Dos negocios de servicios de envío de dinero en El Paso ubicados en el Centro –Valuta Corporation y Payan Fuel Center– han presentado una demanda en una Corte federal contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los empresarios acusan que una nueva orden emitida por la administración Trump ha provocado la pérdida de clientes, particularmente personas trabajadoras que envían dinero a sus familias en México y otros países.
La medida en cuestión, conocida como Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés), exige a las empresas de servicios monetarios recabar información personal de los clientes –como número de Seguro Social o de residencia permanente, así como dirección domiciliaria– en cualquier transacción superior a los 200 dólares. Antes, el umbral era de 10 mil dólares.
Ashley Light, propietaria de Valuta Corporation, denunció que la orden “trata a la gente como si fueran criminales” y que ha generado una pérdida significativa de clientes. “Somos un negocio familiar. Cada cliente cuenta, incluso si es una transacción pequeña. Esto nos está afectando gravemente”, declaró.
La demanda fue presentada el 30 de mayo en el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas. Es la tercera acción legal impulsada por el Instituto para la Justicia, con sede en Washington, D.C., contra el Departamento del Tesoro, por considerar que la orden viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y requisas irrazonables.
La orden, implementada desde el 14 de abril, ha desatado una oleada de quejas en la frontera, donde miles de residentes dependen de este tipo de servicios para ayudar a sus familias en el extranjero.
“Lo que hace esta nueva orden es enterrar en papeleo a pequeños negocios como el nuestro”, dijo Light, quien afirmó haber enviado mil 800 reportes al Gobierno federal desde abril, comparado con sólo 125 en todo 2024.
Esperanza Rodríguez, residente de El Paso de 63 años, acudió a Valuta Corporation el 1 de mayo para enviar 350 dólares a su madre en México. Sin embargo, le negaron el servicio debido a un límite temporal en las transacciones. “No sé dónde voy a conseguir mi giro. Tendré que ir a otro lugar”, expresó.
El Departamento del Tesoro ha defendido la orden como una herramienta para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del narcotráfico. Sin embargo, los abogados del Instituto para la Justicia cuestionan la efectividad y legalidad de la medida, argumentando que “no tiene sentido pensar que los cárteles lavan dinero en montos de 200 dólares”.
El juez federal Leon Schydlower, designado por el presidente Joe Biden, será quien supervise el caso. La primera audiencia está programada para el miércoles 11 de junio. Mientras tanto, los pequeños negocios de la frontera esperan que la justicia detenga la orden para poder seguir sirviendo a sus comunidades como lo han hecho durante décadas.
“Sólo queremos volver a la normalidad”, concluyó Light. “Eso sería la verdadera victoria”.
