A pesar de que en el estado de Chihuahua se registró 34.9 por ciento de informalidad laboral durante el primer trimestre del año, es la segunda entidad del país con el porcentaje más bajo después de Coahuila, revelaron datos del reporte Informalidad laboral en México, ¿cómo vamos? 2026, realizado por la agrupación México, ¿Cómo Vamos?
Mientras que en Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Puebla se registraron tasas por encima del 70 por ciento, en entidades como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur las tasas de informalidad se observaron entre 34.2 y 38.6 por ciento de su población ocupada. Como la informalidad laboral está ligada a menores niveles de ingresos promedio, los estados con mayor informalidad laboral son también los que cuentan con los niveles más altos de pobreza laboral en el país. En tanto que las entidades con las menores tasas de informalidad laboral son también donde la pobreza laboral muestra los niveles más bajos, apunta el análisis.¿Qué contempla?
La informalidad laboral es aquella situación en la que una persona trabajadora no cuenta con seguridad social o protección legal e institucional correspondiente al tiempo trabajado. Esto incluye también el trabajo no remunerado realizado en una empresa generadora de ingresos. Al primer trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 54.8 por ciento de la población ocupada se encontraba en un empleo informal, mientras que el 45.2 restante contaba con empleo formal.Los cuatro tipos
Además, se definen cuatro tipos de informalidad laboral, según el tipo de unidad económica donde se realiza la labor: 1) empleo informal en el sector informal de la economía, 2) empleo informal en empresas, Gobierno e instituciones (sector formal de la economía), 3) empleo informal en el ámbito agropecuario y 4) empleo informal en el trabajo doméstico remunerado. Al desagregar el 54.8 por ciento de población ocupada en un empleo informal, se identifica que 29.5 por ciento se encuentra en el sector informal, 12.9 por ciento en empresas, Gobierno e instituciones, 8.7 por ciento en el ámbito agropecuario y 3.7 por ciento en trabajo doméstico remunerado.
