Un gran jurado federal en Phoenix presentó, el 21 de julio, una acusación de 158 cargos contra Fernando Daniel Castro, Cruz Rafael Castro, Marque J'von Rogers, Taquan Antonio M. Carter, Zaccheus Faith Baselt, Juan Manuel Torres Pérez y otras 15 personas, tras una investigación de dos años, por conspiración para comprar armas de fuego ilegalmente con fines de venta sin licencia, declaraciones falsas en la compra de armas, venta de armas sin licencia y conspiración para el tráfico de armas.
Según la acusación, Fernando Daniel Castro, residente de Phoenix, y varios coacusados reclutaron a otras personas para adquirir armas de fuego en concesionarios con licencia federal (FFL) en Arizona a cambio de un pago. Las armas eran compradas a nombre de Castro, quien después las revendía con fines de lucro. El documento sostiene que Castro vendió parte de las armas —entre ellas pistolas Glock 19 y rifles tipo AK— sabiendo o teniendo razones para creer que serían exportadas fuera de Estados Unidos.
La investigación, realizada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), se originó a partir de información obtenida en otros cuatro casos federales presentados previamente:
El 31 de marzo de 2026, Emmanual Rabena-Velderrain, de México, se declaró culpable de intento de contrabando de mercancía desde Estados Unidos. Fue detenido el 17 de febrero de 2025 cuando intentaba cruzar hacia México con 42 rifles tipo AK y 42 cargadores calibre 7.62x39 en su vehículo. Su sentencia está programada para el 17 de agosto de 2026 ante el juez federal Scott H. Rash, en Tucson.
El 27 de abril de 2026, Amairany Guadalupe Armendáriz Álvarez, de México, fue sentenciada a 24 meses de prisión por la jueza federal Susan M. Brnovich, tras declararse culpable de ser extranjera en posesión de un arma de fuego. Álvarez admitió haber ingresado a Estados Unidos con una visa de no inmigrante y viajado a Phoenix para recoger tres rifles M249 y una pistola Colt, sabiendo que las armas serían contrabandeadas a México.
El 13 de mayo de 2026, Alejandro Rodríguez y Maricruz Carrillo, ambos de Phoenix, se declararon culpables de posesión de armas y municiones siendo delincuentes convictos. Admitieron poseer un rifle M249, un rifle Barrett calibre .50 BMG, un rifle FN SCAR, 12 rifles tipo AK, seis pistolas y 57,000 cartuchos en su domicilio de Phoenix. Ambos serán sentenciados el 19 de octubre de 2026 ante el juez federal Sharad H. Desai.
El 24 de junio y el 1 de julio de 2026, respectivamente, Jose Daniel Medina y Juan Jesús Estévez, ambos de México, se declararon culpables de conspiración para contrabandear armas y municiones desde Estados Unidos hacia compradores en México. Serán sentenciados el 11 de septiembre de 2026 ante la jueza federal Krissa M. Lanham. Un tercer coacusado, Christian Alberto Pereida Ramírez, de Nogales, Arizona, tiene programada una audiencia de cambio de declaración para el 12 de agosto de 2026. En esta parte de la investigación, las autoridades decomisaron 10 pistolas y 56,000 cartuchos.
En conjunto, los socios del HSTF han ejecutado numerosas órdenes de cateo federales sobre cuentas de redes sociales, teléfonos, domicilios y vehículos, y han decomisado más de 100 armas de fuego y más de 125,000 cartuchos en Arizona.
Una condena por conspiración para el tráfico de armas o por ser poseedor prohibido de armas o municiones conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de 250,000 dólares, o ambas. El contrabando de mercancía fuera de Estados Unidos tiene una pena máxima de 10 años y multa de 250,000 dólares, o ambas. Los cargos de conspiración, declaraciones falsas en la compra de un arma y venta de armas sin licencia conllevan penas máximas de cinco años de prisión y multa de 250,000 dólares, o ambas.
