La administración Trump debe pagar, antes del viernes, millones de dólares a Estrella del Paso y a otras organizaciones de asistencia legal que representan a menores migrantes no acompañados, ordenó el jueves una jueza federal.

La jueza de distrito federal Araceli Martínez-Olguín, de Oakland, California, ordenó al gobierno liberar $65 millones de dólares en pagos que ha retenido desde diciembre, antes de la 1:00 p.m., hora de la montaña (MDT), del viernes, incluidos alrededor de $765,000 dólares que debe a Estrella del Paso. También ordenó al gobierno presentar, antes de las 2:00 p.m. MDT, una declaración en la que confirme haberlo hecho.

"Estamos increíblemente agradecidos por la decisión de la corte de ordenar el pago de nuestras facturas pendientes antes del mediodía, hora del Pacífico, de mañana. La corte vio con claridad el intento del gobierno de evadir la orden judicial", dijo Melissa M. López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, en un comunicado a El Paso Matters.

El gobierno había argumentado que las organizaciones no estaban presentando correctamente las facturas ni proporcionando la información solicitada, mientras que las organizaciones de asistencia legal dijeron que el gobierno estaba reteniendo los pagos en un intento por obligarlas a entregar información confidencial sobre los menores migrantes a quienes representan.

Estrella del Paso —un ministerio de la Diócesis Católica de El Paso— cerró el viernes su programa de asistencia legal para menores no acompañados, despidiendo a 13 empleados y suspendiendo los servicios a cualquier nuevo cliente menor de edad, citando la falta de pagos por parte del gobierno y la expiración de su contrato con este.

No está claro si Estrella del Paso u otras organizaciones que presentaron la demanda contra el gobierno podrán seguir brindando servicios legales a los menores no acompañados.

Esto se debe a que el contrato del gobierno con el Acacia Center for Justice, el cual subcontrata a los demás proveedores, concluyó el viernes.

Las organizaciones de asistencia legal dijeron en documentos judiciales que no se ha identificado ningún contrato puente, y que ningún caso ha sido transferido a otro proveedor legal desde el viernes. Alrededor de 24,000 casos están pendientes, de acuerdo con registros judiciales.

"Lamentablemente, la decisión de hoy no restablece los servicios legales críticos para los menores, que quedaron interrumpidos desde el 31 de julio", dijo López. "Esperamos la actualización del gobierno sobre los pasos que está tomando para garantizar que los menores no acompañados reciban los servicios a los que tienen derecho legalmente".

en una actualización, que otorgó esta semana un contrato de emergencia por $20 millones de dólares a la organización sin fines de lucro Committee for Refugee and Immigrants, la cual comenzó a brindar servicios el miércoles. El contrato incluye servicios de representación ante la corte de inmigración, así como orientaciones y consultas legales, al menos hasta diciembre.

En una presentación por separado el jueves, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados informó a la corte, ndo abogados en alrededor de 20 cortes de inmigración en todo el país, señala la presentación.

El gobierno dijo que también está cerca de otorgar los contratos para la representación legal de largo plazo, pero afirma que no puede divulgar públicamente la información porque las negociaciones siguen en curso.

The Associated Press reportó el miércoles que la administración Trump otorgó esta semana un contrato por $150 millones de dólares —un acuerdo de "fuente única" que no requirió licitación competitiva— a Burke Law Group, un despacho con sede en Houston y vínculos con el presidente. La ORR, en su actualización a la corte, menciona al despacho Burke, y señala que cuenta con una "sólida presencia geográfica en Texas". El despacho no parece contar con ninguna oficina en El Paso.

Una de las fundadoras del despacho, Marcella Burke, es una exfuncionaria designada por Trump en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y en el Departamento del Interior. Un exempleado y socio fundador, Jeffrey Hall, fue designado y confirmado para ocupar un cargo en la EPA a finales del año pasado, reportó ABC News esta semana.

El contrato de un año para representar a menores actualmente bajo el cuidado de albergues administrados por el gobierno entra en vigor el 15 de agosto. Alrededor de 1,800 menores viven en albergues, y unos 22,000 viven con familiares u otros patrocinadores.

La orden de la jueza Martínez-Olguín se da después de una audiencia realizada el jueves, sobre una moción del Amica Center for Immigrant Rights y otras organizaciones que solicitaban a la jueza hacer cumplir una orden judicial preliminar que ella misma emitió en abril, la cual exige al gobierno continuar financiando la representación legal de menores migrantes no acompañados.

Adina Appelbaum, directora de programa del Amica Center, dijo en un comunicado que las organizaciones sin fines de lucro han estado cargando con el peso financiero de la negativa del gobierno a liberar los fondos.

"Cada pago retenido pone en riesgo el acceso de un menor a la representación legal, al debido proceso y a la seguridad", dijo Appelbaum. "Cuando el financiamiento se convierte en un arma, son los niños inmigrantes quienes quedan solos ante la corte, enfrentando decisiones que les cambiarán la vida sin un defensor a su lado".

El gobierno, en documentos judiciales, citó una auditoría que, según alegó, encontró inconsistencias en las facturas presentadas por los grupos, incluidos documentos duplicados, recibos faltantes, cargos aplicados a las partidas incorrectas, y la imposibilidad de determinar si el trabajo facturado correspondía a menores elegibles. También argumentó que parte de la facturación correspondía a menores que ya habían sido deportados.

Las organizaciones, por su parte, argumentaron que el gobierno está generando discrepancias engañosas, al señalar en documentos judiciales que muchos menores reciben servicios antes de que se presente un aviso de comparecencia, y que algunos menores reciben representación legal después de haber salido de Estados Unidos, muestran documentos judiciales. Ese trabajo incluye asistencia legal para tramitar visas U para víctimas de delitos o abuso que ayudan a las autoridades gubernamentales a investigar o procesar delitos, de acuerdo con registros judiciales.

Durante casi dos décadas, bajo distintas administraciones, el Congreso ha asignado fondos para los menores migrantes conforme a la Ley de Reautorización para la Protección de Víctimas de Trata de Personas, que les otorga protecciones físicas y legales.

En su orden, la jueza señala que el argumento del gobierno sobre el contrato de servicios con Acacia "refleja otro intento más de transformar este caso, presentado bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, en un caso contractual. La corte ha rechazado ese intento en múltiples ocasiones".

También reprendió al gobierno, al decir que estaba intentando usar "una disputa contractual como escudo para su incumplimiento de los términos de la orden judicial preliminar", y que "imponer condiciones adicionales para la emisión de pagos en esta etapa sería una manera de eludir la orden judicial, algo que la corte debe rechazar".