-Maru entra al quite y Jáuregui patea: ¡no me doblo!

-El IMSS desmintió a sus jefes

-Los héroes y heroínas de la movilización en Juárez

-Con hilitos el decreto sobre entorno digital

La guerra al interior del PAN ha escalado a niveles insospechados sin necesidad de acicate por el lado de los contras guindas; sin necesidad de empujón por parte de los defensores y/o voceros de la Cuarta Transformación que, sonrientes, han preferido la barrera para ver los toros.

Es la guerra que libran los azules en su bastión capitalino, pero con implicaciones estatales y hasta nacionales; estatales porque esa implosión necesariamente afectará al candidato a la gubernatura si continúa igual o empeora la conflagración; y nacionales, porque solo una intervención de ese nivel, categórica, podrá regresar a la calma las actuales olas embravecidas.

Finalmente, la gobernadora, Maru Campos, no soportó más los desafíos de su examigo y exfiscal General del Estado, César Jáuregui, y abiertamente lo acusó el miércoles de haberse ido “por la libre” en ese tema tan polémico nacional e internacional que ahora los enfrenta a ellos, pero antes los puso en la diana de tiro al blanco nada menos que de la Cuarta Transformación, con la Presidencia de la República a la cabeza.

En medio de esa gran pelea entre la gobernadora y su exsubordinado quedó el desmantelamiento, en abril pasado, del meganarcolaboratorio descubierto en el chihuahuense, serrano, municipio de Morelos, donde hubo intervención de la CIA que ahora es adjudicada por completo al exfiscal. “Se fue por la libre”, dice la mandataria.

Pero el fondo no es ese, es la decisión de Jáuregui por buscar la candidatura del PAN a la segura de ganar alcaldía de Chihuahua. Antes del caso narcolaboratorio estaba perfilado para quedarse con la nominación, incluso tenía tejido el acuerdo respectivo con Marco Bonilla.

Pero la gobernadora consideró que permitir la nominación de Jáuregui representaría una amenaza para el triunfo del PAN en la capital en cualquier momento sería pepenado por la FGR, así que empezó a impulsar a su secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña.

Arsenales de pólvora y balas han sido gastadas en la refriega entre ambos equipos. Calculamos que tanto Jáuregui como Santiago se han gastado más de 40 millones de pesos cada uno en espectaculares y múltiples eventos. Esto nos da una dimensión sobre el tamaño de su interés para quedarse con la candidatura.

Da la impresión que la gobernadora quiso públicamente poner los puntos sobre las íes el miércoles y dejar claro que el exfiscal fue el principal responsable por la CIA en el operativo anti narcolaboratorio pero ayer Jáuregui, en lugar de bajar la velocidad le pisó al acelerador y advirtió que no lo doblarán, que no aflojará.

Ya veremos si la gasolina le alcanza para alcanzar el propósito.

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En Ciudad Juárez, el rechazo al aumento salarial negociado por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) fue tan contundente que deja poco espacio a interpretaciones complejas y desmiente brutalmente a los directivos de la institución y a los líderes del organismo gremial.

En el Hospital General de Zona (6), mil 105 trabajadores votaron contra la propuesta y apenas 31 la respaldaron, sumados los turnos matutino, vespertino y nocturno. En la Unidad de Medicina Familiar 48, otros 281 votos fueron por el “No”, frente a 16 por el “Sí”. Nomás por dar dos ejemplos concretos.

Las cifras locales desbaratan el discurso de que las protestas eran cosa de unos cuantos inconformes ruidosos y escandalosos. En esta ciudad, donde el IMSS tiene más de nueve mil trabajadores (no todos sindicalizados), las movilizaciones reunieron a personal médico, de enfermería y administrativo que salió a las calles, mantuvo un plantón frente a las oficinas sindicales y exigió que se escuchara a las bases, pese a lo cual fueron minimizados sus reclamos.

Rafael Olivos Hernández, secretario general nacional del SNTSS, y Jorge Arturo Herrera Navarro, dirigente estatal, quedan frente a una crisis de representatividad que no se resuelve con llamados a la unidad ni discursos baratos. La consulta fue convocada después de las protestas, pero el resultado terminó convirtiéndose en un reclamo contra la forma en que se toman las decisiones sindicales.

