-Quedarían fraccionamientos a merced de dealers
-Aún sorprendidos chihuahuitas por evento de Bonilla
-Da Cruz pretexto al IEE para enseñar los dientes
-Inflación gabacha complica panorama a todos
Aparentemente fue una desafortunada casualidad la que impidió arrancar ayer los análisis hacia la reforma integral del reglamento de comités de vecinos que regula múltiples asuntos en todos los fraccionamientos de la ciudad, incluido uno de los más polémicos, los accesos controlados en aquellos cientos que tienen rejas electrónicas y/o casetas con guardias de seguridad.
El regidor del Partido del Trabajo, Pedro Matus, parece uno de los más entusiasmados en retirar plumas, puertas y todo control de acceso bajo el argumento de que la seguridad ha mejorado sustancialmente.
Bastante más prudente, el alcalde, Héctor Ortiz, dijo ayer que la revisión apenas empezará por parte de los integrantes del cabildo; lo mismo dijo la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales, quien por cierto debió deshacerse de su mano derecha, Gustavo “Tavo” Villalpando, por razones que, de verdad, de verdad, desconocemos; ya saldrán los motivos que llevaron a esa dolorosa separación.
Bueno, el caso es que varios funcionarios, regidores, y hasta presidentes de comités de vecinos, estuvieron convocados para arrancar con el susodicho análisis hacia una reforma integral, de fondo, de los comités de vecinos, porque la vigente data del 2007; es muy vieja, argumentan.
Lo sabemos, ese reglamento contempla a los vecinos molestos, a los vecinos ruidosos, a los vecinos que permiten a sus mascotas andar mordisqueando plantas ajenas o hacer del dos en todos los de por sí pequeños patios frontales o cocheras; cobrar cuotas, el mantenimiento de las áreas verdes…en fin, todo aquello que debe regularse comunitariamente en beneficio de la calidad de vida grupal.
Las rejas y puertas de acceso han representado una polémica eterna ya sabemos por qué. Cuestan un dinerito en cuotas pero permiten tranquilidad para los niños y niñas de las familias, para los adultos mayores, para la seguridad de las propias viviendas y evitan los prietitos en el arroz que buscan colarse a todos esos lugares, a los vendedores de droga que luego “socializan” con los policías, y luego se pasan por el arco del triunfo a los propios policías con todo y llamadas al 911.
De ese tamaño es el tema cuya discusión iniciaría ayer pero fue aplazada por el lamentable fallecimiento de un familiar del director de Desarrollo Social, Hugo Vallejo.
Seguro la autoridad municipal dará buen cauce a esa reforma y el resultado será en beneficio de todos los juarenses, incluidos los miles que viven en 900 fraccionamientos con accesos controlados.
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La convocatoria a la toma de protesta del alcalde de la capital del estado con licencia, Marco Bonilla, como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, mantiene el ánimo panista al tope no solo en Juárez, sino que pegó también en el resto del estado.
La incredulidad sobre todo de los chihuahuitas apostaba por un evento poco concurrido, pero al final los funcionarios juarenses encabezados por el representante de la gobernadora Maru Campos en la frontera, Carlos Ortiz Villegas, les taparon la boca y los regresaron con una sensación de triunfo que hace mucho no se veía.
La coordinación de todo el gabinete estatal en Juárez trabajó al unísono para garantizar la asistencia de los más de 15 mil chihuahuenses -según los organizadores- que llenaron los alrededores de Catedral para ser testigos de los pudiera ser el camino hacia lo que llamaron ratificación en la gubernatura.
Y es que no es desconocido para nadie que el reto de los panistas es Juárez, una ciudad perdida desde hace 16 años.
Por lo pronto, los capitalinos ya se dieron cuenta de que en Juárez hay con queso las tortillas, por lo menos para organizar eventos de campaña decentes.
Habrá que ver si ese vuelito les alcanza para llegar fuertes a la jornada electoral.
Mientras tanto, a soportar que por el momento andan más inflados que una encuesta a modo, y los chihuahuitas con la boca callada.
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El virtual candidato de Morena a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, denunció ante el Instituto Estatal Electoral a Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, y a la diputada presidenta del Congreso, Joceline Vega, por las expresiones públicas de ambas que pretenden vincularlo con el crimen organizado sin sustento alguno.
También anunció acciones civiles por daño moral, pero de fondo, es obvio, lo que le importa más es ponerle límites a una contienda electoral que todavía no comienza, pero ya tiene visos de que será una gran guerra de lodo.
No hay problema alguno en la confrontación fuerte de partidos y personajes; nadie debería quejarse por críticas severas, ideas, opiniones, cuestionamiento de trayectorias políticas y exigencia de explicaciones. Eso debe normalizarse en la democracia.
Pero cuando el sonsonete que han adoptado algunos, especialmente prianistas, de acusar sin evidencia alguna nexos criminales de cualquier morenista, resulta en una práctica de lanzar sentencias públicas sin evidencia alguna, lo que lleva a mandar a la verdad a un segundo plano y a privilegiar el insulto sobre el debate serio.
Eso no le quita a Pérez Cuéllar la obligación de someterse al escrutinio público; tampoco significa que por presentar una denuncia sus adversarias sean culpables de infringir la ley. Corresponderá al órgano electoral examinar las expresiones, su contexto y los elementos presentados por las partes.
La legislación y los criterios electorales protegen la crítica política, incluso cuando es dura, pero establecen límites frente a la imputación de delitos falsos realizada a sabiendas de su falsedad.
La excesiva adjetivación de los discursos, para hacerlos más estridentes y dar “más nota”, no solo refleja desesperación del adversario, sino que también lo pone en los límites de la legalidad.
En ese marco, con su denuncia, Pérez Cuéllar le da el pretexto al IEE para que enseñe los dientes y, en su calidad de árbitro electoral, exhorte a los partidos, a posibles candidatos y liderazgos, a elevar el nivel del debate.
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La economía estadounidense vuelve a poner a todos contra la pared. El reporte de inflación de septiembre, publicado ayer, mostró un incremento anual de 3.7 frente al 3.4 por ciento de agosto y por encima de lo esperado por el mercado. Más preocupante todavía: la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también salió más caliente de lo previsto, con 2.6 por ciento anual. La gasolina empuja los precios, pero las presiones comienzan a extenderse a otros sectores. La inflación sigue lejos del objetivo de dos por ciento en EU.
La reacción no se hizo esperar: los inversionistas vendieron bonos del Tesoro estadounidense, provocando un repunte en sus rendimientos, mientras el dólar se fortaleció y las bolsas resintieron la noticia.
El bono a 10 años llegó a rondar el 5.30 por ciento, un nivel que encarece el financiamiento de gobiernos, empresas y familias. ¿La razón? Si la inflación no cede, la Reserva Federal tendrá menos margen para bajar las tasas y hasta podría verse obligada a subirlas nuevamente. Es decir, el mercado comienza a cobrar más caro el dinero porque teme que los precios sigan fuera de control.
El problema es que el remedio también puede enfermar al paciente. Tasas más altas ayudan a combatir la inflación, pero frenan el crédito, la inversión y el consumo; y si la Fed mantiene una política restrictiva por demasiado tiempo, aumenta el riesgo de enfriar la economía y golpear el empleo. Para México, un dólar fortalecido y mayores rendimientos en Estados Unidos pueden presionar al peso y complicar las decisiones de Banxico, que también debe cuidar la inflación sin asfixiar la actividad económica. En pocas palabras, el panorama se complica para todos.
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