Texas enfrenta un tumultuoso 2025, ya que las disputas internas dentro de la coalición gobernante del estado están listas para intensificarse durante su próxima sesión legislativa que comienza en enero.

La lucha de poder dentro del Partido Republicano de Texas coincide con una ola de nuevos desafíos para el estado, desde una creciente crisis hídrica hasta las condiciones de su red eléctrica, todo lo que se desarrollará en medio del regreso del presidente electo Trump a la Casa Blanca en 2025, lo que podría representar un arma de doble filo para sus aliados en Austin.

Desde la batalla por el control del Partido Republicano estatal hasta si la mariguana llegará a ser legal en Texas, aquí hay cuatro grandes preguntas a observar en el nuevo año.

La carrera altamente cargada entre el senador Ted Cruz (Republicano) y el retador, el representante Colin Allred (Demócrata), atrajo la atención de observadores nacionales en este ciclo electoral, pero una lucha aún más dramática ha tenido lugar dentro de la coalición gobernante republicana de Texas.

Durante el último año, esa batalla vio a funcionarios ejecutivos estatales como el gobernador Greg Abbott, el vicegobernador Dan Patrick y el fiscal general Ken Paxton intentar purgar a la Cámara de Representantes de Texas de compañeros republicanos que se habían enfrentado a ellos.

Su objetivo: el control de la cámara baja de la Legislatura, un organismo que, aunque todavía dominado por conservadores, se ha mantenido como un bastión de relativa colegialidad bipartidista e independencia a medida que el partido estatal se ha vuelto cada vez más dominado por los llamados republicanos MAGA, aliados con Trump y sus seguidores.

Pero el retiro de Phelan no ha significado el fin de la guerra civil. La participación de Abbott, Patrick y Paxton en los asuntos de la Cámara —y el hecho de que gastaron mucho para desplazar a miembros que en gran parte les habían sido leales— dejó un rastro de sentimientos amargos.

Ahora, el Partido Republicano de Texas está dividido entre dos facciones, cada una de las cuales ha declarado victoria en la carrera por el liderazgo y propone un camino diferente para el partido. El representante estatal David Cook (Republicano), principal retador de Phelan y respaldado por el ala “reformista” de extrema derecha del Partido Republicano, quiere terminar con la práctica de otorgar posiciones de liderazgo en comités a demócratas y aprobar vales educativos radicales.

Mientras tanto, el representante estatal Dustin Burrows (Republicano), un ex lugarteniente de Phelan, quiere un enfoque más moderado hacia los vales y mantener el carácter bipartidista actual de la Cámara.

Burrows afirma que, con el apoyo demócrata, tiene suficientes votos para ser líder, mientras que el Partido Republicano estatal ha amenazado con despojar de apoyo e identificación partidaria a cualquier miembro que lo respalde.

Quien gane, es probable que la carrera deje a la Legislatura empapada de resentimiento, justo cuando Texas debe enfrentar una ola de graves problemas emergentes.

Cuando la Casa Blanca deje de pelear con Texas

El liderazgo republicano de Texas pasó la administración Biden en un estado de abierta oposición al gobierno federal y a las localidades dirigidas por demócratas en materia de inmigración, con líderes estatales como Abbott criticando la política de asilo de la Casa Blanca, desafiando a la administración por el control de la frontera con México y enviando autobuses con migrantes a ciudades del noreste.

Esos esfuerzos han atraído la atención nacional hacia el gobernador de Texas y han ayudado a impulsar preocupaciones nacionales sobre inmigración. Pero su impacto en términos de políticas parece haber sido limitado, ya que la administración Biden ha seguido su propio enfoque hacia la inmigración y se ha opuesto a muchas de las acciones de Abbott.

El ascenso del aliado de Abbott, Trump, a la Casa Blanca señala un cambio significativo en la política federal de inmigración y, potencialmente, en lo que Texas podrá hacer al respecto.

Los funcionarios de Texas han ofrecido acceso a más de 13 millones de acres de tierras estatales para campos de internamiento a la próxima administración Trump, que hizo campaña con una plataforma de deportaciones masivas. El estado también está peleando en los tribunales para llevar a cabo sus propias deportaciones, lo que, de tener éxito, lo convertiría en el primer estado en establecer su propia política de inmigración.

La perspectiva de tales deportaciones ha generado temor no solo entre los tejanos que viven en el país ilegalmente, sino también entre los dueños de negocios que dependen de ellos, particularmente en campos como la construcción, aunque también en la agricultura y el petróleo y gas.

Los trabajadores que carecen de estatus legal aportaron un estimado neto de más de $11 mil millones a la economía del estado, según un análisis de 2016.

Esas preocupaciones han llevado a algunos republicanos estatales a pedir cautela, según el Texas Tribune.

En noviembre, el representante Tony Gonzales (Republicano) advirtió que las deportaciones masivas eran una mala política combinada con una mala estrategia política. “Si el mensaje es ‘Estamos aquí para deportar a tu abuelita’, eso no va a funcionar bien”, dijo Gonzales en ABC News. “Tiene que ser uno de responsabilizar a estos criminales endurecidos.”

Pero Gonzales es algo así como un inconformista en el partido republicano estatal, que lo ha censurado por votar con los demócratas. Se le opone en esta perspectiva compañeros como el representante Chip Roy (Republicano), quien dijo en Fox Business que quería ver una red de deportación más amplia, comenzando con aquellos que ingresaron desde 2020.

“Deben ser eliminados. Deben ser deportados. Ese es el punto de partida”, dijo Roy. “El Congreso tendrá que apoyar (a Trump) y, francamente, no quiero escuchar excusas de mis colegas republicanos.”

Alta demanda de agua y electricidad

El rápido aumento en la demanda de agua y electricidad, junto con suministros limitados, es quizás el problema a largo plazo más grande que enfrenta la infraestructura de Texas. Sin embargo, abordar estos problemas requiere soluciones a nivel estatal y una inversión significativa, algo que podría resultar difícil en medio de las luchas internas del Partido Republicano y la creciente polarización política.

La administración Abbott ha propuesto algunas soluciones, incluida la construcción de más plantas desalinizadoras y la expansión de la capacidad de generación eléctrica. Sin embargo, críticos dentro y fuera del estado argumentan que estos pasos son insuficientes, y algunos incluso sugieren que los legisladores deberían considerar restricciones al crecimiento urbano, una propuesta que choca con las tradiciones profundamente arraigadas de desarrollo sin restricciones en Texas.

Algunos expertos señalan que las políticas actuales de agua y energía del estado no solo son inadecuadas para satisfacer las demandas futuras, sino que también podrían exacerbar la desigualdad económica y geográfica, dejando a las comunidades rurales y de bajos ingresos más vulnerables a cortes de suministro.

Modelo o advertencia

Con su población en auge, su infraestructura en tensión y un gobierno estatal atrapado en luchas internas y políticas divisivas, Texas entra en 2025 como un microcosmos de las tensiones más amplias que enfrentan los Estados Unidos. Lo que suceda en el estado durante este tumultuoso año podría ofrecer lecciones importantes para otros estados enfrentando desafíos similares, o podría servir como una advertencia de los peligros de priorizar los intereses partidistas sobre las soluciones prácticas a los problemas compartidos.