Si la mayoría rechaza lo negociado, la dirigencia tiene la obligación de regresar a la mesa con un mandato distinto. Es lo que sigue.

Por supuesto, la responsabilidad patronal sigue intacta. Zoé Robledo, director general del IMSS, y Julio Mercado Castruita, delegado en Chihuahua, no pueden reducir el problema a una disputa entre trabajadores y sindicato.

La carencia de insumos, las deficiencias de infraestructura y las condiciones laborales deben atenderse con hechos, no con comunicados centralizados y sesgados, detrás de los que esconden sus caras los funcionarios para asegurar que las unidades continúan en funciones, aunque no sea del todo cierto.

Ahora bien, el rechazo votado no garantiza una nueva oferta ni implica la salida automática de los dirigentes y mucho menos resuelve las demandas sobre pensiones, abasto o representación sindical, que requieren vías de atención específicas.

En Juárez y todo el país, los números hablan por sí solos. Ahora falta saber si la renegociación servirá para corregir el acuerdo salarial y atender las demandas de fondo, o si sólo será otra maniobra para ganar tiempo mientras el descontento va en aumento.

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El gran perdedor en Juárez de esa elección en el sindicato del Seguro Social fue precisamente el secretario general, Jorge Herrera, aquel acusado de mañoso cuando ganó la dirigencia.

No pudo sacar buenas cuentas para su patrón nacional, Zoé Robledo, ni para su delegado estatal, el señalado una y otra vez por acosador de trabajadoras y trabajadores, Julio Mercado Castruita.

Les pasaron a ellos por encima los empleados sindicalizados de la institución. Ganaron nueve a uno con el NO, en un promedio superior a los mil trabajadores que acudieron a las urnas en esta frontera.

Lo que está en juego es la revisión contractual. Lo que equivale a un aumento salarial para la base trabajadora, obviamente favorecida esa base con las deplorables condiciones que sufre la institución a manos de Zoé y Mercado.

Entre los personajes que movilizaron a las bases en esta ciudad, se encuentran el enfermero, Luis Hernández, de la clínica 6; el trabajador social, Jesús Gamboa, de la misma clínica; Brenda Coronado, enfermera de la clínica 35; Irasema Alarcón, secretaria del Hospital 35; y el trabajador social Carlos Mendiola.

Ellos fueron los héroes de esa indispensable acción que, si bien tenía como objetivo mejorar sus prestaciones laborables, los beneficiados últimos deberán ser los derechohabientes.

Lograron movilizar a los trabajadores en las protestas y apabullar a la Cuarta Transformación a cargo de la administración, la pésima administración, del Seguro Social.

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Aunque reconoce la importancia de prevenir contextos de riesgo para la infancia y adolescencia, el decreto presidencial sobre entornos digitales para menores de edad, enfrenta severas observaciones por extralimitación jurídica.

Debido a que un decreto reglamentario -publicado el miércoles por la tarde en el Diario Oficial de la Federación- no puede imponer restricciones o cargas adicionales a derechos fundamentales que no estén expresamente contempladas en una ley del Congreso, la medida estaría comprometiendo el principio de legalidad.

Además, si bien es cierto, está basado en los artículos 101 Bis 2 y 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dichos preceptos solo facultan políticas preventivas y no atribuciones para la verificación obligatoria de edad, retención de evidencia digital o retiro inmediato de cuentas.

En cuanto al contenido, el decreto prohíbe exponer a menores a material sobre violencia o ciberacoso, e incorpora conceptos ambiguos como "discursos de odio" y "extremismo violento", cuya falta de precisión técnica deja la interpretación a la discrecionalidad gubernamental.

Al exigir el retiro inmediato de cuentas y publicaciones mediante algoritmos automatizados sin debido proceso ni vías de impugnación, las empresas tenderán a eliminar preventivamente denuncias periodísticas, investigaciones o campañas de prevención, provocando un efecto de censura colateral.

La norma estaría equivocando el enfoque al tratar al menor como la "vulnerabilidad a controlar" en lugar de exigir un diseño seguro de origen (Safety by Design), lo que incentivará a los jóvenes a evadir controles mediante el uso de VPN e identidades falsas hacia la red profunda.

De ese tamaño los retos que enfrenta el decreto que estará a prueba.