Socorro— Con pancartas que leían “ICE Out” y “ICE Fuera”, y un recinto municipal completamente abarrotado, residentes de Socorro se sumaron esta semana al creciente movimiento regional y nacional que exige frenar la expansión de centros de detención migratoria y retirar a agentes de inmigración de las calles.
En una sesión especial celebrada el 11 de febrero, el Ayuntamiento aprobó una moción para instruir al personal municipal a investigar mecanismos legales que permitan bloquear la instalación de un nuevo centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de los límites de la ciudad.
La decisión se da en medio de un clima de indignación nacional por operativos que, según denunciaron asistentes, han vulnerado derechos constitucionales y derivado en hechos trágicos, incluida la muerte de al menos dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante acciones federales recientes.
El alcalde Rudy Cruz Jr. fue claro durante la sesión pública: “Mi ayuntamiento ha solicitado a nuestro personal que explore y redacte una ordenanza que prohíba completamente este tipo de instalaciones en nuestra ciudad”. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por los casi cien residentes que llenaron el pequeño salón municipal.
El proyecto contempla la reconversión de tres enormes almacenes en la Avenida Eastwind –cerca del límite con Clint– en un complejo con capacidad proyectada para albergar hasta 8,500 personas. La propiedad fue adquirida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por 123 millones de dólares como parte de un plan nacional para ampliar la infraestructura de detención.
Cruz advirtió que un centro de esa magnitud presionaría severamente la infraestructura local. “Tenemos familias que llevan más de 40 años esperando servicios básicos. No es justo que una entidad privada llegue y obtenga acceso inmediato a agua, electricidad y alcantarillado cuando nuestros propios residentes siguen esperando”, señaló.
Durante casi dos horas de comentarios públicos, vecinos expresaron temor, enojo y frustración. “Nos preocupa lo que está pasando en todo el país. No queremos que aquí se repitan historias de abusos o negligencia”, expresó María Hernández, residente del sector Este de la ciudad. “Ya hemos visto lo que ocurre cuando no hay supervisión adecuada”.
José Luis Martínez, padre de familia, señaló que la comunidad teme un impacto negativo en la seguridad y en la calidad de vida. “Socorro es una ciudad tranquila. No estamos en contra de la ley, pero sí estamos en contra de que se violen derechos y que nuestra ciudad cargue con las consecuencias”.
Por su parte, Ana Rodríguez, quien acudió con sus hijos a la reunión, afirmó que el tema va más allá de la política. “Se trata de humanidad. Hemos escuchado de malas condiciones en otros centros. No queremos que aquí se construya algo que pueda poner en riesgo a personas vulnerables”.
El debate local ocurre en un contexto más amplio. A nivel nacional, el Gobierno federal ha destinado 45 mil millones de dólares para expandir la capacidad de detención migratoria, con planes de abrir al menos 23 nuevos centros que sumarían más de 80 mil camas adicionales en todo el país, incluyendo instalaciones en distintas ciudades de Texas.
Actualmente, más de 70 mil personas se encuentran detenidas en centros de ICE en Estados Unidos. En El Paso, el Camp East Montana –ubicado en terrenos de Fort Bliss– alberga a más de 3,100 migrantes. Organizaciones civiles han denunciado condiciones precarias en esa instalación, donde se reportan hacinamiento y deficiencias médicas. Tres migrantes han fallecido desde su apertura, lo que ha incrementado la preocupación comunitaria.
Funcionarios del Condado y representantes federales también han manifestado su rechazo a nuevas instalaciones en la región, citando falta de transparencia y preocupación por el impacto social.
La congresista Verónica Escobar ha expresado públicamente su oposición a nuevas instalaciones en el condado, al igual que comisionados locales que han solicitado estudios de impacto. Sin embargo, las facultades regulatorias del Condado son limitadas debido a la legislación estatal.
En Socorro, la sesión especial cerró sin voces a favor del proyecto. Funcionarios electos reiteraron que continuarán explorando todas las herramientas legales disponibles. “No se trata sólo de infraestructura, se trata de dignidad humana y de respetar las garantías individuales”, expresó uno de los concejales.
Para muchos residentes, la movilización es parte de un movimiento más amplio que se replica en ciudades como El Paso y otras del país, donde comunidades enteras han salido a las calles para exigir transparencia, respeto a los derechos constitucionales y un alto a lo que consideran abusos en nombre de la aplicación de leyes migratorias.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional avanza con sus planes, en Socorro la comunidad dejó claro que continuará organizándose y participando activamente en el proceso. “Hoy demostramos que nuestra voz cuenta”, dijo Hernández al salir del recinto. “Y no vamos a quedarnos callados”.
Antecedentes de la movilización regional
A finales de enero y principios de febrero, la Corte de Comisionados del Condado celebró sesiones públicas en las que más de 200 residentes se registraron para expresar su oposición a la apertura de nuevas instalaciones.
Durante esas reuniones, líderes comunitarios y defensores de derechos civiles citaron preocupaciones sobre transparencia, condiciones de detención y el impacto social y económico en la zona fronteriza.
Como resultado, la Corte de Comisionados aprobó el envío de cartas dirigidas a representantes estatales y federales, solicitando información detallada sobre los planes del Departamento de Seguridad Nacional y pidiendo un análisis formal del impacto que tendrían nuevos centros en infraestructura, servicios públicos y seguridad.
Por su parte, el Cabildo de El Paso también manifestó su rechazo a que terrenos municipales sean utilizados para fines de detención migratoria. Funcionarios locales señalaron que la comunidad merece procesos transparentes y participación ciudadana antes de que se autoricen proyectos de gran escala.
El debate tomó mayor fuerza tras la apertura del Camp East Montana, ubicado en terrenos del puesto militar Fort Bliss. Organizaciones civiles han denunciado condiciones precarias y falta de supervisión en esa instalación. Las autoridades locales han señalado que, al encontrarse en propiedad federal, las facultades regulatorias municipales y del Condado son limitadas.
Aun así, tanto la Ciudad como el Condado han reiterado su intención de utilizar todas las herramientas legales y administrativas disponibles para frenar nuevos desarrollos de este tipo dentro de su jurisdicción. Funcionarios electos han insistido en que la prioridad es proteger la infraestructura local, garantizar condiciones dignas y atender el sentir mayoritario de la comunidad.
