En su lucha por que se haga justicia y se esclarezcan las causas de la muerte de su esposo Rafael, encontrado sin vida en una celda del condado de El Paso el 9 de marzo pasado, la viuda Sandra Gámez, asesorada por la firma legal Werge Law Firm PLLC, interpuso una demanda contra el Condado de El Paso y la Oficina del Sheriff del Condado para exigir daños compensatorios superiores a un millón de dólares, por muerte injusta, angustia mental y otras pérdidas.

La demanda, que se centra en cuatro cargos –negligencia, falta de capacitación del personal, violación de derechos civiles y violación de derechos constitucionales–, fue presentada ante una corte federal, informó el abogado Arthur V. Werge, quien llevará el caso junto con dos colegas.

Aunque las autoridades, incluido el titular de la Oficina del Sheriff, atribuyen el deceso a un “suicidio”, la familia desmiente categóricamente esta versión, asegurando que Rafael Reyes era un hombre sano, trabajador y con planes de salir bajo fianza.

“Estamos demandando al condado y específicamente al sheriff, Oscar Ugarte, porque él tiene la obligación de garantizar la salud y el bienestar de las personas que ingresan a la cárcel. También estamos denunciando violaciones a los derechos civiles bajo la ley y la Constitución federal”, expresó el abogado Werge.

Detalló que esta demanda es apenas el primer paso. Ahora se está a la espera de la respuesta del condado, para luego iniciar el proceso de descubrimiento, mediante el cual se obtendrán los registros desde el momento en que Reyes fue detenido, arrestado, trasladado a la cárcel y sometido a un examen médico que –según la defensa– confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

Tras conocerse la querella, la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso declaró: “La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso no proporcionará comentario alguno sobre este asunto ya que ahora está bajo litigio”.

Por su parte, el juez del Condado, Ricardo Samaniego, manifestó que la demanda será atendida conforme al procedimiento legal. “Siempre tomamos todo con seriedad. Tratamos de entender la situación y hacer todo lo que esté en nuestras manos para comprender mejor lo ocurrido”, afirmó.

Según el expediente, Rafael Reyes, de 57 años, fue detenido el 7 de marzo por adeudos relacionados con multas de tráfico. Dos días después, su esposa, Sandra Gámez, fue notificada de su fallecimiento. El abogado señaló que hasta la fecha la familia no ha recibido ni el acta de defunción ni el informe de autopsia, ni explicaciones claras sobre las circunstancias del deceso.

“Nos han dado tres o cuatro versiones distintas, pero ninguna prueba”, denunció Gámez, quien además perdió su hogar al quedar sin sustento económico.

La firma Werge Law Firm PLLC sostiene que el sheriff Oscar Ugarte tenía la obligación legal de garantizar la seguridad y salud de los detenidos. “Si hubo negligencia o falta de capacitación, debe corregirse. Lamentablemente, no podemos traer de vuelta al señor Rafael, pero exigimos justicia y una compensación para su familia”, declaró Werge.

La demanda federal argumenta que el Condado incumplió protocolos básicos, como exámenes médicos al ingreso y revisiones periódicas en la celda.

“Ellos tienen una responsabilidad legal establecida por el estado. Existen protocolos que deben seguirse dentro de la cárcel hora por hora para evitar crímenes violentos, homicidios y para cuidar adecuadamente a personas con enfermedades mentales”, insistió el abogado.

Werge advirtió que este caso no es aislado: en lo que de 2025 se han registrado tres muertes bajo custodia del sheriff, todas atribuidas a suicidio, algo que –asegura– debe investigarse a fondo.

Sandra Gámez, quien sufre de depresión severa, relató el devastador impacto de la pérdida de su esposo, agravado por una situación médica de una de sus hijas y la actual crisis económica. “Él era nuestro sostén. Ahora no sé cómo seguir”, expresó entre lágrimas la viuda, quien ahora también enfrenta complicaciones migratorias.

“Queremos saber qué pasó realmente. Si el sheriff está siguiendo los estándares, ¿por qué hay tantas muertes?”, cuestionó nuevamente Werge, señalando fallas en la capacitación y supervisión del personal.

Expertos consideran que este caso ha reabierto el debate sobre las condiciones carcelarias en el Condado de El Paso.

La familia y sus representantes urgieron a otras posibles víctimas de negligencia a buscar asesoría legal. “Esto no es aceptable. Debe haber justicia para evitar que se repita”, subrayó Werge.

La demanda señala que, como resultado de la acción de los acusados, el demandante y los herederos de Reyes sufrieron: daños por muerte injusta –incluida la pérdida de compañerismo, amor y afecto–, angustia mental, dolor físico sufrido por Reyes antes de morir, pérdida de apoyo financiero (ya que era el único proveedor), lo que llevó a un proceso de desalojo el 4 de abril de 2025.

También se reclama la pérdida de consorcio (incluidos servicios en el hogar y orientación parental), gastos funerarios, pérdida de herencia, y el sufrimiento emocional de Gámez y los hijos nacidos durante los 36 años de matrimonio. Asimismo, se solicitan compensación por daños y punitivos, por la supuesta indiferencia deliberada de los acusados.

Mientras el condado prepara su respuesta legal, la familia Reyes-Gámez aguarda, entre el dolor y la frustración, que la verdad sobre la muerte de Rafael salga finalmente a la luz. “Confío en Dios y en los abogados. Sé que lucharán por mi esposo”, concluyó Sandra Gámez, aún sin respuestas de las autoridades.