Washington— La administración Trump ha autorizado secretamente a la CIA para realizar acciones encubiertas en Venezuela, según funcionarios de Estados Unidos, intensificando una campaña contra Nicolás Maduro, el líder autoritario del país.
La autorización es el último paso en la intensificación de la campaña de presión de la administración Trump contra Venezuela. Durante semanas, el Ejército de Estados Unidos ha estado atacando barcos frente a la costa venezolana que, dice, están transportando drogas, matando a 27 personas. Los funcionarios de Estados Unidos han sido claros, en privado, que el objetivo final es expulsar a Maduro del poder.
Trump reconoció el miércoles que había autorizado la acción encubierta, y dijo que Estados Unidos estaba considerando ataques en territorio venezolano.
“Ciertamente estamos mirando tierra ahora, porque tenemos el mar muy bien bajo control”, dijo el presidente a los periodistas horas después de que The New York Times informara sobre la autorización secreta.
Cualquier ataque en territorio venezolano sería una escalada significativa. Después de varios ataques a barcos, la administración enfatizó que las operaciones habían tenido lugar en aguas internacionales.
Nuevas facultades para la CIA
La nueva autoridad permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una variedad de operaciones en el Caribe.
La agencia podría tomar acción encubierta contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o en conjunto, con una operación militar más amplia. No se sabe si la CIA está planeando operaciones específicas en Venezuela.
Pero el desarrollo llega mientras el Ejército de Estados Unidos está planeando su propia posible escalada, elaborando opciones para que el presidente Donald Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela.
La escala del despliegue militar en la región es sustancial: actualmente hay 10 mil tropas de Estados Unidos allí, la mayoría de ellas en bases en Puerto Rico, pero también un contingente de Marines en buques de asalto anfibio. En total, la Marina tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.
Las nuevas autoridades, conocidas en la jerga de inteligencia como un hallazgo presidencial, fueron descritas por múltiples funcionarios de Estados Unidos que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el documento altamente clasificado.
Trump ordenó el fin de las conversaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro este mes mientras se frustraba con el fracaso del líder venezolano en acceder a las demandas de Estados Unidos de renunciar al poder voluntariamente y la insistencia continua de los funcionarios de que no tenían parte en el tráfico de drogas.
Antecedentes de operaciones
La CIA ha tenido durante mucho tiempo autoridad para trabajar con gobiernos en América Latina en asuntos de seguridad e intercambio de inteligencia. Eso ha permitido a la agencia trabajar con funcionarios mexicanos para atacar a los cárteles de drogas. Pero esas autorizaciones no permiten a la agencia llevar a cabo operaciones letales directas.
La estrategia de la administración Trump sobre Venezuela, desarrollada por el secretario de Estado, Marco Rubio, con ayuda del director de la CIA, John Ratcliffe, tiene como objetivo expulsar a Maduro del poder.
Ratcliffe ha dicho poco sobre lo que su agencia está haciendo en Venezuela. Pero ha prometido que la CIA bajo su liderazgo se volvería más agresiva. Durante su audiencia de confirmación, Ratcliffe dijo que haría que la CIA fuera menos reacia al riesgo y más dispuesta a realizar acciones encubiertas cuando el presidente lo ordene, “yendo a lugares donde nadie más puede ir y haciendo cosas que nadie más puede hacer”.
La Casa Blanca y la CIA se negaron a comentar.
El miércoles, Trump dijo que había hecho la autorización porque Venezuela había “vaciado sus prisiones en Estados Unidos de América”.
El presidente parecía estar refiriéndose a afirmaciones de su administración de que miembros de la pandilla carcelaria “Tren de Aragua” habían sido enviados a Estados Unidos para cometer crímenes. En marzo, Trump proclamó que la pandilla, que fue fundada en una prisión venezolana, era una organización terrorista que estaba “llevando a cabo guerra irregular” contra Estados Unidos bajo las órdenes del gobierno de Maduro.
Evaluaciones de inteligencia contradictorias
Una evaluación de la comunidad de inteligencia en febrero contradijo esa afirmación, detallando por qué las agencias de espionaje no pensaban que la pandilla estuviera bajo el control del gobierno de Maduro, aunque el FBI disintió parcialmente. Un alto funcionario de la administración Trump presionó para que la evaluación fuera rehecha. La evaluación inicial fue reafirmada por el Consejo Nacional de Inteligencia. Después, el director interino del consejo, Michael Collins, fue despedido de su puesto.
Estados Unidos ha ofrecido $50 millones por información que conduzca al arresto y condena de Maduro por cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos.
Rubio, quien también se desempeña como asesor de seguridad nacional de Trump, ha llamado a Maduro ilegítimo, y la administración Trump lo describe como un “narcoterrorista”.
Maduro bloqueó al gobierno que fue elegido democráticamente el año pasado de tomar el poder. Pero las acusaciones de la administración Trump de que se ha beneficiado del comercio de narcóticos y que su país es un importante productor de drogas para Estados Unidos han sido debatidas.
La administración ha afirmado en presentaciones legales que Maduro controla al “Tren de Aragua”. Pero una evaluación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos contradice esa conclusión.
Justificaciones legales
Mientras la administración Trump ha ofrecido públicamente justificaciones legales relativamente débiles para su campaña, Trump dijo al Congreso que decidió que Estados Unidos estaba en un conflicto armado con cárteles de drogas que considera organizaciones terroristas. En el aviso al Congreso a finales del mes pasado, la administración Trump dijo que los cárteles que contrabandean drogas eran “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”.
Los hallazgos de la Casa Blanca que autorizan acciones encubiertas son secretos estrechamente guardados. A menudo son reautorizados de administración en administración, y su lenguaje preciso rara vez se hace público. También constituyen uno de los usos más crudos del Poder Ejecutivo.
Miembros selectos del Congreso reciben información sobre las autorizaciones, pero los legisladores no pueden hacerlas públicas, y realizar supervisión de posibles acciones encubiertas es difícil.
