La Comisionada de Tierras de Texas, la doctora Dawn Buckingham, anunció que ha identificado terrenos adicionales bajo la jurisdicción de la Oficina General de Tierras (GLO, por sus siglas en inglés) para facilitar el plan de deportaciones masivas del ex presidente Donald Trump, en caso de ser reelegido. .

Entre los terrenos identificados, se encuentran áreas ubicadas en el Condado de El Paso, una región que históricamente ha rechazado las políticas migratorias del ex presidente Trump. Durante su primer mandato en la Casa Blanca, se estableció en Tornillo, Texas, dentro de los límites del condado, un controvertido centro de detención para menores que viajaban solos a Estados Unidos.

Esta instalación temporal, operativa entre junio de 2018 y enero de 2019, generó fuertes críticas de activistas de derechos humanos y autoridades locales. El centro llegó a albergar a más de 2,800 menores en condiciones que los defensores calificaron como inadecuadas y traumatizantes. El malestar se reflejó en numerosas protestas, destacando la oposición de una comunidad que se considera profundamente arraigada en los valores de acogida y solidaridad.

Además, un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) destacó el despilfarro de recursos públicos durante la reapertura del centro de Tornillo en 2022, cuando se utilizó para albergar adultos migrantes. Entre agosto y diciembre de ese año, el Gobierno federal gastó aproximadamente 66 millones de dólares para operar la instalación, diseñada para albergar hasta 2,500 detenidos. Sin embargo, el promedio diario de detenidos fue de apenas 28 personas, lo que resultó en un costo de alrededor de 431,000 dólares diarios.

Durante los primeros tres meses, solo se utilizó el 1% de la capacidad del centro, mientras que se destinaron millones de dólares en alimentos, suministros y personal que nunca fueron completamente aprovechados. Este episodio subrayó la ineficiencia y los costos exorbitantes asociados con estas políticas.

Durante una conferencia de prensa en Starr County, Buckingham celebró el inicio de la construcción de un muro fronterizo en un rancho de 1,402 acres (567 hectáreas) recientemente adquirido por la GLO, y anunció la creación de “The Jocelyn Initiative”, una medida destinada a localizar terrenos estatales para operaciones de deportación

“Estamos comprometidos a utilizar cada herramienta a nuestra disposición para proteger a los tejanos de los criminales violentos que esta administración federal ha permitido ingresar a nuestro país”, declaró Buckingham, refiriéndose a las políticas migratorias del gobierno de Joe Biden. La comisionada también afirmó que su oficina ha identificado terrenos en El Paso y otros puntos del estado que podrían ser utilizados para instalar instalaciones destinadas a la deportación de inmigrantes indocumentados.

Buckingham compartió escenario con la familia de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años de Houston que fue asesinada por individuos identificados como inmigrantes indocumentados. En honor a su memoria, “The Jocelyn Initiative” busca, según Buckingham, “ayudar a la administración Trump a ejecutar su plan desde el primer día de su mandato”.

Críticas a la medida

La propuesta ha generado críticas entre organizaciones de derechos humanos y legisladores locales. Eduardo Canales, director del Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, calificó la iniciativa como “inhumana y contraproducente”. “Estas acciones exacerban la criminalización de las comunidades migrantes y no abordan las causas reales de la migración. Es vergonzoso que recursos estatales sean utilizados para perpetuar el miedo y la segregación”, indicó Canales.

Por su parte, la congresista Verónica Escobar, quien representa el distrito de El Paso, expresó su preocupación por el impacto que esta medida tendría en su comunidad. “El Paso es una ciudad de migrantes y refugiados. Transformar nuestros espacios en centros de detención masiva es un retroceso que daña nuestro tejido social y nuestra reputación como un lugar de esperanza para quienes huyen de la violencia”, señaló.

Preparativos para el muro fronterizo

Mientras tanto, la GLO ha otorgado autorizaciones rápidas para iniciar la construcción de un muro fronterizo en el rancho de Starr County. Este esfuerzo forma parte de una campaña de seguridad estatal liderada por el gobernador Greg Abbott, que incluye barreras flotantes en el río Grande y la militarización de puntos críticos de cruce fronterizo.

A pesar de los elogios de Buckingham y sus aliados, el programa de deportaciones masivas de Trump enfrenta numerosos retos logísticos y legales. Durante su primer mandato, esfuerzos similares fueron obstaculizados por demandas y críticas generalizadas. Sin embargo, la reincorporación de figuras como Stephen Miller y Tom Homan, arquitectos de sus políticas migratorias anteriores, indica que el expresidente busca avanzar agresivamente con su plan.

División política

La oferta de terrenos estatales para la construcción de instalaciones de deportación y la expansión del muro fronterizo subrayan la postura firme de Texas bajo la administración de Abbott en Texas, y Buckingham en la comisión estatal de tierras en temas migratorios. No obstante, también reflejan una creciente división política, con sectores que ven estas medidas como un abuso de poder y un desperdicio de recursos públicos.

La decisión de utilizar terrenos en El Paso, una ciudad con profundas raíces migrantes, podría intensificar las tensiones entre el Gobierno estatal y las comunidades locales, que enfrentan un futuro incierto bajo estas propuestas.

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