Dos presuntos miembros de la pandilla transnacional Barrio Azteca (BA), aliada del Cártel de Juárez, fueron extraditados desde México a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con los asesinatos de empleados del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez en marzo de 2010.
Eduardo Ravelo, alias “El Tablas” o “T-Blas”, y Enrique Guajardo López, alias “Kiki”, llegaron a territorio estadounidense el 20 de febrero y comparecieron ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas.
Ravelo, quien fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, y Guajardo están acusados en una imputación de 12 cargos presentada en marzo de 2011. Entre los cargos se incluyen asociación delictuosa, importación, distribución y posesión de cocaína, así como homicidio en un país extranjero y homicidio con arma de fuego en apoyo a actividades del crimen organizado.
El 13 de marzo de 2010, Leslie Ann Enríquez Catton, empleada del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, su esposo Arthur Redelfs y Jorge Alberto Salcido Ceniceros, esposo de otra funcionaria consular, fueron asesinados en dos ataques separados cuando salían de una fiesta infantil organizada por empleados de la sede diplomática.
Las investigaciones indicaron que miembros de Barrio Azteca los atacaron bajo la creencia errónea de que colaboraban con una organización rival o con las autoridades estadounidenses.El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en 2011 cargos contra 35 presuntos miembros de la pandilla Barrio Azteca, 10 de los cuales fueron acusados por estos homicidios. A lo largo de los años, varios de estos acusados han sido capturados y condenados, con sentencias que van desde prisión de varias décadas hasta cadena perpetua.
Eduardo Ravelo fue detenido el 26 de junio de 2018 en Uruapan, Michoacán, en una operación del Ejército Mexicano y la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Desde entonces, estuvo recluido en el Centro de Readaptación Social conocido como Mil Cumbres, en el municipio de Charo, Michoacán. Su extradición se retrasó debido a una serie de recursos legales presentados por su defensa.
Ravelo argumentó que su extradición violaba el principio de ‘non bis in idem’, que impide ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya que enfrentaba procesos en México por delincuencia organizada y narcotráfico en Jalisco, y otro por delincuencia organizada en Chihuahua. Sin embargo, el Octavo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México desestimó sus alegatos, argumentando que las causas judiciales en México no estaban firmes y que los delitos imputados en Estados Unidos eran distintos.
Asimismo, la defensa de Ravelo alegó que podría ser condenado a la pena de muerte, pero el tribunal confirmó que Estados Unidos había garantizado que no se le aplicaría dicho castigo. En su lugar, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.
La extradición de Ravelo y Guajardo forma parte de un esfuerzo coordinado entre Estados Unidos y México para desmantelar organizaciones criminales transnacionales. Autoridades estadounidenses destacaron que la entrega de ambos acusados refuerza el compromiso de ambos países en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.
El Barrio Azteca, surgido en los años 80 como una pandilla carcelaria en el sistema penitenciario de Texas, evolucionó hasta convertirse en una organización criminal transnacional con una estructura jerárquica de tipo militar. En la década de 2000, BA se alió con “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez, para disputar el control del trasiego de drogas en la región fronteriza de Chihuahua. Su modus operandi incluye el tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, extorsión, intimidación y homicidios. Las ganancias del grupo provienen principalmente del narcotráfico y de actividades delictivas en las prisiones estadounidenses y mexicanas.
Las agencias estadounidenses involucradas en la investigación y captura de los extraditados incluyen al FBI, la DEA y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, con apoyo de autoridades estatales y locales. La fiscal en funciones, Margaret Leachman, subrayó que su oficina llevará a cabo un proceso exhaustivo contra Ravelo y Guajardo, asegurando que enfrentarán la justicia por los crímenes cometidos.
Si son declarados culpables, ambos enfrentarían una pena mínima de cadena perpetua, con base en las leyes federales estadounidenses y las directrices de sentencias aplicables. La cooperación entre México y Estados Unidos en este caso representa un paso importante en la lucha binacional contra el crimen organizado y el narcotráfico en la región fronteriza. Este tipo de extradiciones envía un mensaje claro a los grupos criminales sobre la determinación de ambas naciones para combatir la impunidad y garantizar la justicia para las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico.
