La decisión de la Fiscalía de Distrito en el condado de El Paso de no buscar la pena de muerte para Patrick Crusius, autor del tiroteo masivo en El Paso en 2019 que dejó 23 muertos y 22 heridos, generó reacciones encontradas en la comunidad. Mientras familiares de las víctimas y sectores de la sociedad reclaman un castigo más severo, grupos religiosos y defensores de derechos humanos respaldan la sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional.
Algunos familiares de las víctimas expresaron frustración y dolor ante la eliminación de la pena capital en el caso. “Era un crimen de odio, planeado y dirigido contra nuestra comunidad. Merecía la máxima pena”, declaró Gustavo Arreola, amigo de una de las familias que perdieron a uno de sus seres queridos en la masacre.
A decir de los expertos, la pena de muerte sigue siendo uno de los temas más polémicos en Estados Unidos, con opiniones profundamente divididas entre partidarios y detractores.
Mientras algunos estados mantienen y aplican esta condena, otros la han abolido, evidenciando una fractura legal, ética y social en el país.El obispo de la Diócesis de El Paso, Mark Seitz, expresó que en este momento “nuestras oraciones acompañan a las familias que sufren a diario por los seres queridos que perdieron ese día y a los muchos que vivirán para siempre con ese trauma”.
Y acentuó: “Como seguidores de Cristo, creemos en la santidad de toda vida humana y nos oponemos a la pena de muerte, incluso ante este acto odioso y violento. Pedimos a Dios que los rodee de su amor y les conceda consuelo”.
A su vez, los defensores de la pena de muerte, entre ellos fiscales, grupos conservadores y familiares de víctimas, argumentan que es una herramienta necesaria para castigar crímenes atroces. “Es una cuestión de justicia para las familias que han sufrido pérdidas irreparables”, dijo uno de los afectados del tiroteo, quien prefirió permanecer en el anonimato.
Por otro lado, organizaciones como Amnistía Internacional y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunciaron que la pena de muerte es irreversible y propensa a errores. A decir de los conocedores, más de 190 condenados han sido exonerados desde 1973, demostrando los fallos del sistema.
Sin embargo, varios residentes y activistas locales respaldaron este sentir, argumentando que Texas, un estado con tradición en aplicar la pena de muerte, debió mantenerla para este caso emblemático de violencia racial.
Crusius, quien admitió su motivación xenófoba contra la comunidad hispana, enfrentaba la posibilidad de la ejecución antes de que la Fiscalía aceptara un acuerdo de culpabilidad a cambio de cadena perpetua.
El martes por la mañana, el fiscal de Distrito, James Montoya, informó que si bien hay familiares que no querían la pena de muerte, ciertamente otros sí la querían, e incluso algunos insistían en seguir buscando la pena capital sin importar cuánto tiempo tomara. “Pero después de sopesarlo todo y hablar incluso con los sobrevivientes que estaban ahí, se volvió insostenible para nosotros continuar”, dijo quien también estaba a favor de la ejecución.
A lo largo de las décadas también se ha cuestionado su aplicación desigual, con sesgos raciales y económicos: las estadísticas muestran que las minorías y los acusados sin recursos tienen más probabilidades de recibir esta sentencia.
“Siempre son los blancos los que se salvan de la pena capital, y los latinos van directo al paredón; eso no se vale, no es justo”, dijo consternado Raúl Perales, luego de leer la noticia en El Diario de El Paso. “Ya ves, eso es lo que pasa siempre aquí. Porque somos morenitos y chaparritos nos discriminan y recibimos un trato desigual”, recriminó el originario del estado de Puebla, México.
Señaló que, como católico, no está de acuerdo con la condena a muerte, pero si en este país existe, la aplicación de esa pena regulada por ley en delitos graves debe ser justa en los 29 estados donde es legal, incluyendo Texas.
“Creo que esto debe ser obra del presidente Trump, porque él está familiarizado con este caso; seguramente presionó a la Fiscalía para que se diera esta decisión por ser un hombre blanco defensor del supremacismo blanco”, dijo Patricia, una ama de casa residente del Valle de Las Misiones.
En su declaración, el obispo Seitz dijo que, si bien “creemos que la comunidad necesita protección contra cualquiera que cometa un crimen de este tipo, nuestra comunidad no estará más segura ni mejor buscando más derramamiento de sangre”.
Apuntó que, si bien muchos creen que la pena de muerte traería un cierre a la historia, en realidad, los juicios y apelaciones adicionales a lo largo de los años solo servirán para retraumatizar a quienes han sido heridos.
“El asesinato del perpetrador no traerá de vuelta a quienes se perdieron. Todo esto nos lo aclaran las enseñanzas de Cristo, que nos llama a reconocer la dignidad fundamental de todo ser humano y a confiar en que, a la luz de su Resurrección, la muerte no tiene la última palabra”.
La Diócesis católica de El Paso y organizaciones como Texas Coalition to Abolish the Death Penalty celebraron la resolución y, tras emitir un comunicado, la Iglesia señaló: “La vida es sagrada, incluso la de los culpables. La cadena perpetua asegura que no habrá más violencia”.
Defensores de derechos humanos destacaron que el proceso evitaba un juicio prolongado que hubiera revictimizado a las familias, además de que elimina el riesgo de apelaciones interminables. Además, subrayaron los sesgos raciales en la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.
James Montoya, quien en su campaña política se pronunció en la búsqueda de la pena de muerte para Crusius, ahora defendió a la Fiscalía, citando la necesidad de un cierre rápido para la comunidad y la certeza de que Crusius nunca saldrá de prisión. Sin embargo, críticos, incluidos algunos legisladores, cuestionaron su decisión.
