Chihuahua. No fue gran cosa el dichoso libro pero no es el punto, sino el partidario.

Lo peor es que salió, a la vista de todos, con radio en mano, para dar alguna instrucción para sus subordinados de Vialidad, en tanto el tráfico en aquella localidad es cada vez más anárquico para miles de automovilistas.

Se les olvida que Cruz Pérez Cuéllar, ahora alcalde morenista en Juárez, fue nada menos que el dirigente estatal del PAN. Es decir, conocer de la A a la Z lo que, posiblemente en la legislación se deje pasar, pero que ante todos los ojos del mundo es totalmente antiético.

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Bastante menor la sanción impuesta contra Andrés Venegas Chávez, el coordinador de almacén del Instituto Chihuahuense de la Salud que, en el régimen del corralato, robó medicamento oncológico por 107 mil pesos.

El empleado robaba el medicamento con recetas expedidas a su favor por un médico general del propio instituto pero sin constancia alguna de que padeciera cáncer. Se trataba de viles robos.

La pillada fue descubierta por la Auditoría Superior del Estado y la sanción corrió a cargo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, cuyos magistrados determinaron hasta ahora la suspensión por 90 días del empleado y lo “obligaron” a pagar los 107 mil pesos, ambos castigos muy menores para el daño que debieron sufrir quienes realmente necesitaban esos medicamentos.